A partir de la presentación que la Iglesia Católica realizó ante el juez federal Ariel Lijo, la abogada querellante en juicios de lesa humanidad, Myriam Bregman, se presentó ante el juzgado en representación de Patricia Walsh, Mario Santucho y Alejandrina Barry para solicitar acceso a los documentos desclasificados relacionados a la represión durante la dictadura cívico-militar.

Al respecto, Bregman anunció: “En el día de hoy acompañamos a Patricia Walsh, Mario Santucho y Alejandrina Barry, familiares de víctimas de la última dictadura, para solicitar a la justicia federal la entrega de la documentación referida a la represión durante la última dictadura y que la Iglesia Católica presentó ante el Juez Ariel Lijo. Esa documentación estuvo durante décadas en poder del Vaticano y de la Curia argentina pero recién hace pocos días fue entregada a la Justicia Federal. Sabemos que los familiares de los detenidos desaparecidos recurrían a la Iglesia y ésta archivaba toda esa información”.

Con respecto al pedido efectuado al juez Lijo, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, señaló que: “Si bien parte de esa documentación sería publicada en un futuro, lo cierto es que los familiares de las víctimas del genocidio de la última dictadura no podemos seguir esperando. Más de cuarenta años se tomó la Iglesia para desclasificar esos archivos que son solo una parte de toda la información que posee la Iglesia por su participación directa en el genocidio. Para dar sólo un ejemplo: mi familia denunció a Emilio Graselli por haber presenciado las torturas a mi tío Enrique Barry, quién hasta el día de hoy continúa desaparecido. En mi testimonio en el juicio del Pozo de Banfield insistí con la denuncia sobre él, al igual que cientos de familiares. Exigimos esa documentación porque podría resultar de suma importancia para lograr toda la verdad sobre lo ocurrido con nuestros familiares y porque hasta el día de hoy seguimos luchando por justicia y que ningún participe de genocidio, militar o civil, quede impune”.

Por último, Bregman afirmó: “En presentaciones anteriores ya hemos demostrado que los archivos de la dictadura existen y hemos obtenido varios. Por eso, este pedido, que acompaño como abogada junto a la Dra. Liliana Mazzea, lo hacemos como parte de una pelea de apertura de todos los archivos sobre la dictadura. Tanto los que posee el Estado Argentino como de otros organismos como los provenientes del Vaticano y de la Curia. Es parte integrante de los procesos por Memoria, Verdad y Justicia que exige la sociedad. Además del derecho a conocer toda la verdad, queremos acceder a todos los medios de prueba, ya que en la actualidad seguimos accionando judicialmente contra los responsables de la muerte de los 30.000 compañeras y compañeros detenidos y detenidos desaparecidos”.