El gobierno de Macri volvió a dar muestras este verano de qué ciudad quiere el PRO para los porteños. El plan de inscripción online puso de manifiesto nuevamente la precaria situación de la educación pública. De esto dio fe el ministro Bullrich, quien tuvo el cinismo de admitir que “no van a poder cumplir las expectativas” y que 9000 chicos se iban a quedar sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Otros 5000 de 4 años en adelante, del nivel inicial, la escuela primaria y el secundario, seguirán “en lista de espera” hasta el 14 de febrero, fecha en la cual se les confirmará si tienen un lugar en las aulas. Un bochorno. Sólo un iluso podía creer que Macri aceptaría la renuncia a su ministro Bullrich, que posa de víctima mientras miles de chicos se quedan sin poder estudiar, con todas las implicancias que tiene esto para ellos y sus familias. ¡Y encima tienen la caradurez de decir que esos chicos van a tener que concurrir a escuelas privadas! Este gabinete de ministros ricachones y su jefe no se enteraron al parecer que para gran parte de estas familias es imposible pagar una cuota mensual, ya que ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica.

El gobierno de Macri está decidido a transformar hasta la educación pública en algo lucrativo; ya no le alcanzan los más de $1.500 millones de pesos otorgados en subsidios a la educación privada,. Este año a los porteños nos dieron la noticia de que se iban a gastar unos $16.000.000 en la inscripción online y unos $26.000.000 adicionales en las aulas containers, la gran mayoría en la zona sur de la ciudad, dado que con las instalaciones existentes no podían dar respuesta a la demanda. Para el PRO todo puede convertirse en un buen negocio.

Es evidente que esa plata debería haberse destinado a nuevas aulas y nuevas escuelas ubicadas en donde se necesitan para dar respuesta a las demandas de los niños y padres de la ciudad, si el gobierno porteño tuviera verdaderamente alguna intención de mejorar la infraestructura de la escuela pública. Ni cerca. Encima, nos tenemos que comer el discurso de Bullrich que después de años en el Ministerio tiene el cinismo de repetir que recién ahora conoce en qué lugares faltaban vacantes. Si no fuera por los miles de chicos que van a quedar sin vacantes, sería hasta cómico el Ministro.

El PRO sólo tiene en la cabeza la cuentita de cuántos cursos va a poder cerrar. La educación, para ellos, sigue siendo lucro. Pero gracias a la gran campaña que impulsaron las familias afectadas, a las movilizaciones en conjunto con los sindicatos docentes de la Ciudad que se fueron organizando y denunciaron la situación, apoyadas por la banca del FIT y varios legisladores porteños, la crisis educativa se masificó en los medios y el gobierno tuvo que salir a responder.

La solución tiene que partir de la implementación de un plan de infraestructura integral bajo control de los docentes y padres, que contemple la asignación de todas las vacantes, en las zonas donde sean necesarias. Tenemos que terminar con el lucro en la educación quitando los subsidios a la educación privada, sin que puedan aumentar sus cuotas en ningún caso. Sin subsidios a los privados y con impuestos a las grandes fortunas de Buenos Aires podrían iniciarse las obras de infraestructura que los chicos necesitan para estudiar en condiciones dignas.

El FIT en la Legislatura

El Frente de Izquierda presentó un proyecto, discutido con el sindicato Ademys, para asegurar la inscripción de todos los inscriptos a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, la necesidad de una interpelación a Bullrich y una sesión legislativa extraordinaria para tratar este tema. La intención es que estas propuestas se lleven a las asambleas de padres y al conjunto de los docentes para imponerle al ministro de Educación porteño la asignación de vacantes para todos los inscriptos sin ninguna restricción. En la última reunión realizada en la Legislatura estuvieron representados todos los bloques que dicen apoyar las demandas de los padres, y que suman 30 legisladores. Si todos se lo propusieran sólo faltaría un voto para obligar a que estos proyectos se traten en una sesión extraordinaria de la Legislatura.