El 30 de diciembre dos personas ingresaron violentamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, llevándose varios legajos y la computadora portátil de la titular del lugar, Sara Cobacho, con expedientes de represores de la dictadura.

Está claro que no se trata de un simple robo, sino que, como planteó el comunicado de Justicia YA, esto “fue posible porque no fue desarmado el sistema represivo que viene desde la dictadura, donde muchos de los que fueron represores en los ’70 (cerca de 9 mil efectivos), continúan trabajando o teniendo vínculos con la Bonaerense. El Ministerio de Seguridad se limita sólo en algunos casos a poner en disponibilidad o exonerar policías, dejándolos libres, sin enjuiciarlos ni investigar las redes mafiosas que hay dentro de la misma fuerza.” (…) “Tampoco hubieran ocurrido las desapariciones de Jorge Julio López (de la que se cumplen 40 meses el próximo 18 de enero) y la del adolescente Luciano Arruga hace un año; ya que en ambas causas hay elementos que prueban la participación de la policía. Y para cerrar el año 2009, la Gobernación provincial, lejos de eliminar esas mafias que el propio Gobernador denunció, propone dar más poder a la Bonaerense, más persecución y represión, a través de la reforma y sanción del Código Contravencional, dando piedra libre a la Policía para detener, sancionar y reprimir bajo argumentos como ‘averiguación de antecedentes’, ‘vagabundeo’, ‘mendicidad’, criminalizando la pobreza y la protesta, persiguiendo a las organizaciones sociales una vez más, pero bajo el amparo de una nueva ley, que por ahora se pudo frenar gracias al reclamo popular.”

Es necesario profundizar la lucha por la disolución de la policía y de todas las fuerzas represivas.