En recientes declaraciones el presidente Kirchner sostuvo que la agenda del próximo gobierno debe contemplar la "profundización de la salud pública", lo cual tiene que incluir la "recuperación" de los hospitales del Estado. ¿Doble discurso o cinismo puro?
En el territorio bonaerense funcionan 77 hospitales, en los que se producen anualmente 450 mil egresos y 15 millones de consultas. Los hospitales públicos y centros de salud se han visto desbordados por una demanda que supera la media histórica.
Pero lo que no se dice es que estos centros sanitarios funcionan exclusivamente sobre el sacrificio de sus trabajadores, que han duplicado su trabajo a pesar de que su salario se encuentra profundamente devaluado. Las millones de consultas son realizadas con un plantel de 15.400 profesionales, de los cuales 11.000 son médicos, más 23.000 auxiliares, enfermeros y administrativos.
La salud pública se encuentra en crisis como consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas desde la década del ‘90, y continuadas y profundizadas por Solá y Kirchner en nuestros días, con la Ley Federal de salud y el Plan Remediar.
La falta de personal, ocasionada por más de 10 años de congelamiento en los nombramientos, pretende ser paliada por el ministro Mate y Solá con múltiples formas de trabajo precario. Becas, pasantías, concurrencias, reemplazo de guardias, etc. son las formas a las que recurre el Estado-patrón, para el 40% de los trabajadores de la salud. Los ingresos anunciados por Solá con bombos y platillos, no han sido otra cosa que la instalación de becas de superexplotación y con salarios por debajo de la línea de pobreza.
Esta situación, sumada a la falta de insumos y recursos, la falta de mantenimiento edilicio que lleva a la clausura de salas, el arancelamiento de servicios, la tercerización de sectores y los paupérrimos salarios, configuran la bancarrota en la que se encuentra el sistema público de salud en nuestro país.
El gasto público destinado a salud en la provincia es actualmente un 7,4% sobre el total del presupuesto. Un 2,6% menos de lo que se gastaba hace 13 años, bajo el reinado del duhaldismo/menemismo.
Los gobiernos de Kirchner y Solá cuidan bien los intereses del sector al que representan. Así, acordaron con las prepagas un aumento del 22% y la implementación de los copagos. Y con las cámaras empresariales de clínicas y sanatorios privados, la refinanciación de deudas impositivas y previsionales, mientras mantienen el desfinanciamiento de la salud pública y salarios de hambre para el conjunto de los trabajadores de la salud, públicos y privados.
El alto acatamiento que registran los paros que vienen desarrollando los profesionales nucleados en CICOP es una muestra del repudio mayoritario de los trabajadores del sector a las políticas gubernamentales. Es necesario romper la división impuesta a los trabajadores y exigir a las conducciones gremiales un plan de lucha unificado, con un pliego único de reclamos votado en asambleas comunes de profesionales, enfermeros, administrativos, y de servicios, que comience exigiendo el inmediato aumento del presupuesto para salud, un salario igual a la canasta familiar de $2.400 para cada trabajador, el nombramiento de personal, el pase a planta permanente de los precarizados y la reestatización de los servicios tercerizados.

Es necesario luchar para imponer con la movilización, un plan único de salud, bajo control de los trabajadores y usuarios, que comience con directorios de trabajadores en cada hospital y dependencia sanitaria, elegidos democráticamente; que incorpore a todas las obras sociales (prepagas, sindicales y estatales), que han sido históricamente la caja de empresarios, gobernadores y dirigentes sindicales, y ponga sus recursos al servicio de un plan único y racional. Que tenga como estrategia la Atención Primaria de la Salud1, y que pelee por la producción estatal y bajo control de los trabajadores de los medicamentos esenciales –desarrollando y multiplicando los laboratorios del Estado– y por la expropiación sin pago ni indemnización de la industria farmacéutica, para ponerla a producir bajo control de sus trabajadores. Todo sanatorio privado que cierre o despida deberá ser estatizado e incorporado, bajo control de sus trabajadores, al plan nacional de salud.
Sólo una política antiimperialista que rompa con el FMI, el Banco Mundial y las multinacionales, y utilice racionalmente la tecnología y la ciencia poniendo al servicio de la sociedad los medios de producción, terminará con las tremendas calamidades que hoy azotan al hombre, y garantizará una salud igualitaria y de excelencia para todos.

1 La A.P.S. se basa fundamentalmente en una política preventiva de salud. Mientras que en nuestro país lo que existe es el "primer nivel de atención de la enfermedad" que el gobierno quiere presentar como atención primaria. Este tema será desarrollado en próximos números de LVO.