Los referentes del PTS en el Frente de Izquierda Unidad Nicolás del Caño y Myriam Bregman se refirieron al debate abierto por la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional, aclarando que "más allá de lo que hayan publicado algunos medios sobre el quórum, lo cierto es que aún no hemos definido nuestra postura al respecto ni conversado con los compañeros del Frente de Izquierda Unidad".

La declaración comienza planteando que: "La postura de la izquierda siempre ha sido clara contra un poder judicial basado en jueces y fiscales vitalicios elegidos a través de componendas e intercambios entre los partidos mayoritarios, con lazos indivisibles con los nefastos servicios de inteligencia. La reforma que impulsa el gobierno no busca democratizar este poder. La oposición de derecha de Juntos por el Cambio que apoyó todas las leyes que legitimaron la fraudulenta deuda externa, encontró en este proyecto un nueva coartada para aglutinar a su base electoral, pese a que este proyecto sigue sosteniendo a este sistema absolutamente antidemocrático, ahora con la creación de nuevos juzgados y la reorganización de algunos fueros. Por otro lado siguen vigentes leyes que han servido para manejar causas en forma totalmente arbitraria, como la del ’arrepentido’, y las llamadas ’leyes antiterroristas’ que fueron impulsadas por el Departamento de Estado norteamericano para criminalizar a quienes luchan por sus derechos. Está claro que la izquierda no va a acompañar este proyecto y oportunamente resolveremos nuestra posición sobre el quórum".

Sobre la propuesta de la izquierda para la justicia, Bregman y Del Caño sostuvieron lo siguiente: "Rechazamos que sea una casta judicial vitalicia, con privilegios enormes, sueldos astronómicos y ningún control popular la que imparta justicia. Sostenemos que los jueces y fiscales deben ser elegidos y eventualmente revocados por el voto popular y sus sueldos no deben poder ser superiores a lo que percibe un director de escuela. Todos los juicios, incluyendo aquellos hacia funcionarios públicos por corrupción o no cumplimiento de sus deberes, deben ser realizados por jurados populares. Nuestro planteo incluye la derogación de leyes que impuso el macrismo como la del ’arrepentido’ que sólo sirven para guiar una causa en forma arbitraria extorsionando a los imputados para que declaren cualquier cosa con tal de no ser privados de su libertad, y las denominadas leyes "antiterroristas" sancionadas en la anterior gestión kirchnerista a pedido del Departamento de Estado norteamericano".

Los legisladores del PTS en el Frente de Izquierda finalizaron su declaración planteando que "la oposición de Juntos por el Cambio ha impuesto una suerte de veto al funcionamiento de la Cámara de Diputados, donde se niega a sesionar si no acuerda con los proyectos presentados. El oficialismo ha aceptado este chantaje antidemocrático. El funcionamiento del Congreso no puede estar restringido a componendas entre los bloques mayoritarios, que centralmente acuerdan votar leyes de entrega y contrarias a los intereses populares y no aquellos proyectos imprescindibles para que la crisis no sea pagada por el pueblo trabajador. Hay una agenda que se se niegan a tratar. Hoy deberíamos estar discutiendo cómo garantizar a través de impuestos progresivos a las grandes fortunas un IFE mensual y sin exclusiones de 30.000 pesos para quienes lo necesiten, la recuperación de salarios y jubilaciones frente a la inflación, la finalización del trabajo no registrado, la prohibición real de despidos y suspensiones y la derogación de la ley que lleva a la mayoría de las mujeres a elevar su edad de jubilación a los 65 años con haberes inferiores a la mínima. No puede ser que los efectos de la pandemia caigan sobre el pueblo trabajador, mientras que una minoría de banqueros y grandes empresarios siguen multiplicando sus ganancias: ellos deben ser los que paguen esta crisis".