El Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, en cuanta oportunidad tenía, venía exigiendo más dureza en las leyes. Y el gobierno, que viene demostrando una y otra vez que en su giro a la derecha nada tiene que envidiarle a la oposición patronal, mediante su bancada en diputados hizo ley este código xenófobo y reaccionario.

El artículo 35, por ejemplo, plantea que en el caso de los extranjeros pueden llegar a ser expulsados del país si son sorprendidos en flagrante delito (cuya pena prevea la privación de la libertad y no supere los tres años) y se acojan a la suspensión del juicio.

¿Y quién determina la “flagrancia de un delito” sino es la Policía? La misma que participa o regentea los grandes delitos como el narcotráfico, la trata de personas, etc. Por ejemplo, el nuevo Código le sigue dando la potestad a la “maldita” policía, la que asesinó a Luciano Arruga y tiene una interminable lista de asesinatos en su haber, de detener por 6 horas a las personas por averiguación de antecedentes.

¿Por qué la principal institución delictiva del país va a tener esa potestad?

Porque de lo que se trata acá es de poner el dedo acusatorio sobre el pueblo pobre, y en particular sobre nuestros hermanos provenientes de países limítrofes que viven y trabajan superexplotados en nuestro país. ¿O los trabajadores bolivianos no son los que sobreviven semi esclavizados en talleres clandestinos, cosiendo las ropas que luego las cadenas textiles venden a precios desorbitantes en sus locales?

(Recordemos que la esposa del mismo Macri está acusada de tener varios de esos talleres). ¿O los hermanos paraguayos no son los que mayoritariamente trabajan en la construcción poniendo los cimientos de lo que luego serán las casas donde vive la población? ¿O no son hermanas de otras nacionalidades muchas de las mujeres trabajadoras domésticas?

Pero este “Código Berni” no sólo es reaccionario por eso. La figura de la prisión preventiva sigue vigente.

Hoy las cárceles superpobladas y en pésimas condiciones tienen un altísimo porcentaje de personas sin condena. En las cárceles federales representan el 60% de su población. Gran parte de los privados de su libertad durante años, gracias a esta figura de “prisión preventiva”, solo son sospechados de haber cometido delitos menores.

Nunca los grandes empresarios que hacen operaciones fraudulentas, que vacían empresas o presentan preventivos de crisis truchos, como fue en la ex Donnelley o en Lear, donde realizaron despidos ilegales, son juzgados por esos delitos, y aunque tienen todos los medios para presumir que pueden fugarse, jamás esa figura de la prisión preventiva les es aplicada.

También este nuevo código establece la figura de juicio por jurados, algo que ya existe en la provincia de Buenos Aires y quién puede pensar que la Justicia bonaerense es más “justa”, cuando ahí también más de la mitad de los presos no tienen condena y pertenecen a los sectores populares.

Párrafo aparte merece la oposición de macristas, radicales y del Frente Renovador, que votaron en contra del proyecto del gobierno. Pero por motivos totalmente distintos a nuestra oposición a este Código. Sus desacuerdos fueron sobre cuestiones de forma o porque querían mayores facultades para las fuerzas represivas del Estado y la Justicia. Así es el Código presentado por Massa que pretende un Estado más “firme” para, por ejemplo, realizar desalojos relámpago de viviendas ocupadas, además de pretender otorgarle más poder a la institución de la Policía.

El kirchnerismo y la oposición patronal en este debate han demostrado una vez más que son guardianes de los intereses ajenos a los de las mayorías populares.