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Partido de los Trabajadores Socialistas
    Buenos Aires   |  27 de marzo de 2024
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REDES DE TRATA Y PROSTITUCIÓN
Telarañas de impunidad
24 Apr 2008 |

Ese día, Marita tenía turno con el médico. Con sólo veintitrés años ya tenía una hija y había decidido, junto con su marido, no tener otros chicos por el momento, por eso iba a consultar al ginecológo sobre métodos anticonceptivos. Era el 3 de abril de 2002. Ya se cumplieron seis años de aquel día en el que María de los ˜ángeles Verón salió de la casa de su madre rumbo al consultorio y nadie supo más nada de ella. La joven tucumana desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro.

“Me dijo ‘quedáte tranquila que enseguida vuelvo’, y se fue ligerito. Yo me quedé en el porsche, mirándola, sin saber que no volvería a verla nunca más”, relata su madre Susana Trimarco quien –desde ese momento- no para de investigar aquello que la policía no investiga o calla y oculta porque también es partícipe. Así fue que Susana descubrió la existencia de una red de tráfico de mujeres en la región del noroeste argentino, con centro en la provincia de La Rioja, que secuestra a jóvenes y adolescentes para explotarlas sexualmente, venderlas y obligarlas a prostituirse, drogarse y soportar todo tipo de torturas y vejámenes.

Lo que le sucedió a Marita Verón, lamentablemente, no es un hecho inusual y aislado: cada año, en el mundo, cuatro millones de mujeres y dos millones de niñas son vendidas para su prostitución, como esclavas o en supuestos “matrimonios”, atravesando fronteras y llenando los bolsillos de los proxenetas con suculentas ganancias que rondan los 32 mil millones de dólares anuales. ¡El tercer puesto en el ránking de negocios tan “productivos” como la venta de armas y el tráfico de drogas! Suficiente dinero para comprar el silencio –cuando no la complicidad y participación societaria- de jueces, policías, gobernadores y funcionarios. Un verdadero comercio con rostro de mujer –donde las más pobres y las migrantes son las más vulnerables- que exige que a las jóvenes secuestradas se les quite el documento, se les corte la comunicación con el mundo exterior y se las torture física y psicológicamente hasta que no les queden fuerzas para intentar escapar.

IntermeDiarios

El diario El País de España recauda trece mil euros al día, por la publicación de avisos clasificados relacionados con la “industria del sexo”. ¿Cuál será la ganancia de Clarín con su famoso Rubro 59 que, en los últimos años, llegó a contar en sus columnas con más de trescientos avisos clasificados por día? Pero los medios de comunicación no sólo sirven para la promoción de la prostitución y la oferta de variados “servicios”. En los clasificados también suelen encontrarse avisos pidiendo jóvenes de buena presencia para trabajar en empresas inexistentes, a quienes se recluta con promesas de buenos salarios en zonas alejadas o, incluso, en otros países.

Los medios también cumplen otro papel en esta tragedia que afecta a miles de mujeres en el mundo: son los que, apenas se da a conocer la noticia de la desaparición de una joven, establecen sus propias y prejuiciosas hipótesis, cubriendo a la víctima con un manto de dudas. Lilén, amiga de la estudiante Florencia Pennacchi, desaparecida desde hace casi tres años nos cuenta: “Enseguida te preguntan si tenía novio y cómo se llevaba con la familia, pero a Flor le había pasado algo seguro y lo último que había que hacer era dudar de ella. Los medios, la policía y el prejuicio social actúan funcionalmente condenando, culpabilizando e invisibilizando a la víctima, quitándole el derecho de recuperar su identidad. De esta manera enseguida prende el ‘por algo será’, ‘ella se lo buscó’ y de esta forma nos libramos del tema.”

“Hacer desaparecer es terriblemente fácil”

Florencia es neuquina, pero había venido a vivir a la Capital, donde trabajaba y estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. El 15 de marzo de 2005 fue la última vez que la vieron sus compañeras de trabajo, cuando cenaron en su departamento, de donde Florencia salió sólo con su teléfono celular, pero dejando los documentos y tarjetas de crédito. Al día siguiente, llamó a la oficina para avisar que no iba porque se sentía mal y ése fue el último contacto que se tuvo con ella.

Su foto recorrió miles de lugares, el Estado ofreció cien mil pesos de recompensa por algún dato fehaciente sobre su paradero y, sin embargo, nada se sabe hasta ahora. Como en otros casos, la familia y las amigas de Florencia denuncian que la justicia y la policía no investigan. Su hermano dice que “hacer desaparecer una persona y borrar su existencia es terriblemente fácil en este país” y tiene razón, como lo demuestran los miles de desaparecidos que dejó la dictadura militar, mientras el 95% de los genocidas sigue impune, pero también el más reciente caso de Julio López –testigo en las causas contra esos genocidas, que desapareció después de dar su testimonio-, del que aún tampoco se sabe nada bajo el gobierno que se reclama “de los derechos humanos”. Si se puede secuestrar a un ex – desaparecido que está testificando en un juicio que todo el país mira por televisión, sin que el gobierno haga nada, uno puede imaginarse el manto de impunidad que cubre a miles de policías implicados cotidianamente no sólo en la trata y explotación sexual de mujeres y niñas, sino también en el tráfico de drogas, en los asaltos y secuestros extorsivos, en el juego clandestino, los desarmaderos de autos…

La amiga de Florencia sabe que lo de la policía y la justicia no es “ineficiencia”, sino más bien un proceder habitual para estos casos. “La policía actúa confundiendo, perdiendo tiempo, ocultando pistas. La causa tiene hoy doce cuerpos, setenta centímetros de papeles: tres años de basura. La causa está parada y el fiscal, Marcelo Retes, que es el encargado de investigar y ordenar a la policía que actúe, es el principal encubridor. Hay una perversa red de impunidad garantizada dentro de las fuerzas de seguridad. Los empresarios, igual que funcionarios políticos, pagan favores con chicas y son los principales consumidores. Las chicas son transportadas y hasta ingresadas al país sin que la gendarmería se dé por enterada. La policía y el poder judicial encubren las primeras pistas y entorpecen las investigaciones, y los políticos les garantizan la impunidad y todos se reparten las ganancias.”

Juez y parte

Para demostrarlo, basta con la historia de Sandra Amaya que logró escapar de las violaciones y las torturas a las que era sometida por Jorge Luis González, un ex agente de la Policía Federal. Encadenada y sin recibir alimentos durante varios días como “castigo”, Sandra adelgazó tanto que, en determinado momento, las esposas que la mantenían cautiva resultaron holgadas para sus debilitadas muñecas. Librada de sus cadenas, huyó y denunció al proxeneta uniformado que, finalmente, fue condenado a catorce años de prisión por tenencia ilegal de armas de guerra, facilitación y promoción de la prostitución, privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre.

Y en ese crimen organizado que actúa también a nivel internacional, de vez en cuando aparecen nombres como el del argentino Raúl Martins Coggiola que maneja una red de prostitución de mujeres, niñas y niños en México, pero que, cuando fue acusado por este motivo, ya contaba con un frondoso currículum: en 1974 había ingresado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) donde, bajo el seudónimo de Aristóbulo Manghi, este siniestro personaje actuaba como informante de las fuerzas armadas.

Con la protección de la entonces presidenta Isabel Perón y del ministro José López Rega, fue uno de los fundadores de la Triple A que asesinó a decenas de activistas y luchadores antes del golpe de Estado de 1976. Bajo el amparo de la impunidad con que siguen beneficiándose aquellos asesinos, Martins Coggiola recibió una pensión de la SIDE por los servicios prestados y se involucró en el negocio prostibulario, por lo que fue investigado en los ’90. En el 2002, se escapó del país y las causas en su contra fueron cerradas, a pesar de haberse demostrado el pago de coimas al juez Oyarbide para que lo protegiera.

Ya en México, rehizo su negocio gracias a las conexiones con el cártel de Tijuana y reconocidos pornógrafos que operan en internet. Sin embargo, a pesar de que todos estos antecedentes son conocidos, a pesar de que también pesa sobre su espalda la sospechosa muerte de su primera esposa, Martins Coggiola sigue operando sin inconvenientes su club de prostitución VIP en las playas de Cancún, donde mujeres argentinas, brasileñas, venezolanas y paraguayas son filmadas con “clientes” para extorsionar a estos últimos y obtener así más dividendos en este lucrativo negocio.

Pero Jorge Luis González o Martins Coggiola no son los únicos. Como sospecha la amiga de Florencia Pennacchi, los pocos casos que han sido develados muestran que si este negocio puede funcionar es por una larga cadena de complicidades que incluye a funcionarios públicos, políticos, abogados, jueces, policías y “mano de obra desocupada” de las fuerzas represivas.

En enero de 2006, se desbarataba una banda que trasladaba mujeres de República Dominicana hacia la Patagonia, donde llegaban con la promesa de trabajo y buenos salarios, pero eran esclavizadas y obligadas a prostituirse. La noticia se transformó en un escándalo político por la presunta implicancia de funcionarios municipales de Comodoro Rivadavia, ante lo cual el ministro de gobierno del Chubut atinó a declarar que “en estos hechos no hay que ser ingenuos, existen sectores del poder comprometidos. O la vista gorda de la justicia, de la policía, del gobierno provincial o municipal. Siempre hay algún estamento involucrado en no ejercitar un debido control.” Si usted lo dice…

Tirando del hilo

Hay que acabar con esta barbarie siniestra de las redes de trata y prostitución y para eso es necesario empezar por exigir que se vete la reciente ley promulgada por el Congreso (ver “Ley que maltrata”).

Junto con la persecución y el castigo efectivo a los proxenetas y todos los implicados en este aberrante negocio, hay que exigir la atención integral de las mujeres en situación de prostitución que incluya, además de asistencia jurídica, médica, psicológica y social, la posibilidad de otras opciones de vida con salarios equivalentes a la canasta familiar y el acceso gratuito a todos los niveles de educación que las mujeres requieran, además de vivienda.

¡Basta de que los medios de comunicación incluyan anuncios publicitarios y otras formas de difusión de la prostitución! En las imágenes de la prostitución que transmiten los medios, mientras se estigmatiza a las mujeres, se ocultan tanto las múltiples causas que la conducen a esa situación como a los proxenetas y los clientes sin los cuales no funcionaría este suculento negocio que deja grandes dividendos a los explotadores.

La hipocresía de la clase dominante no tiene límites: la presidenta Cristina Fernández dice que a las mujeres todo les cuesta el doble y que por eso es tan atacada por la oposición, pero durante su gobierno y el anterior de su marido, la trata y la explotación aumentaron increíblemente en Argentina, donde todos los días hay nuevos casos de jóvenes secuestradas y desaparecidas por las redes de prostitución, se descubren talleres clandestinos con familias migrantes trabajando en condiciones de esclavitud y el 54% de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de precarización. Y los “opositores” de la oligarquía no le van en zaga: mientras desabastecen a las ciudades para negociar mayor rentabilidad de sus negocios, mantienen la explotación casi esclava de los trabajadores rurales con una ley que viene de los tiempos de la dictadura militar, además de ser acérrimos defensores –como Carrió- de la jerarquía de la Iglesia que cobija a curas abusadores y genocidas como Von Wernich.

Quienes integramos la agrupación de mujeres Pan y Rosas, sabemos, sin embargo, que la causa central para que persista el delito de la trata de personas y la explotación sexual, como tantos otros, es la propia persistencia de una sociedad dividida en clases, como es el capitalismo, con su Estado y sus bandas mafiosas.

La sed de ganancias de los capitalistas es insaciable y por eso todos los espacios de la vida han sido mercantilizados. En este sistema, el “derecho” de los capitalistas a obtener ganancias está por encima de cualquier otro derecho y la explotación pretende ser ocultada bajo la palabra “libertad”. Sin embargo, Marx y Engels ya demostraron que bajo la explotación capitalista, para la mayoría de la humanidad la única libertad es la de elegir vender su fuerza de trabajo a los explotadores o hundirse en la miseria. ¿Cómo se puede hablar de la libertad de las mujeres en situación de prostitución en un mundo donde mil trescientos millones de personas viven con menos de un dólar por día, donde la desocupación entre las mujeres es mayor que entre los hombres y donde las que trabajan lo hacen en condiciones aberrantes de superexplotación y precariedad?

También hay quienes dicen que la prostitución no puede eliminarse porque existió siempre. Pero esto también es una falacia, porque la prostitución existe en la medida en que la sociedad se dividió en clases antagónicas. Fue el surgimiento del excedente en la producción de las comunidades primitivas y, consecuentemente, la existencia de la propiedad privada, lo que abrió las puertas a la explotación de las mayorías por parte de una minoría parasitaria y, al mismo tiempo, introdujo la opresión de las mujeres.

Pan y Rosas sostiene, por esta razón, que la lucha contra las redes de trata y prostitución que someten a miles de mujeres y niñas en el país y en el mundo no puede estar separada de la lucha por acabar con este régimen social y su Estado, es decir de la construcción de un nuevo orden, un estado de la clase trabajadora basado en los organismos de democracia directa de las masas, en el camino de una sociedad liberada definitivamente de todas las cadenas de explotación y opresión que hoy ciñen a la humanidad, pero aprisionan más fuertemente a las mujeres.

 

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