El líder del Frente Renovador Sergio Massa volvió al ruedo dispuesto a enfrentar “las provocaciones que hacen inviables el funcionamiento de las ciudades”. No se refería a las inundaciones, a la falta de vivienda o de servicios básicos que padecen millones de personas. Massa tomó la batuta contra el método de los piquetes para regular el “derecho a la petición social” a partir de la instrumentación de “espacios públicos determinados, tanto a nivel federal como provincial y municipal”, pues “las protestas no pueden realizarse en cualquier lugar y a cualquier hora del día”. Para que “el derecho a peticionar se ejerza en plenitud no debe impedir el ejercicio del derecho a transitar”, anticipa el proyecto de ley que dispone multas equivalentes a tres salarios mínimos y penas de trabajo comunitario (La Nación, 25/3). El intendente massista Humberto Zuccaro ya militarizó los accesos al Parque Industrial de Pilar con un cuerpo de policía permanente que impide el derecho a la protesta. 
La reciente peregrinación de Massa por EE.UU. recibió el espaldarazo del establishment que apuesta una ficha por uno de los candidatos del “orden”. No podía faltar la reunión con Rudolph Giuliani, asesor de Massa en temas de seguridad y alter ego del racismo y de la doctrina de “tolerancia cero”, anclada sobre la pena de perpetua para los delincuentes reincidentes, incluso por delitos menores no violentos. Massa reivindica la gestión del ex alcalde de Nueva York, quien elevó a cifras récord los detenidos en las cárceles (mayoría de jóvenes negros y pobres), aunque manteniendo la misma tasa de delitos.

Análogamente, después de otro proyecto derechista del legislador del PRO José Luis Acevedo, la legisladora de UNEN María Eugenia Estenssoro presentó ante la Legislatura porteña el proyecto de Ley “Carril libre obligatorio”, para reglamentar el derecho a la protesta garantizando la circulación de dos carriles en avenidas y corredores del sistema de Metrobus y de un carril en otras vías públicas. El proyecto mantiene el artículo 78 del Código Contravencional porteño que penaliza con multas desde $1.000 a los partícipes de los piquetes.

Massa, el PRO y UNEN siguen la guía de Cristina, quien desde la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso bregó para“sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser que diez personas te corten una calle”, tras el antecedente de 2011 cuando exigió que “las protestas sean en la vereda”.

Es necesario levantar una gran campaña con los organismos de DD.HH. independientes del gobierno, las organizaciones obreras combativas y los partidos de izquierda contra la regimentación estatal de los piquetes y la protesta social.