En todas las causas son las víctimas, sus familiares, los que tienen que aportar las pruebas, investigar lo que está guardado bajo siete llaves de impunidad. Nuestros compañeros del CeProDH, hijos y familiares, que exigen en la justicia la apertura de los archivos, reciben siempre las mismas respuestas, “no existen archivos” o “no sabemos dónde están”. En mi caso, después de una larga pelea para que se realicen el juicio por el asesinato de mis viejos, aportamos pruebas en la causa ESMA contra los civiles de editorial Atlántida. El juzgado finalmente emitió un pedido al Ministerio de Defensa para que se abran los archivos del caso Barry. Hasta el día de hoy el Ministerio de Defensa, comando por Agustín Rossi, no ha dado una sola respuesta. Lo que impide avanzar en juzgar a los genocidas y sus cómplices civiles. Por eso es que continuaremos peleando porque se abran todos los archivos de la dictadura y sean entregados a los organismos de derechos humanos, los únicos interesados en conocer la verdad.