La policía de Córdoba está vez no es noticia por reprimir una manifestación o por perseguir a los jóvenes de los barrios populares. Ahora salta a la tapa de los diarios por la denuncia televisiva de los vínculos entre la jefatura de la sección de Drogas Peligrosas y sectores del narcotráfico. Esto dejó al descubierto lo que muchos ya saben, que la policía es parte activa de los negocios ilegales.

Esta denuncia la realizó un buchón policial que estuvo “infiltrado” por años en los negocios narcos, como “colaborador”. Pero, según la denuncia, la “colaboración” implicaba que la policía se quedaba con parte de las drogas para venderlas luego por su propia cuenta. Esto detonó un verdadero escándalo político. Luego del pedido de licencia de los policías implicados, en la madrugada del sábado, apareció “suicidado” uno de los oficiales acusados.

Esta es la misma policía que, en varias ocasiones, apareció ligada al negocio de la trata de personas y al regenteo de prostíbulos; y que está acusada de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Se trata de un verdadero aparato mafioso que tiene hoy a su cabeza al Comisario Ramón Frías, acusado por abuso de autoridad y apremios. De la Sota, por su parte, salió a respaldar a la fuerza policial, para garantizar impunidad a cambio de fidelidad.

Estas fuerzas represivas son un verdadero ejército de ocupación al servicio de los intereses de los grandes empresarios y de sus propios negociados. Nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre.

Un importante error de los compañeros de IS

En este marco, ante la crisis política abierta por estas denuncias, los bloques opositores en la Legislatura, solicitaron públicamente una audiencia al gobernador De la Sota. Lamentablemente, Liliana Olivero e Izquierda Socialista firmaron ese pedido en nombre del FIT, sin siquiera haberlo consultado con el resto de las fuerzas que lo integramos, actuando con un método que no corresponde a un trabajo legislativo común.

Pero además, la solicitud a la audiencia incluye planteos abiertamente contrarios a la visión de la izquierda revolucionaria en relación a las fuerzas policiales. Por ejemplo, se afirma que los hechos “representan un daño para la credibilidad y la confianza en las instituciones de seguridad de la democracia” ¿Desde cuándo la “confianza en las instituciones represivas” es el programa de la izquierda?
A esto se suma que firman este pedido junto al Frente Cívico de Juez y Binner (el ex jefe del narcopolícía Tognoli en Santa Fe) y la misma UCR cuyo candidato es el “milico” Aguad, famoso por sus vínculos con la policía y por compartió palcos con el genocida Menéndez. Ese pedido también cuenta con la firma el PRO.

Creemos que se trata de un importante error de los compañeros de IS, tanto por ayudar a partidos patronales, implicados con la impunidad policial, mejorar su imagen, como por plantear que esto “perjudica” a la policía. Para los revolucionarios, cuyo programa es la disolución de las fuerzas represivas, ese “brazo armado al servicio del capital” al decir de Engels, debe ser desenmascarado aprovechando hasta el final cada denuncia que muestre su verdadero carácter.