Natalia Hormazabal del CeProDH expresó: “Los organismos de Derechos Humanos en todo el país, debemos mostrar nuestro fuerte rechazo a este Protocolo que resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la "flagrancia", las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado "in situ" sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas.”
Y agregó: “Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos creemos que este Protocolo es sin dudas la respuesta represiva del gobierno, frente a las protestas generadas por el brutal ajuste que están aplicando contra los trabajadores y el pueblo y por eso, hacemos un llamado a todo el pueblo a ponernos en estado de alerta y rechazar este nefasto protocolo que viola los más elementales derechos humanos.”

Contacto:
Natalia Hormazabal- Abogada CeProDH: 0299- 155214685