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Partido de los Trabajadores Socialistas
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César Milani en Mendoza
22 Aug 2013 | Nicolás Del Caño - Dirigente del PTS candidato a diputado nacional por Mendoza en el Frente de Izquierda.

Mientras esperamos la extradición del genocida Otilio Romano, prófugo en Chile, para que se lo juzgue y encarcele, la presencia del jefe de Ejército en Mendoza sacudió al oficialismo local. En los días previos al homenaje al General San Martín, realizado el 17 en Tunuyán, se abrió una crisis entre los funcionarios k. “Milani no viene. Nunca estuvo previsto que viniera”, dijo el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, buscando despegarse del militar acusado de delitos de lesa humanidad y enriquecimiento ilícito. Pero el gobernador Francisco “Paco” Pérez lo desautorizó y confirmó que Milani integraría la delegación oficial encabezada por el ministro de Defensa Agustín Rossi. La controversia se produjo a pocos días de la derrota electoral a manos del ex vicepresidente k, Julio Cobos.

La hipocresía de la UCR, el PD y compañía

Entre los primeros en rechazar la presencia de Milani estuvo la UCR, mostrando que la hipocresía y el doble discurso no son sólo “cualidades kirchneristas”. Los radicales del Punto Final y la Obediencia Debida se atreven a enarbolar las banderas de los DD.HH., cuando el mismo Cobos como gobernador incorporó a su gabinete al represor Luis Stuhldreher, ex intendente de San Rafael en la dictadura, y el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo (UCR-Cobos), se asoció para la “seguridad pública” con otro represor, el policía retirado Fernando Morellatto Donna, recientemente condenado por la Justicia Federal.

Más allá de la disputa, todas las fuerzas políticas de la clase dominante de la Mendoza conservadora tienen lazos de sangre con funcionarios y militares del genocidio. Juan Carlos Aguinaga fue candidato a vicegobernador por el Partido Demócrata en 2007, año en que estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial junto al genocida Carlos Rico. El tradicional PD fue aliado de dictadores como Videla y Onganía. Sus dirigentes integraron esos gobiernos, como los interventores federales de Mendoza, Bonifacio Cejuela y Eliseo Vidart Villanueva, el ex ministro de Bienestar Social y Defensa de Galtieri, Amadeo Frúgoli, y el ex ministro de Gobierno de Mendoza Alberto Aguinaga, hermano de Juan Carlos. Este último se integró al gabinete del gobernador Jaque (2007-2011) para aplicar sus métodos y planes de “seguridad”. A su llegada designó a cinco comisarios, exonerados a fines de los ‘90, al frente de las subsecretarías del Ministerio. Entre ellos a Carlos Rico. Poco después se sucedieron interminables denuncias sobre el accionar represivo de estos funcionarios, como los informes de inteligencia realizados sobre conflictos obreros.

Mención especial merece la decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Uncuyo, Graciela Cousinet, que denuncia a Milani y ridiculiza la excelente elección del FIT, pero oculta que su partido, Libres del Sur -hoy con el cobismo- viene de integrar el FAP que candidateó nada menos que al ex juez Luis Leiva, amigo del juez de la dictadura Otilio Romano y colaborador directo de éste en su fuga hacia Chile en 2011.

Los políticos patronales opositores usan el Caso Milani y del modo más cínico pregonan la necesidad de un “ejército democrático”. Pero nada dicen de que la historia de las FF.AA está ligada a los acontecimientos más luctuosos de los explotados, reprimidos a sangre y fuego para sostener el orden político y social capitalista. Así fue en la última dictadura en la que participó Milani.

Durante estos 30 años de democracia el peronismo (con el kirchnerismo como expresión más “progresista”), el radicalismo y demás partidos patronales impidieron llevar a todos los culpables por los crímenes de la dictadura a la Justicia. Al contrario, hicieron todo por la impunidad de gran parte del aparato represivo que aún hoy sigue con miles de genocidas en funciones. Impunidad que deja a salvo a esos mismos partidos y sus dirigentes más antiguos, que deberían ser sentados en el banquillo por sus múltiples colaboraciones y complicidades con el genocidio. Por eso planteamos que se abran todos los archivos de la dictadura, que siguen resguardados por el Estado bajo siete llaves, para que salga a la luz quiénes fueron los culpables de la desaparición de 30.000 compañeros y del saqueo perpetrado a partir del golpe militar. 

Una política opuesta a la de todos los partidos patronales

Para luchar por el juicio y castigo de todos los genocidas y sus cómplices, el PTS en el FIT se propone conquistar diputados y legisladores que levanten un programa que enfrente la impunidad. Para impulsar la lucha por cárcel perpetua y común para todos los genocidas, los responsables de los crímenes de la Triple A y los asesinos del gatillo fácil. Y que se disuelvan todos los aparatos y sistemas de inteligencia utilizados para espiar e infiltrar a las organizaciones obreras y populares, como el Proyecto X.

 

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