La verdad se impuso y César Milani, hasta el momento, no fue ascendido a Teniente General del Ejército, pese a los ríos de tinta que le destinaron los escribas oficialistas. Esa verdad la vienen sosteniendo ex detenidos y sobrevivientes de La Rioja, familiares del conscripto desaparecido Alberto Ledo, y quienes junto a organismos como la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y otros del Encuentro Memoria Verdad y Justicia venimos denunciando el “prontuario” de Milani y exigiendo su inmediato juicio y castigo. Que la utilice Lanata como vocero de “la Corpo” en su pelea con el gobierno no invalida esa verdad, aprovechada también por impresentables como Juan Carlos Romero o la UCR, el partido de la Obediencia Debida y el Punto Final. Resulta grotesco escucharlos denunciar a un genocida.
Pero lo más grave es el salto en la sumisión al gobierno de algunos organismos de derechos humanos. Estela de Carlotto dijo que “no había pruebas” para impugnar el pliego de Milani, poniendo en duda las denuncias de la madre de Ledo (fundadora de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja) y de sobrevivientes. A su vez Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación y fundador de H.I.J.O.S. de Córdoba, escondió el prontuario de Milani. El propio CELS, que hasta ese momento venía con la letra del gobierno, lo dejó en evidencia: “Hemos podido constatar que otra copia de esta acta (con la declaración del ex detenido Olivera) obraba en poder de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”. La presidenta de Abuelas llegó a plantear que “si presumimos que cada miembro de una fuerza que estuvo en un lugar determinado es responsable, tenemos que juzgar a todos sus integrantes”.
No caben dudas de que el Ejército y todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad actuaron de conjunto, con todos sus integrantes, como el pilar del Estado terrorista. Y para todos ellos queremos juicio y castigo.

El CELS finalmente el lunes, minutos antes de iniciarse el tratamiento del pliego de Milani, presentó ante el Senado una carta en la que impugna el ascenso y, de hecho, cuestiona el modo en que se asciende a los militares y son llevados a cabo los juicios contra los genocidas: “Hemos continuado la investigación (…) Así hemos podido reunir información que vincula a Milani con hechos que se investigan en el marco de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Esta información obraba en expedientes judiciales y en actuaciones administrativas provinciales y nacionales…”. Sin embargo, ninguna acusación judicial pesa sobre el militar de Cristina.

Se impuso la verdad, la que viene de los sobrevivientes y familiares. La que el Estado oculta, como lo hizo Fresneda, el mismo que aspira a que “en el transcurso de 2015 empiecen a concluir los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad”.

Es lamentable la subordinación de estos organismos al gobierno, que proclama abiertamente su política de reconciliación. Si no dicen lo contrario, lo avalan. Qué distinto sería si toda esa fuerza en defender lo indefendible se empleara en denunciar que una ínfima parte de los genocidas fue condenada, que miles siguen en funciones, que se realiza inteligencia e infiltración contra las organizaciones sociales, políticas y de trabajadores, que más de 5.000 luchadores están procesados, que Julio López, Luciano Arruga, Daniel Solano y tantos otros siguen desaparecidos, que más de 20 compañeros fueron asesinados por luchar durante el kircherismo, que los qom son sistemáticamente perseguidos y que no cesa el gatillo fácil.

Desde el CeProDH seguiremos estando al servicio de estas peleas y, junto al resto de organismos que nos hemos mantenido independientes del Estado y combatimos las políticas de cooptación del kirchnerismo, nunca dejaremos de pelear contra el olvido, el perdón y la reconciliación.