Leticia Celli
Candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda

Como abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y candidata a diputada del PTS en el Frente de Izquierda, vengo denunciado en esta campaña electoral lo que no hace ni Juez, ni Mondino, ni los radicales, ni los K: que en Córdoba reina la impunidad.

La Córdoba en la que a menos de un año de haberse condenado a Menéndez, uno de los genocidas más sanguinarios de la Argentina, que se tardó más de 32 años juzgarlo, se le otorga el beneficio de ir cómodamente a su casa “custodiado” por su esposa. Mientras, a los jóvenes pobres de los barrios la Policía los persigue permanentemente, impidiéndoles entrar al centro de la ciudad, mientras en la Argentina se está discutiendo bajar la edad de imputabilidad.

No es casualidad que esto ocurra en la Argentina de los K: donde mucha demagogia se ha hecho respecto de los Derechos Humanos, pero a más de 6 años de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final sólo se ha condenado a 43 represores, sólo hay unos 300 procesados, y menos de un tercio de ellos están en cárcel común. Ello es consecuencia de una política estatal de una nueva impunidad que implica condenar sólo a un par de represores –y encima darles el privilegio de que vayan a su mansión– para dejar al resto absolutamente impunes.

Si no... ¿cómo se explica que se sigan realizando estos juicios de manera totalmente desmembrada y parcializada, donde se juzga sólo a un par de genocidas por un pocos compañeros? ¿Por qué se los juzga por hechos aislados y no por lo que realmente hicieron: un genocidio? ¿Por qué el Estado no ha abierto aún los archivos? ¿Cómo se explica que más de 400 hijos de desaparecidos sigan sin recuperar su identidad? ¿Por qué no se han anulado aún los indultos?

El otorgamiento de la prisión domiciliaria a Menéndez es un retroceso y un peligro enorme para quienes seguimos luchando por terminar con la impunidad, para los testigos, más en el marco de que hace más de 32 meses está desaparecido Jorge J. López –quien fuera testigo clave en el juicio contra Etchecolatz– y no se sabe nada de él.

Resulta imprescindible seguir movilizándonos para terminar con la impunidad: que Menéndez y todos los genocidas vayan a la cárcel común, perpetua y efectiva por lo que realmente hicieron: un genocidio.

© La Voz del Interior