El general Pervez Musharraf, un aliado clave de Estados Unidos en su supuesta “guerra contra el terrorismo”, ha decretado el sábado 3/11 el estado de emergencia. Este general llegó al poder tras un golpe de Estado en octubre de 1999 , ahora ha suspendido indefinidamente la constitución y el derecho de libertad de expresión, de reunión, asociación y libre movimiento, abrogado la autoridad de las cortes constitucionales de dictar ordenes contra él mismo como presidente, el primer ministro y todo aquel que hable en su nombre; impuso una rigurosa censura de prensa, e introdujo duras penas contra el “crimen” de “ridiculizar” al presidente, las fuerzas armadas o cualquier otro órgano ejecutivo, legislativo o judicial. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad ocupaban el Parlamento y los edificios de la Corte Suprema en Islamabad, y detenía a numerosos políticos opositores y abogados que encabezaron a lo largo de este año la agitación popular contra su autoridad militar. Musharraf también destituyó al jefe de la Corte Suprema, Muhammad Chaudhry, quien debía dictaminar (posiblemente en forma negativa) sobre la legalidad de la reelección presidencial de Musharraf del 6 de octubre. El general-presidente obtuvo esa reelección por sufragio indirecto, en un momento en que su popularidad está en pleno descenso.

La complicidad de EE.UU.

Este segundo golpe de Musharraf, a pesar de ciertas críticas menores, ha sido avalado por la administración Bush, el gobierno laborista británico y otros poderes occidentales. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, al tiempo que describía la declaración del estado de emergencia como “altamente lamentable”, reafirmaba que Washington seguiría cooperando estrechamente con el régimen militar pakistaní. La reacción del Pentágono fue aun más moderada, declarando su vocero que la declaración del estado de emergencia “... no impacta en nuestro apoyo militar a los esfuerzos de Pakistán en la guerra contra el terror”. Estas plácidas reacciones de Washington, Londres y otras capitales occidentales contrastan con la vigorosa denuncia contra la junta militar birmana (un aliado de China) y su violenta supresión de las manifestaciones contra el aumento de los precios de la gasolina y la falta de libertades democráticas el mes pasado. Es que el régimen de Pakistán es un aliado clave de Washington en su política agresiva en Asia Central y Medio Oriente. Musharraf ha brindado un apoyo logístico vital a las invasiones y ocupaciones de Afganistán e Irak, aparte de haber provisto a las agencias de inteligencia norteamericanas con centros para la práctica de torturas o información a los servicios secretos británicos para evitar atentados en Inglaterra. Además cuenta con armas nucleares, que su deriva en el caos podría hacer llegar a grupos islamistas, lo que constituye una de las grandes pesadillas de Occidente. Todo esto significa que EE.UU. y sus aliados no retirarán su apoyo a Musharraf y a los militares. En cambio, lo urgirán -como parecen haberlo hecho con éxito este martes aunque aun hay declaraciones de los voceros del regimen contradictorias - a que comience a reconstruir una fachada de constitucionalismo lo más pronto que pueda.

Una situación extremadamente convulsionada

El estado de emergencia es un acto desesperado de un régimen que está perdiendo el control de la situación, luego de un año altamente convulsionado en el que se fue erosionando la fortaleza que gozaba desde la respuesta reaccionaria a los atentados del 11/9/2001 en EE.UU. Desde ese momento, el régimen militar mantuvo un difícil equilibrio: mientras se presentaba como uno de los baluartes de la “guerra contra el terrorismo” de Bush, y lanzaba algunos limitados ataques contra los fundamentalistas islámicos en su territorio, ligados por miles de lazos a sus fuerzas de seguridad, como lo presionaba EE.UU., lo que le permitía mostrarse como un modernista secular, al mismo tiempo trataba de preservar a su régimen. En este sentido, la masacre de la Mezquita Roja marca un punto de inflexión en la relación de los militares con el islamismo político. Dos factores se combinaron para este giro. En primer lugar, la suspensión del jefe del Tribunal Supremo, Chaudhry (a principio de año), dio lugar a un vasto movimiento de masas contra el gobierno, el más importante desde el golpe de 1999. Este movimiento revigorizó a los partidos políticos burgueses, los cuales, incorporándose a las movilizaciones encabezadas por los magistrados y abogados, llegaron incluso a llamar a acciones huelguísticas de masas luego de los ataques armados de los partidarios semi fascistas de Musharraf en Karachi. Este movimiento hizo recular al gobierno por primera vez, reinstalando al jefe de justicia suspendido. El segundo elemento fue la creciente presión de EE.UU. contra la continuidad del uso de las áreas tribales en las fronteras del norte de Pakistán, como base de operaciones de las fuerzas que luchan contra la ocupación de la OTAN en Afganistán. Frente a esta creciente oposición interna y las dudas en Washington sobre su capacidad o voluntad de conducir la “guerra contra el terrorismo” en su propio territorio, es que el régimen se vio obligado a una confrontacióncon los fundamentalistas islámicos que había siempre tratado de evitar.

Con estas acciones, Musharraf trataba de ganarse de nuevo la simpatía norteamericana, a la vez que se abría al Partido Popular de Pakistán de Benazir Bhutto, ex presidenta del país y la favorita de EE.UU. y la UE para desviar la acción de las masas a una “contrarrevolución democrática” frente a los claros síntomas de descomposición de la base social de la dictadura. Sin embargo, por otro lado, el costo de este giro fue una mayor desestabilización, que amenaza con extender la guerra civil en las provincias del noroeste al conjunto del país, como demuestra la serie de atentados suicidas por fuera de este área, expresión de la creciente oposición al régimen de la mayoría de la élite religiosa y los simpatizantes islámicos. Por su parte, con las recientes medidas de emergencia, Musharraf ha alienado a las clases medias y profesionales educadas, apostando sólo al apoyo de los militares y la mantención de la cohesión interna de estos, como única vía para conservar el poder.
Para Washington, el estado de excepción impuesto por el presidente pakistaní amenaza con volverse en contra de él, avivando el descontento de la población contra los intereses de los generales y el Ejército -el principal sostén del Estado pakistaní dado su carácter fragmentado como nación- y el conjunto de la burguesía pakistaní y sus propios intereses, además de multiplicar los atentados de los extremistas próximos a Al Qaeda. Precisamente esto era lo que había tratado de prevenir promoviendo el acuerdo con el partido populista de Bhutto1, la cual ya en dos ocasiones rescató a los militares del odio de la población preservando la autoridad burguesa, cuando las dictaduras sostenidas por EE.UU. colapsaron. El fracaso de esta salida complica los planes de EE.UU. en la región, viendo otro de sus aliados en uno de los principales teatros de guerra como es Afganistán iniciar un juego propio en contra de sus designios2, como el caso de Turquía en relación a la guerra de Irak.

¡Abajo el estado de sitio! ¡Por la huelga general para derribar a Musharraf y toda la dictadura militar!

La primera medida de emergencia es la mayor unidad de acción para liquidar el estado de sitio, mediante la imposición de una huelga general como la que ya en este año hizo retroceder parcialmente al general pakistaní. Sólo de esta manera, mediante una huelga general indefinida, se podrá derribar a Musharraf y a toda la dictadura militar.

Benazir Bhutto, la principal lider opositora del país con respaldo de masas, hasta el sábado esperaba una especie de reparto de poder con Musharraf, y hasta ahora se había cuidado de movilizar a sus simpatizantes dejando solos a los miles de abogados que encabezaron las primeras protestas contra el estado de sitio. Ahora, llama a una gran marcha con otros lideres opositores en Rawalpindi.En sus declaraciones a la prensa dijo que “Si no hacemos nada, entonces Musharraf va a pensar que la nacion apoya lo que ha sucedido... El pueblo de este país quiere un cambio. Ellos quieren que el general Musharraf anuncie la restauración de la Constitución, su retiro como Jefe del Ejército y la realización de las elecciones en fecha”. La cobardía política de los líderes opositores burgueses no tiene límite: ahora, presionada por el repudio al autogolpe, lo máximo que llega a exigir es que Musharraf renuncie a la jefatura del Ejército, pero conservando la presidencia como civil, y la realización de elecciones donde espera ser consagrada primer ministro bajo el marco de la dictadura, respetando de esta manera el acuerdo antidemocrático entre bambalinas de una dictadura constitucional forjada por Washington, Bhutto y Musharraf y que el general el sábado decidió no respetar.

Por eso es esencial que los trabajadores y los pobres de la ciudad y el campo no confíen en los políticos como Benazir Bhutto, que pactó con el régimen de Musharraf a cambio del levantamiento de sus cargos de corrupción y su reentrada a la escena política, y que sólo puede llevar a una continuidad aggiornada del régimen militar o en el mejor de los casos a una salida tramposa de la dictadura hacia una “contrarrevolución democrática”, pero salvando a las fuerzas armadas asesinas. Y menos aún a una posición independiente de EE.UU., en donde Bhutto defiende una posición en relación a las zonas tribales del norte de Pakistán y a Cachemira más proyanki y abierta a una intervención directa de las tropas extranjeras que el mismo Musharraf3. Estos políticos patronales temen más a los islamistas que a Musharraf, y sobre todo son enemigos mortales de desatar con sus acciones una movilización independiente de las masas obreras y campesinas, que no sólo tire abajo a la dictadura, sino que ponga en cuestión el dominio de las fuerzas armadas, base fundamental del Estado burgués y proimperialista pakistaní desde su nacimiento (ver recuadro).
Por eso, la caída de la dictadura sólo puede venir de la acción, movilización y autoorganización independiente de los trabajadores y los pobres de la ciudad y el campo. Para lograr esta salida es esencial que la clase obrera, que ha venido resistiendo los planes neoliberales de Musharraf, se ubique como caudillo de la nación, en particular de las masas pobres urbanas y campesinas, peleando por liquidar a Musharraf y la dictadura y el peso tutelar de las FF.AA en la vida del país, alrededor de una poderosa alianza de clases que no sólo tome en cuenta sus reclamos de clase, sino también las demandas de estos sectores oprimidos, luchando por la expropiación de los grandes latifundistas y el fin de las bandas armadas en los pueblos formando una milicia obrera ycampesina.
Sólo si la clase obrera se presenta a sí misma como la más grande defensora de los derechos democráticos elementales de las masas en la lucha contra el imperialismo, la dictadura y las FF.AA asesinas, será capaz de quitarle los puntos de apoyo a las fuerzas islámicas, que aunque se enfrentan al imperialismo -enfrentamiento que todo revolucionario debe apoyar- juegan un rol fuertemente reaccionario en la política interna atacando a todo militante de izquierda o mujer que no apoye la implementación de la sharía4. Sólo la clase obrera encabezada por un partido revolucionario, que una la lucha democrática estructural a la lucha por la revolución socialista, puede extirpar de Pakistán la explotación y corrupción burguesa y el dominio militar, las dos grandes fuerzas que lo han venido diezmando y que como demostró el escandaloso acuerdo entre la populista Bhutto y Musharraf,están fuertemente entrelazados.

Claves

Pakistán esta formado por diferentes grupos étnicos: punjabíes, pastunes, cachemires, sindhis y baluches, entre otros. Ninguno de estos grupos es enteramente pakistaní, como el caso de los baluches que también están en Irán, los pastunes en Afganistán y los punjabíes en la India. Debido a sus fuertes divisiones -subproducto de la conquista británica de la India y la utilización de sus líneas de falla para dominar mejor, y que fueron heredadas por Pakistán y demás países de la región cuando se separó de la India en 1947–las fuerzas armadas han sido el elemento central del Estado ya que garantiza la cohesión del país. No por casualidad el país ha pasado más de la mitad de sus 60 años de existencia bajo el mando de generales golpistas. Por eso una cuestión determinante de la evolución del país es la unidad de las fuerzas armadas, ya sea que estas se fracturen por arriba o emerjan síntomas de insubordinación en la tropa.