La inflación pegó un salto en pocos meses. Los precios se dispararon tras las elecciones legislativas. Los alimentos suben un 40% anual. El nuevo acuerdo entre el gobierno y las grandes cadenas de supermercados no hizo más que convalidar muchas de esas subas. El anuncio de Jorge Capitanich sobre la compra de tomates a Brasil (que se extendería a otros productos) para contrarrestar los aumentos muestra el éxito del nuevo acuerdo, más parecido al “manual de economía” de Cavallo que a la supuesta “heterodoxia” K. A esto se suma el tarifazo del 66% en el transporte (obra del mismo gobierno que “cuida” los precios), la suba de casi 10% en las naftas y del 35% promedio en los peajes de la Provincia de Buenos Aires, fogoneando más inflación. En breve las empresas trasladarán esos aumentos (que para muchas son también costos) a los precios de sus productos. El gobierno criticó la devaluación que ahora lleva adelante en cuotas cada vez más altas. Pero mientras sube el tipo de cambio, como piden las patronales, presiona sobre los precios de los productos e insumos importados que suben con el dólar. La inflación, a su vez, encarece los productos nacionales disminuyendo efecto de la devaluación. El gobierno enfrenta contradicciones insalvables.

Para pronosticar el éxito de este acuerdo hay que recordar que las firmantes son las mismas empresas que torpedearon los compromisos de febrero de 2013 con el ex Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El fraude empresario fue desde cambiar envases para diferenciar productos y cobrar más caro, o en un mismo envase colocar menos cantidad, hasta desabastecer para obligar la compra de sustitutos más caros, pasando por exponer de manera confusa los precios en las góndolas para que cuando uno pasara por caja le cobraran precios mayores a los exhibidos.

En febrero supuestamente se habían congelado 10 mil precios. En agosto se redujeron a 500. Ahora el acuerdo del nuevo Secretario Augusto Costa comprende 194 precios de 100 productos. El funcionario justificó la reducción de los precios controlados por el hecho de que al establecer algunos precios de productos clave éstos presionarían alineando el resto de los productos. Costa también argumentó que el acuerdo traería simplicidad. Y arguyó que se logró el compromiso de la “cadena de valor”, es decir que los oligopolios formadores de precios, a los que el gobierno atribuye la inflación, ahora son un actor privilegiado para evitar el aumento de precios. Una idea llamativa. Si con 10 mil productos controlados no lograron alinear al resto (ni siquiera evitaron el aumento en los propios “congelados”), ¿por qué lo lograrían ahora? Poco creíble.
Tanta artimaña para argumentar que lo que falló antes funcionará ahora (y pese a que el funcionario quiere a los consumidores de “aliados”) oculta que un objetivo central de esta política es poner un techo a los aumentos salariales en las próximas paritarias. El supuesto objetivo del acuerdo es que las empresas tengan ganancias “normales” y que no se apropien de “excedentes”. Pero ni siquiera se establece el congelamiento, sino solo un seguimiento trimestral de precios y costos. Obviamente ya podemos anticipar que las empresas demostrarán que sus costos subieron para justificar nuevos aumentos.

En vez de garantizar una ganancia “normal”, los trabajadores nos deberíamos preguntar por qué no se invierte el procedimiento y se busca que los salarios alcancen un nivel “normal” para vivir, como por ejemplo la canasta familiar, ya de por sí una medida mínima de lo que necesita una familia para llegar a fin de mes. La gran mayoría de los trabajadores está cada vez más lejos de alcanzar el valor de la canasta familiar que supera holgadamente los $8.000. El gobierno estaría buscando acuerdos paritarias menores al 24% promedio del año pasado. Mucho peor es la situación para el 35% de los trabajadores en negro. El poder adquisitivo de los trabajadores se mueve en proporción inversa a las ganancias especulativas empresarias que en 2013 mostraron subas importantes en las cotizantes en la Bolsa de Buenos Aires.

Contra el plan del gobierno la única forma de controlar de verdad los precios es conformando comités de trabajadores y consumidores, empezando por los cientos de miles de las cadenas de supermercados y de las alimenticias, que empiecen por inspeccionar la evolución de los valores de los productos de la canasta familiar. Para eso hay que exigir la apertura de los libros de las empresas, develando las ganancias que obtienen mientras especulan con productos de primera necesidad. Frente a la falta de stock de los productos esenciales hay que requisar los galpones de almacenamiento de las empresas. Para evitar que el salario siga perdiendo, en las paritarias luchemos por un salario mínimo de $8.000, indexación salarial en función de la inflación y pase a planta de todos los tercerizados y precarizados.