El intento del flamante intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, de aumentar casi un 35% el cospel del transporte urbano (su propuesta era llevarlo de $1.20 a $1.60) tuvo una derrota en el Consejo Deliberante de la ciudad el pasado 14 de febrero.

El resultado final de la votación fue de 16 votos en contra y 10 a favor del aumento. Los 16 votos fueron los el conjunto de la oposición, más una concejal oficialista (juecista)1, que dio vuelta su voto “a último momento” y abrió una crisis en la sesión del consejo, lo cuál impulsó la retirada del bloque juecista e hizo fracasar el proyecto.

Por lo menos por un año, el precio del cospel tiene que mantenerse como hasta hoy. Esto implica una derrota para un gobierno que había asumido con una importante base electoral, de más del 40% de los votos. Como tituló un editorialista de La Voz se trata de “Un derechazo al mentón”.

La sesión del consejo

La derrota del “cospelazo” de Giacomino es un triunfo para los trabajadores y el pueblo.

El intento del gobierno demostró dos cosas: por un lado que, como hizo Juez durante su gestión, Giacomino pensaba gobernar la ciudad garantizando las ganancias de los empresarios (en este caso de la FETAP 2) y por el otro que esta medida generaba una gran oposición social entre los trabajadores y el pueblo de la ciudad de Córdoba que, en su mayoría, apoyó al actual intendente en las últimas elecciones, como parte de una oposición política al delasotismo.

La “santa alianza” de Giacomino con la FETAP se mantiene inmutable ya que, ante el fracaso del “cospelazo”, el intendente dio órdenes de “redireccionar el presupuesto” y adelantaron que, como no podía ser de otra manera, recurrirían a despidos de trabajadores contratados para conseguir los fondos.3

El cambio de voto a último momento de la concejal Saravia, una dirigente social de origen popular que fue cooptada por el juecismo, tuvo que ver con esa gran oposición social a una medida tan antipopular como la que quería impulsar Giacomino.

Aunque existen rumores que señalan que Luis Juez habría estado detrás de la maniobra, para debilitar a su “aliado”, que estaba haciendo buenas migas con Schiaretti, el gobernador provincial (ambos se codearon amablemente con Cristina cuando hace pocos días, estuvo en Córdoba).
Esto no se puede descartar, no olvidemos que Saravia “a pesar de sus raíces” formó parte de un partido que aglutinó a empresarios explotadores como Bischoff, gerente de la Fiat por más de 40 años y cabeza de lista a legisladores en las elecciones provinciales por el Partido Nuevo.

El rol de la movilización

La movilización que se desarrolló durante la sesión, que incluyó episodios de represión y detenidos, fue la avanzada de una oposición social al cospelazo 4. Uno de los elementos que expresó ese rechazo social fue que, aunque no fue una movilización masiva, tuvieron que participar las agrupaciones que conforman “La Bisagra” 5, más que por la voluntad de sus dirigentes que no se caracterizaron en los últimos años por sus disposición a la lucha, por la bronca que esta medida generó en amplios sectores del movimiento estudiantil.

De esta manera, fue importante y clave movilizarse y enfrentar la represión. Por eso, el PTS estuvo a la cabeza de la movilización, junto a otras organizaciones, como los mostraron todos los medios de comunicación a nivel local y nacional, denunciando tanto a Giacomino como al gobierno provincial, así como también a la burocracia sindical que estuvo completamente ausente en esta lucha.

Crisis del juecismo e independencia política de los trabajadores

La estrategia de la izquierda, que puso el grueso de la movilización, no puede reducirse a la presión sobre legisladores o concejales como forma de evitar los ataques contra los trabajadores. El “círculo vicioso” de la política maoísta de luchar contra el “enemigo principal”, puede llevar a la confusión en la que entraron algunos de los participantes de la movilización, que fueron parte de la comisión que entró al Consejo, al aplaudir a rabiar a personajes como Chuit (UPC-PJ), “Ramoncito” Mestre (sí, el mismo hijo del difunto ex gobernador y Ministro de De la Rua) u Olga Ruitort, la ex de De la Sota e integrante de un ala díscola del PJ en la Capital.

Todos ellos votaron en contra, con el único objetivo de debilitar a Giacomino, no porque les interese “proteger el bolsillo popular”. Como denuncia La Voz del Interior, estos mismos políticos no tuvieron problemas en apoyar el aumento del transporte interurbano de enero y los futuros aumentos de servicios impulsados por su gobernador.

La necesidad de recuperar las organizaciones obreras de las manos de la burocracia sindical, se demostró más que nunca en estos días. Pues mientras no tomaban ninguna medida contra el cospelazo, que afectaba esencialmente el bolsillo de los trabajadores, el SEP (empleados públicos) acordaba un mísero 7.5% de aumento. Nebreda de la UEPC (docentes) se prepara para un acuerdo similar, sumando una entregada más a su ya larga lista.

En este gremio (UEPC), la izquierda tiene una gran responsabilidad. Primero, en unirse para evitar las traiciones y luchar por el salario y, en segundo lugar, prepararse organizativamente para pelear el gremio en Capital, donde la burocracia es odiada por gran parte de la base, en un año de renovación de las conducciones.

La bronca que se respiraba en la calle contra el cospelazo, imponía la necesidad de un paro y movilización para derrotarlo, lo que hubiese hecho el triunfo mucho más contundente. Las direcciones sindicales, impidieron una gran movilización obrera y popular que también debía apuntar contra el “tarifazo” de Schiaretti y por un salario igual a la canasta familiar en las negociaciones en curso.

Se trataba de que la clase trabajadora diera una salida política frente a un problema sentido como es el del transporte en la ciudad. Es por eso, que el freno impuesto al intento de Giacomino no debe impedir ver a la izquierda que está pendiente la tarea de avanzar en pelear por recuperar, de manos de la burocracia sindical, las organizaciones de la clase trabajadora.

En el escenario político, la crisis del bloque juecista en el Consejo Deliberante, fue un episodio más de la bancarrota de un proyecto político (el juecismo), que se presentó en la Córdoba posterior al 2001, como una “alternativa popular y de la gente” al peronismo delasotista.

El anterior fue la cobarde política de Juez ante el fraude en las elecciones provinciales, ya que no fue más allá de algunas declaraciones afiladas y algunas marchas impuestas por la presión popular, pero donde hizo todo lo posible porque la movilización no cuestionara las bases del régimen político. La patética imagen de los militantes “nacionales y populares”, los ex – guevaristas de Patria Libre (e incluso los del Partido Comunista), trabajando en “equipo” con la policía provincial, para “cuidar la seguridad de los ediles juecistas” que iban a votar el cospelazo, habla por sí misma del “tranfuguismo” del proyecto político juecista y más aún de su “ala izquierda”.

Queda claro que tanto la “nueva política” de Juez-Giacomino como la “vieja” de Schiaretti son funcionales a los intereses de las grandes empresas. Ante esta situación, la izquierda tiene la responsabilidad de pelear por convencer a la clase trabajadora de que hay que construir un Partido propio.

En particular, dentro de la izquierda que se reivindica socialista revolucionaria, hay que abrir un debate sobre la construcción de un partido revolucionario, dos cuestiones que el PTS viene planteando abiertamente y que se verifican ante cada hecho como totalmente necesarias.