El lunes 7 Axel Kicillof se reunió con el mediador Daniel Pollack. Que se negocie de visitante en Nueva York se debe a que la jurisdicción de EE.UU. fue aceptada por el kirchnerismo en los canjes de deuda (en 2005 con el beneplácito de Roberto Lavagna, ahora asesor de Massa). ¿A eso llamaron negociación soberana? El ministro expresó la voluntad de pagar, pero en “condiciones justas, equitativas y legales”. Pide que se reestablezca el “stay” (una cautelar que congelaba el fallo de Griesa), lo cual permitiría pagar la deuda externa evitando el default técnico. Los buitres también están dispuestos a pedir el “stay”, pero exigen un acuerdo tipo Repsol o Club de París. Ya vieron la generosidad del gobierno con los que saquean al país. Un acuerdo así significaría pagar con bonos y con poco desembolso de dólares en los primeros años. Una hipoteca a futuro. El problema es que un acuerdo antes del 31 de diciembre, cuando vence la cláusula RUFO, que establece que una oferta mejorada a los que no entraron a los canjes pueda ser exigida por los que sí entraron, desataría una catarata de juicios que elevarían la deuda exponencialmente.
Los “gestos” de los buitres no tienen que ver con una posición firme del gobierno. Se debe a que un default les quitaría la condición de privilegio para negociar bajo el amparo de Griesa y los colocaría en igualdad de condiciones con todos los bonistas en una reestructuración de la deuda.

El oficialismo sigue con declaraciones altisonantes contra los buitres para tratar de sostener el deshilachado relato. Pero no solo eso. Es también una táctica para poner un límite a futuros reclamos dejando constancia de que no hizo una mejor oferta (aunque sí la haga), sino que pagará por la imposición del fallo. No obstante la voluntad de las partes a negociar, no está descartado que todo caiga en saco roto.

Es que el fallo dejó al gobierno en una encrucijada. Los reclamos a Griesa que están haciendo las cajas de valores europeas (Clearstern y Euroclear) y los bancos yanquis (Citibank), agentes de pago de los bonistas que entraron a los canjes, para que puedan pagar con los dólares recibidos desde Argentina, dejan a las claras que allí anidan otros buitres. El gobierno pretende patear toda definición hasta el 31 de diciembre, porque tanto un arreglo antes, como el default técnico, implican escenarios muy difíciles. La propia amenaza de ir al tribunal de La Haya (en el cual Argentina rescató la Fragata Libertad) da cuenta de lo complejo de la situación. El oficialismo pretende mostrarse como un hábil negociador utilizando las declaraciones de apoyo internacional como las de la OEA y la Unasur. Pero también ciertas brechas abiertas en el panorama internacional que se expresaron en las opiniones contra los buitres del Financial Times londinense o en el apoyo de Francia. Estos aprovechan lo brutal que es el fallo y la debilidad relativa del imperialismo yanqui para intentar debilitar la plaza financiera de Nueva York y fortalecer las propias. Pero toda supuesta dureza del gobierno es para terminar pagando. Con más o menos regateo lo que se debate es la forma de pagarle a los extorsionadores.

Que la crisis la paguen los capitalistas

Para que no sea Kicillof el que en una oficina de Nueva York decida hipotecar las futuras generaciones de trabajadores, desde el PTS venimos sosteniendo la necesidad de una consulta popular para que el pueblo decida. Nuestro planteo es no pagar la fraudulenta e ilegítima deuda externa. Exigimos que se abran espacios en los medios masivos de comunicación para que podamos exponer ampliamente nuestra política. Los últimos compromisos asumidos por el gobierno con el Ciadi, Repsol y el Club de París, sumados a la deuda previamente programada y a un posible acuerdo con los buitres dejarán una hipoteca insoportable sobre las futuras generaciones: unos u$s 12 mil millones anuales de pago de deuda externa. Es como si cada trabajador desembolsara $6.600 por un impuesto para cancelar la deuda externa durante los próximos 20 años (o más). Llamamos al pueblo trabajador a movilizarse por el no pago. Este planteo lo ligamos a la necesidad de establecer el monopolio estatal del comercio exterior para que las compras y ventas al exterior no la manejen un puñado de multinacionales que maniobran contra los intereses nacionales reteniendo las ventas de soja. Estos días el gobierno denuncia que una investigación judicial está demostrando como los bancos y Shell especularon contra el peso para presionar por la devaluación. Pero más allá de la denuncia no toma ninguna medida. Nosotros decimos que hay que nacionalizar todos los bancos y conformar una banca estatal para combatir a los bancos nacionales y extranjeros que son la vía de la fuga de capitales y que hacen enormes negocios con el dólar, como en enero cuando ganaron $ 10 mil millones con la devaluación. Que esta vez la crisis la paguen los capitalistas.