Este viernes 30, a partir de las 20 hs., quedará totalmente cortada la estratégica Av. 9 de Julio y otras importantes vías de la Ciudad de Buenos Aires porque el sábado y domingo siguientes se correrá una carrera de TC 2000. El gran entorpecimiento del atiborrado tránsito porteño ya había comenzado diez días antes con reducción de varios carriles en aquella avenida sindicada como la más ancha del mundo, la Diagonal Norte y la Av. de Mayo, habida cuenta las obras para preparar el terreno para el espectáculo fierrero que costaron la friolera de 18 millones de pesos.

Desde el punto de vista de la legalidad burguesa imperante, los responsables de tamaño ‘caos de tránsito’ podrían ser pasibles de ser tratados como delincuentes por violar el artículo 194 del Código Penal. Dicho artículo criminaliza a quien “impidiere, estorbare o entorpeciese el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire (…) será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. Pero claro, no vamos a ser ingenuos. Sabemos que este impedimento, estorbo y entorpecimiento de los colectivos, autos y camiones por el centro de la Ciudad Capital no llevará a procesos penales a los funcionarios que lo promueven y a los legisladores que lo aprobaron. Es que estos cortes son bien ‘pro’. Y un negocio multimillonario para el grupo Clarín y sus socios Carburando y TyC Sports y todas las empresas nacionales y multinacionales auspiciantes del evento.

¿Igualdad ante la Ley? ¡Ja!

En este punto el kirchnerismo no jode ni al macrismo ni a “La Corpo” de Clarín. Pero sí a los que salen a luchar. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py a raíz de las declaraciones de la Ministra Garré del 16 de marzo acusando de “extorsionadores” a militantes y dirigentes sociales y políticos -entre ellos nuestro compañero Christian Castillo- luego de una manifestación de trabajadores desocupados del programa Argentina Trabaja que reclamaban un aumento salarial y contra el clientelismo. En el juzgado de la Dra. Servini de Cubría, a partir de esta denuncia, se está investigando la posible comisión de delito previsto... en el artículo 194 del Código Penal.

Javier “Poke” Hermosilla, referente de la Interna de Kraft, tiene sobre sus espaldas nueve causas penales por la aplicación de ese artículo 194, y se le llegó a ordenar un embargo sobre sus inexistentes bienes por 190 mil pesos. La mayoría de los miembros de esa Interna combativa está en su misma situación, al igual que los compañeros de la Interna de PepsiCo como Leonardo Norniella y Catalina Balaguer. Todos por manifestarse en la Panamericana. Los compañeros de la Juventud del PTS Jesica Calcagno, Juan Oribe y Patricio del Corro fueron imputados por una jueza porteña por el mismo “delito”, por haberse manifestado en Corrientes y Callao en solidaridad con la lucha de Kraft de 2009. La mayoría de los 5.000 luchadores a los que les pesan causas penales por luchar, están imputados por este artículo 194, sancionado en 1968 por el dictador Onganía.

Si se cortan las avenidas para enriquecer aún más a un grupo de empresas monopólicas, es ‘pro’ y aceptado por el kirchnerismo. Si se cortan para luchar contra los despidos o por un salario que alcance para lo indispensable, leña.
La igualdad ante la Ley en el capitalismo es una formalidad, ya que en la realidad existe por un lado una minoría de ricos que detentan los medios de producción y distribución, incluyendo la “industria” del espectáculo, y por el otro una mayoría de quienes sólo tienen su fuerza de trabajo para vender. Esa brutal desigualdad real también se traslada al plano jurídico y penal. Como decía el escritor George Orwell en su “Rebelión en la Granja”, “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. Esa es la norma en la democracia capitalista.

En el marco de un gobierno que muestra cada vez más su verdadero rostro, pasa a ser crucial la lucha por la derogación del artículo 194 y el cese inmediato de las causas penales a los luchadores de todo el país.