El acuerdo con Repsol por la “expropiación” de YPF termina de enterrar el verso soberanista con el que el kirchnerismo adornó hace dos años la toma de control de YPF. En ese momento, el ahora ministro de Economía Axel Kicillof (por entonces viceministro) afirmaba que no se le pagaría un peso a los españoles. “Repsol va a tener que pagar por el daño ambiental” llegó a decir. Hasta le puso números a este reclamo: alrededor de 5 mil millones de dólares sería el valor económico de los daños generados por Repsol.

Pues bien, casi dos años después, estamos viendo exactamente lo contrario: el Estado argentino pagará a la petrolera española una indemnización de 5 mil millones de dólares. Ya antes Kicillof había ajustado su discurso a la nueva situación: “Es imposible no pagar una indemnización porque es ilegal” decía en noviembre pasado. La mentada expropiación fue en realidad una “recompra”, para asociarse con otras petroleras imperialistas y explotar petróleo y gas no convencional (que son los que se explotan mediante el método de fractura hidráulica, más conocido como fracking, que en varias regiones del planeta ha sido denunciado por sus efectos altamente contaminantes). Aunque luego de un arduo tire y afloje, y con juicios en el Tribunal del Ciadi de por medio, ahora el gobierno se ve apurado para cerrar trato y despejar los obstáculos para endeudarse en el exterior.

Por supuesto, esto no resulta un freno para el relato. “Repsol acepto cobrar solo 5 mil millones por YPF” titulaba El Argentino el miércoles 26/2 (el destacado es nuestro), como si fuera poca cosa comprometer con la petrolera española, que vació a YPF durante casi quince años, pagos que en los papeles equivalen a un 70% del déficit energético del año 2013. En los papeles, porque en los hechos es bastante más.

Por empezar, se garantiza a Repsol que en total recibirá 5 mil millones de dólares. Pero, como el pago se realiza en bonos, que tienen una cotización por debajo del valor nominal, para cumplir esta garantía se entregaron a la petrolera española bonos por 6 mil millones de dólares. Con este pago aseguran que el monto final a cobrar por Repsol estará entre un piso de 4.670 millones y un techo de 5 mil millones de dólares. Este último es el monto máximo que se fijó para lo que reciba Repsol, que en caso de obtener de los bonos más de 5 mil millones, deberá devolverlo. Este tope es presentado por el gobierno como un triunfo en la negociación. Victoria pírrica si las hay. Además, como Repsol puede cobrarse la deuda ahora vendiendo los bonos, o mantenerlos hasta el vencimiento, mientras no los venda ni venzan la deuda no se dará por cancelada. Ante cualquier problema de pago de los bonos o embargos por otros conflictos (como el de fondos buitres holdout que están litigando en las Cortes norteamericanas), Repsol podrá exigir el pago inmediato de la deuda.

En total, el capital y los intereses representarán en el plazo de 20 años casi 11 mil millones de dólares. El acuerdo con Repsol hunde aun más al desendeudamiento. Hay que sumar además 500 millones de dólares ya capitalizados de unos bonos emitidos previamente que se entregan ahora a Repsol.

Para los españoles, negocio redondo por donde se lo mire. Además del reembolso de capital, mientras no vendan los bonos recibirán intereses de entre 360 y 500 millones de dólares al año. Es decir, un valor cercano a las utilidades anuales que remesaba Repsol YPF a su casa matriz. La frutilla del postre es que en los próximos 18 meses el Yesoro asegurará tres cuotas de intereses que suman 800 millones de dólares, en un momento donde los dólares escasean.

La mentada “soberanía hidrocarburífera” no para de estrellarse contra la pared. Asesorado por Kicillof, el gobierno esperaba en 2012 encontrar en la caja de Repsol YPF reservas de utilidades acumuladas para bancar la importación de combustible. Pero cuando se hizo cargo de la petrolera no había más que una caja vacía, por lo que el Tesoro debió seguir aumentando los recursos fiscales para tapar el bache energético. Posteriormente, cuando en 2012 el decreto 1.277 reglamentó el “Nuevo Régimen de Soberanía Hidrocarburífera”, varios “progres” se ilusionaron con que se pondría fin al tratamiento de los recursos de petróleo y gas como “commodities”, es decir como un negocio que las empresas manejaban con libre fijación de precios, bonificaciones, volúmenes de exportación y de disponibilidad de los dólares. Pero el acuerdo con Chevron, que sirvió como modelo para nuevos acuerdos (que estaban a la espera de cerrar el conflicto con Repsol), dinamitó estas expectativas. La firma norteamericana (y todas las que pongan más de mil millones de dólares) están exceptuadas de cumplir con los condicionamientos del decreto 1.277. Por otro lado, los precios “cuidados” (por las petroleras), que vienen aumentando regularmente al compás del nivel general de precios, dieron por tierra con cualquier ilusión de que la producción y comercio de combustible ya no estaría sometida al arbitrio de la ganancia de las petroleras.

Rechazamos este acuerdo con los vaciadores de YPF; ninguna deuda debe reconocerse a Repsol. También repudiamos los pactos entreguistas de YPF con las grandes petroleras, de los cuales el de Chevron fue sólo el comienzo. La clase trabajadora y los sectores populares debemos exigir la anulación del acuerdo con Chevron y la prohibición del fracking. La encerrona energética sólo puede atacarse con la expropiación sin pago de todo el complejo petrolero y gasífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta en producción bajo control de sus propios trabajadores, con participación de los habitantes de sectores afectados por sus efectos contaminantes. La apropiación íntegra de la renta hidrocarburífera (que ronda los 6 mil millones de dólares al año, ver Ideas de Izquierda n° 2, agosto de 2012) y la creación de impuestos específicos a las grandes fortunas (y a otras rentas como la agraria), hará posible una administración de los recursos compatible con el cuidado ambiental y orientada realmente al servicio de las necesidades populares y no de la ganancia.