La legislatura bonaerense sancionó recientemente la ley de jardines comunitarios impulsada por la diputada Alicia Sánchez del partido MILES y del FPV. Esta ley no es una salida de fondo a la carencia de jardines maternales en la provincia ni iguala completamente con los demás docentes la situación de quienes vienen trabajando precariamente en los jardines “comunitarios”, sino un parche, aunque contiene algunas mejoras laborales para quienes allí se desempeñan. La ley aprobada provocó una fuerte polémica mediática que llevó al gobierno de Scioli y a la ministra Nora De Lucía a plantear primero un veto total y luego un cambio mediante la reglamentación de la ley, a partir de una política, especialmente lanzada por el diario Clarín, que sostuvo que quienes trabajan en estos jardines no tenían en su gran mayoría título ni capacidades para ejercer la docencia, planteando que eran en su conjunto militantes de organizaciones oficialistas. Luego se supo que un 70% del total de quienes se desempeñan en estos jardines cuentan con título habilitante, y en algunos distritos con La Matanza esta cifra llega al 90%. Esta campaña fue una verdadera amalgama (es decir, una mezcla de argumentos de distinta índole) similar a los cuestionamientos planteados con la resolución 1057/14 que establece un nuevo Régimen Académico del Nivel Primario, que no compartimos pero a partir de consideraciones muy diferentes que los del tradicionalismo escolar.

Estas nuevas medidas impulsadas hacia el 2015 por Scioli y el Kirchnerismo para enfrentar la decadencia de la escuela pública ante un nuevo año electoral que se avecina con sombrías performances para el gobierno nacional y que nublan las aspiraciones del gobernador bonaerense dan cuenta de que los planteos de los docentes y de los sectores combativos no son inventos, sino una dura realidad que sufre la educación pública.

Los docentes que integramos la Lista Marrón-Corriente Nacional 9 de abril, integrada por docentes del PTS e independientes en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, consideramos que estas medidas son totalmente insuficientes para resolver la crisis educativa. La realidad de las escuelas públicas es que no hubo ninguna “dekada ganada” para la educación. El estado de los edificios escolares es calamitoso, los cupos y la calidad del servicio de comedores es deficitario, los salarios de los docentes están carcomidos por la inflación y miles seguimos cobrando con meses de retraso. Además, se necesita la creación de miles de nuevos cargos en la provincia, la construcción de nuevas aulas y falta asistencia de equipos de orientación escolar y psicopedagógica en cada escuela. Así es como después de una década, ni siquiera se aplica en su totalidad la ley provincial de educación, que más allá de nuestra oposición a esta ley, establece entre otros puntos que “es una obligación del Estado provincial asegurar la extensión de la educación pública y sistemática a los primeros años de vida”. Esto provoca que miles de niños en toda la provincia de Buenos Aires no puedan acceder a una educación inicial pública debido a la falta de jardines maternales y de infantes que cuenten con la capacidad y las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad para dar respuesta.

Esta carencia es cubierta por jardines privados y por jardines comunitarios que cuentan con miles de docentes y auxiliares de educación en condiciones de precariedad laboral, docentes sin derechos laborales y con salarios por debajo de la mitad de lo que cobra un docente en las escuelas públicas. A su vez, muchos de los edificios de estos jardines cuentan con una infraestructura insuficiente para albergar a niños y niñas de esta edad. En el caso de los jardines “comunitarios” muchos de ellos datan de la década de los ’90, donde en forma precaria dieron respuesta a una demanda social muy sentida, y por ello proliferaron por toda la provincia, ante la carencia de respuesta estatal.

Cuando se discutió la “ley Sánchez” en la cámara de diputados provincial, con cientos de docentes de estos jardines en las gradas que veían en la ley materializarse algunas conquistas, nuestro compañero diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Christian Castillo, que se ha caracterizado por levantar en el recinto los reclamos de los docentes en general, y de los SUTEBA combativos en particular, votó favorablemente por contener mejoras a la situación actual ultra precaria de estas docentes (casi todas son mujeres) pero haciendo una intervención crítica respecto de la propia ley y de la política educativa de Scioli y el kirchnerismo más en general. A pesar que ahora el PO diga lo contrario, esta posición de “voto crítico” (y presentar a la vez a posteriori una nueva ley que de una salida de fondo a la cuestión) fue acordada por los representantes de los partidos del FIT que actúan en la legislatura bonaerense, en el caso de PO el mismo Guillermo Kane que ahora firma la nota publicada en Prensa Obrera planteando falsamente que no estuvieron de acuerdo. La prueba más contundente de lo que afirmamos es que en todos estos meses, hasta que Clarín no puso el grito en el cielo, el PO no escribió la menor crítica al voto de Christian Castillo, cuando es sabido que PO no se caracteriza justamente por callar frente a las divergencias que tenga respecto de posiciones sostenidas por el PTS. De nuestra parte, consideramos que fue correcto el voto positivo a la ley ya que a pesar de ser un parche establece, entre otros puntos, que “Los/las trabajadores/trabajadoras de los establecimientos de educación comunitaria serán reconocidos e incorporados a la DGCyE”, es decir, pasan a tener estabilidad laboral y una situación de “blanqueo” que los deja en condiciones superiores a su estado anterior de precariedad absoluta. Desde la Lista Marrón – Corriente Nacional 9 de Abril estamos porque los actuales jardines comunitarios pasen a la órbita pública (realizando las obras necesarias en los casos en la que la infraestructura con la que cuentan sea inadecuada) y se construya el total de los jardines necesarios para cumplir con el derecho de la población a la educación inicial gratuita y de calidad. Respecto a quienes vienen desempeñándose en estos jardines como docentes estamos por su titularización en los cargos que vienen desempeñando, con el acompañamiento de una política de capacitación plena en el caso de quienes no posean aún el título respectivo pero tienen el saber de la experiencia en el desempeño de la actividad en estos espacios que han surgido ante la necesidad de miles de niños y familias trabajadoras que no pueden costear jardines privados.

Y el PO, ¿contra la titularización de los docentes?

En la nota mencionada publicada en Prensa Obrera del 2/10, se equiparan los jardines comunitarios con los FINES. Aquí también se falsea la realidad.

Los jardines comunitarios no surgieron por iniciativa del estado sino ante la completa falta de respuesta a esta necesidad, son una expresión de la crisis social y de la falta de jardines en el sector público. Muchos de ellos surgieron como iniciativa de vecinos y militantes sociales en los barrios para responder a la necesidad del cuidado de los más pequeños. El debate entonces es el siguiente: ¿estamos a favor de que quienes los sostienen hace años trabajando en condiciones de precariedad lo hagan con estabilidad laboral y perteneciendo a la DGCyE? Creemos que sí, y que nuestro sindicato tiene que defender los derechos de quienes vienen desempeñándose en estos establecimientos como educadores. Mientras tanto, tenemos que exigir la puesta en pie de todos los jardines maternales y de educación inicial por parte del estado y en la esfera pública en cada barrio para que ningún niño quede sin ir a la escuela, con docentes capacitados y bajo estatuto, así como en condiciones edilicias dignas. Los trabajadores de la educación tenemos que ser los primeros en defender los derechos de nuestros compañeros precarizados.

El PO, por el contrario, se hace eco de la campaña contra estos docentes y no plantea la defensa del puesto de trabajo de quienes ahí vienen desempeñándose (a veces por más de 20 años) sin título habilitante pero con un saber acumulado en el ejercicio de la función. Por ello propone que pasen a desempeñarse como auxiliares de educación o en otro ámbito del sector público y ya no como docentes de inicial como lo venían haciendo. El argumento de que no tienen título no puede ser utilizado para disminuir la condición laboral de estos trabajadores. Mientras complementan su capacitación y el título habilitante (considerando gran parte de la formación necesaria realizada durante los años de trabajo) hay que resguardarles su puesto de trabajo e incorporarlos plenamente a la esfera pública. Es un planteo que surge frente a una situación excepcional creada por la falta de creación de jardines por parte del estado, donde nuestra posición no puede ser otra que la defensa del puesto de trabajo de quien se vino desempeñando en él en forma precaria.

Tras una posición presentada como de defensa de la “excelencia académica”, que se reduciría a tener un título habilitante dado por los institutos de formación docente, el PO quiere esconder una posición contraria a la efectivización de los docentes que se vienen desempeñando en los jardines comunitarios. Defendiendo abstractamente el estatuto del docente, reglamento que hace el gobierno, que regimenta la labor, los derechos y las responsabilidades docentes (que no defendemos integralmente, sino solo en sus aspectos favorables a los docentes) termina quedando en el lugar de quienes quieren hacer pagar el costo de la precariedad… a los propios que trabajan como docentes precarizados. ¿Quién se podría oponer a que un trabajador del Plan Argentina Trabaja que gana $1400 por 6 horas de trabajo, logre por una ley pasar a ser un trabajador de planta permanente municipal o provincial, con iguales derechos, salarios y conquistas que el resto de los trabajadores aunque su ingreso al puesto de trabajo no fue en forma equivalente a la del resto de los municipales? ¿Qué diríamos de un sindicato municipal que no defienda este planteo? Igual situación es para los docentes, y si no tienen título habilitante, igual deben pasar a la DGCYE y el estado debe garantizar su formación manteniendo su puesto de trabajo y salario, ya que no es responsabilidad del trabajador ser precario sino del estado. Elemental, ¿no?

Para finalizar, entendemos que Kane(PO) tenga que cambiar los sucesos y las cosas para justificar falsedades y una política elititsta y corporativa. Si hay compañeros docentes que ceden a la campaña de Clarín de estigmatizar a los que trabajan en los jardines “comunitarios” y no toman la defensa de los compañeros precarizados bajo el argumento de su falta de “idoneidad pedagógica”, quienes nos reivindicamos de izquierda y revolucionarios no podemos adaptarnos a esta visión. Estigmatizando y negándose a luchar por los precarios de la educación inicial, Kane y el PO terminan defendiendo una posición reaccionaria. No lo compartimos.

Por último, Kane va por más y en su seguidilla de falsedades también se mete en las resoluciones del Encuentro de delegados de los SUTEBA combativos en Berazategui y afirma que se votó por “unanimidad” el rechazo a esta ley cuando la misma no se puso a votación ni allí, ni en ninguna de las asambleas ni reuniones de delegados de los SUTEBA’s recuperados.

Por una ley integral de jardines maternales desde los 45 días

Desde el PTS en la banca del FIT en Provincia de Buenos Aires, propondremos a los compañeros del PO e IS que pongamos en discusión en los SUTEBA recuperados y en el conjunto de los docentes una nueva ley que de una respuesta integral al problema de la educación inicial, como ya venimos haciendo con los proyectos de ley de emergencia de infraestructura, de pago indexado de acuerdo a la inflación para los docentes que no cobran, de boleto educativo gratuito, que en este último caso logró la media sanción. Una ley que, entre otros puntos, contemple el pase con todos los derechos al sector público de todos quienes vienen ejerciendo actividad docente en la educación inicial en forma precaria.

Lista Marrón-Corriente Nacional 9 de abril

Docentes del PTS e independientes en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores