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Chile | Basta de represión y criminalización al pueblo Mapuche

El gobierno de Piñera aprovecha los incendios forestales para criminalizar a la comunidad mapuche, culpándola de los hechos que ya se cobraron la vida de siete brigadistas, mientras defiende los intereses de las verdaderas responsables, las corporaciones forestales multinacionales.

Virginia Peña - PTR-CcC

13 de enero 2012

Mientras escribimos este artículo, el ensordecedor ruido de los helicópteros que sobrevuelan la ciudad de Temuco (región de La Araucanía) con destino a comunidades mapuche cercanas para aplicar allanamientos, detenciones, aterrorizar a sus niños y niñas y amedrentar a sus luchadores, evidencian el clima que han creado en la región las declaraciones del gobierno derechista de Piñera, criminalizando a las organizaciones mapuche como causantes de los incendios forestales que se llevaron la vida de siete jóvenes brigadistas, a pocos días del nuevo aniversario del crimen del joven luchador Matías Catrileo, asesinado por la espalda por un carabinero (ahora en libertad) el 4 de enero de 2008.

La caída de la popularidad del gobierno de Sebastián Piñera, las tensiones y cuestionamientos al régimen político heredado de la dictadura pinochetista y el desigual “modelo” neoliberal con su educación de mercado, con un sistema de salud para ricos y pobres, con la colusión de grandes empresas contra los intereses del pueblo trabajador; mantienen un clima de tensión social permanente tras el proceso de lucha abierto por el movimiento estudiantil el año pasado.

El gobierno de la derecha no para de dar zarpazos y atacar y provocar a los trabajadores y el pueblo. Mientras impulsan en el Congreso la llamada “Ley Antitomas”, promovida por el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter contra las tomas de colegios, universidades, calles, etc.; buscando criminalizar más aún las protestas sociales en Chile, estalló una nueva polémica ante el provocador hecho de querer cambiar en los textos escolares la palabra “dictadura” por “régimen militar”, buscando borrar de la memoria histórica las atrocidades de la dictadura pinochetista. A esto se suma que los alcaldes de la derechista UDI niegan la matrícula en los colegios a estudiantes que participaron de las tomas, y que el alcalde del Partido de Gobierno, el RN Pedro Sabat, señaló que la toma de un colegio de mujeres era un "puterío".

Tras la tragedia, criminalizan a los mapuches
En este clima es que se producen varios incendios forestales de magnitud en el sur de Chile, en los que murieron dos pobladores cerca de Concepción y siete brigadistas forestales en La Araucanía.
Diez trabajadores forestales, que eran parte de la cuadrilla de combate de incendios “Santa Julia”, de la empresa “Gerardo Cerda” -subcontratista de la Forestal Mininco- fueron acorralados por un incendio al producirse un cambio brusco de la dirección del viento, muriendo siete de ellos y quedando heridos los otros tres. Varios de los jóvenes muertos tenían entre 18 y 21 años y se habían hecho brigadistas para poder financiar sus estudios, dado que en Chile la educación no es gratuita. Jóvenes provenientes de familias trabajadoras y pobres de zonas con alta desocupación.
Los incendios se producen en predios de las grandes forestales ubicadas en territorio mapuche, cuya conflictividad se viene dando desde los años ’90.

Frente a los incendios el Gobierno, a través del mismo Piñera, Hinzpeter y autoridades regionales, salió a plantear que los incendios habrían sido provocados por “manos criminales”, señalando a las organizaciones mapuche, especialmente la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), indicando que era un hecho de carácter “terrorista” y planteando la aplicación de la Ley Antiterrorista que data de la dictadura de Pinochet.

Este es un nuevo ataque contra la lucha del pueblo mapuche, que ha enfrentado desde los años ’90 el avance de las forestales sobre su territorio histórico, las que depredan el medioambiente y enfrentan a las comunidades con un saldo de cuatro jóvenes mapuche muertos y decenas de presos políticos mapuche, amedrentamiento constante a las comunidades, militarización de varias zonas y represión constante y brutal.

La Ley Antiterrorista es para reprimir a los que luchan
Las declaraciones del gobierno abrieron un nuevo incendio, esta vez político. La CAM negó su responsabilidad en los hechos; se han allanado y reprimido varias comunidades tras los hechos (200 efectivos de fuerzas especiales de Carabineros allanaron la comunidad Cacique José Guiñon, del sector San Ramón en la Comuna de Ercilla -La Araucanía- con dos heridos y una mujer embarazada hospitalizada por los efectos de las bombas lacrimógenas); fue incendiada una casa de uno de los dirigentes mapuche reconocido en la zona, Santos Millao; tras una protesta en Metrenco Carabineros golpeó e insultó a una mujer mapuche con un niño en brazos ante la mirada de otro menor de corta edad; los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol fueron allanados, y “cerca de 20 efectivos de Gendarmería y personal de civil no identificado procedieron a fotografiar, grabar y extraer documentación” (Mapuexpress)

El vocero de los presos políticos Mapuche y dirigente de la CAM, Héctor Llaitul, señaló desde la cárcel que "denunciamos que este montaje mediático obedece a una estrategia política que busca justificar ante la opinión pública la aplicación de la Ley Antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, al movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM”, y agregó que "advertimos que dicha estrategia busca consolidar la Ley Antiterrorista como herramienta válida para enfrentar también a los movimientos estudiantiles y sociales chilenos, anticipándose a un año en el que se vislumbran mayores movilizaciones y luchas" (Mapuexpress)

El gobierno busca avanzar en la criminalización de las luchas. Mientras por un lado busca endurecer las penas contra todo tipo de tomas, como respuesta a la lucha de los estudiantes, ahora busca avanzar en criminalizar al pueblo mapuche, queriendo dar un golpe contra las luchas que se viene dando y que tienen en jaque al “modelo” neoliberal y la democracia para ricos tutelada que existe en Chile, sostenida por la Concertación y la derecha desde el retorno de la “democracia”.

Los verdaderos responsables son los patrones y el gobierno
Las empresas forestales que iniciaron la acusación sobre la intencionalidad de los incendios pertenecen a los grandes grupos económicos Matte (Forestal Mininco, que en 2010 tenían una fortuna de U$S8.100 millones) y Angelini (Forestal Arauco, que en 1990 entró al ranking de los más ricos del mundo de la revista Forbes). Precisamente estas corporaciones poseen en conjunto un patrimonio de más de dos millones de hectáreas, en su gran mayoría plantados con monocultivos de pino radiata y eucaliptus. Estas plantaciones provocan el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad, además de las consecuencias sociales como la emigración y el empobrecimiento de la población, sumado a la vulneración de derechos laborales básicos de sus trabajadores. Y todo esto en territorio histórico mapuche, sin respetar los derechos de comunidades rurales e indígenas con quienes se han enfrentado reiteradamente y cuyos intereses defienden a rajatabla todos los gobiernos, ayer la Concertación y hoy la derecha.
Recordemos que gracias al Decreto n°701 del año 1974, durante la Dictadura Militar, se otorgaron beneficios con arcas fiscales a estos grupos económicos imponiendo bajo subsidios un oligopolio en la industria forestal. Sólo el 2010 estas empresas obtuvieron en conjunto un total de U$S1.300 millones.

Las acusaciones de incendios terroristas ocultan las paupérrimas condiciones de trabajo de los brigadistas forestales, denunciadas por la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile (CTF). En un comunicado público señala que “queremos manifestar enérgicamente nuestro repudio por las muertes de estos brigadistas, que deben laborar en precarias condiciones, sometidos a una sobreexplotación inhumana, ya que con muy bajas dotaciones de personal deben vigilar y controlar los amagos de incendio que se producen en miles de hectáreas de plantaciones de pino y eucaliptus (…) Esta tragedia también es producto de la nula organización de los Brigadistas Forestales, pues no hemos logrado organizarlos en Sindicatos, ya que son contratados en forma temporal y se les prohíbe formar Sindicato”; sumado a los pocos recursos asignados a las instituciones encargadas de la protección de los bosques y negligencia de las empresas forestales frente a los incendios enfrentados con lentitud y poco equipamiento.

Por otro lado las versiones oficiales y de la empresa forestal “contrastan con las del comandante del Cuerpo de Bomberos de Carahue, que ha señalado la hipótesis de la extensión involuntaria de las llamas a partir de las faenas de fabricación de carbón que se realizan en las inmediaciones del Fundo Los Laureles, y que las llamas se habían iniciado el sábado anterior en el fundo Los Laureles, deduciéndose de sus declaraciones que éstas se habrían extendido en los días siguientes hasta el Fundo La Piedra, lugar de la tragedia” (Mapuexpress)

Desde el PTR repudiamos las declaraciones de Piñera y Hinzpeter y denunciamos el nuevo intento de criminalización de las luchas. Nos solidarizamos con las familias de los jóvenes brigadistas muertos por las pésimas e inseguras condiciones de trabajo.


¡Basta de criminalización de las luchas del pueblo mapuche y contra los estudiantes y el pueblo trabajador!

¡Libertad a los presos políticos mapuche!

¡Basta de amedrentamientos, allanamientos y militarización de las comunidades!

¡Retiro de la "ley antitomas"!

12-01-2012

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