En el país, aproximadamente 5.000 luchadores están procesados. En noviembre del 2011 el CeProDH denunció, durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, la existencia de un sistema de espionaje creado por Gendarmería, conocido como ‘ProyectoX’; una base de datos que almacena información de militantes sociales y políticos. Esta información la ‘recogían’ los gendarmes, vestidos de civil, infiltrándose entre los manifestantes.

En el año 2009 comenzó el espionaje a los obreros de la fábrica Kraft que luchaban por mejores condiciones de salubridad y por la defensa de sus puestos de trabajo. Le abren causa a trabajadores de Kraft y PepsiCo, procesados en el fuero penal. Los abogados de los trabajadores investigaron cómo podía ser que tuvieran datos tan privados de estos trabajadores. Pudieron demostrar que los trabajadores eran espiados, e infiltrados con personal civil en cada una de sus movilizaciones. Pero no sólo eso, pudo demostrarse que el 99% de las 5.000 causas penales contra luchadores obreros y populares fueron armadas por las fuerzas de seguridad.

En noviembre de 2011 personalidades políticas y sociales, junto a organismos de Derechos Humanos encabezado por el CeProDH, patrocinando a los obreros y obreras de Kraft y PepsiCo, presentaron una denuncia contra la Gendarmería Nacional por haber realizado actividades de inteligencia y espionaje sobre activistas y militantes de organizaciones gremiales, estudiantiles, políticas y de Derechos Humanos. Tareas prohibidas por las propias leyes reaccionarias de inteligencia que tras varias luchas sociales y una relación de fuerzas ganada en años por los trabajadores y el pueblo, la muy reaccionaria Ley de Inteligencia tiene un artículo que prohíbe taxativamente hacer inteligencia sobre la filiación política o sindical de alguien. Está la Ley Nacional de Datos Personales prohíbe la recopilación de datos llamados “sensibles”, entre ellos la filiación política.

Está denuncia no tardó en tener una amplia repercusión en los medios de comunicación, nacional e internacional. El repudió social tampoco tardó en llegar. Y a raíz de estas repercusiones la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, se vio obligada a convocar a una conferencia de prensa para explicar que significaba ‘Proyecto X’. El entonces titular de la Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia que existía bases de datos, entre ellos ‘Proyecto X’, sobre dirigentes sociales. La Gendarmería quedó al desnudo como una de las fuerzas represivas del Estado que conspira contra los intereses de los trabajadores que luchan por sus derechos.

En estas horas se conoce la resolución del juez federal Sebastián Casanello, quién citó a indagatoria a los acusados por presunta violación a la ley de inteligencia nacional. Ambos acusados de haberse infiltrado entre los trabajadores de la empresa alimenticia Kraft y de haber realizado tareas de inteligencia prohibidas por la ley de Inteligencia.