El miércoles 22 de mayo, mientras el gobernador chaqueño Jorge Capitanich era recibido con honores por Jorge Bergoglio en el Vaticano, Florentín Díaz moría en un hospital de Castelli (Chaco) víctima de la represión dirigida por Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el vice a cargo del gobierno provincial por esas horas.
Florentín, qom de 37 años, había salido a cortar la ruta junto a cientos de pobladores reclamando que el Estado vuelva a entregarle a las comunidades indígenas los alimentos que les dejó de proveer hace un tiempo. El desalojo a sangre y fuego dejó un saldo de un muerto, 59 heridos y más de 100 detenidos.
A pesar del esfuerzo de los funcionarios del hospital por hacer pasar la muerte de Florentín como producto de un accidente de tránsito, la policía volvió a atacar a amigos y familiares que esperaban novedades en las puertas del hospital.
Dos semanas antes, en Formosa, 30 matones habían atacado brutalmente a Abelardo, hijo del dirigente qom Félix Díaz. Todavía conmocionado, Félix manifestó en el programa Pateando el Tablero que el ataque era “una señal más del gobierno de Formosa por querer impedir nuestro reclamo territorial (…) En plena democracia hablan de derechos humanos pero la Justicia y el gobierno nos tratan como delincuentes (…) Yo tengo una causa penal por usurpación, lo que es ridículo porque nací acá al igual que mis padres”.
Las comunidades qom, wichí, pilagá y mapuche son atacadas cada vez con mayor regularidad. En los últimos cinco años al menos 18 indígenas fueron asesinados en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Río Negro. Crímenes sin esclarecimiento ni culpables.
Los ataques provienen desde el Estado o bien de las “guardias blancas” de los terratenientes y empresarios sojeros. El objetivo siempre es el mismo: doblegar la resistencia originaria en pos de extender los negocios capitalistas. Hasta hace poco se decía que Chaco, Formosa y Santiago eran provincias “inviables”, pero los altos precios de la soja y la tecnología que permite cultivar en todo tipo de suelo transformaron a esos campos en una gran oportunidad. Eso sí, para que unos pocos se enriquezcan hay que arrasar con todo lo que estorbe.
Myriam Bregman, miembro del CeProDH y el PTS, responsabiliza directamente al kirchnerismo. “Para sostener el negocio de la soja, Insfrán, Capitanich y otros gobernadores usan sus topadoras para arrasar a los dueños legítimos de las tierras. Una represión acompañada del aislamiento de esas comunidades, negándoles el acceso a los recursos, al agua, a la salud y a la Justicia. Buscan poner de rodillas a esos pueblos.”
A pesar de sufrir una de las mayores persecuciones de su historia reciente, esos pueblos no están solos. Muchas organizaciones populares están apoyando a estas comunidades oprimidas por el Estado y los capitalistas. Myriam Bregman comenta que “hace pocas semanas estuvieron en Buenos Aires Félix, Amanda y otros miembros de la comunidad qom haciendo estas denuncias. Allí estuvimos junto al resto de las organizaciones sociales y de derechos humanos que apoyamos su lucha y su resistencia. A pesar del discurso contra la Sociedad Rural y otros empresarios del campo (como Aranda de Clarín) Cristina Fernández y sus gobernadores les proveen todos los medios para que extiendan la frontera de la soja con sus topadoras”.
El 25 de mayo la presidente festejó sus diez años de gobierno en Plaza de Mayo. En medio de su discurso, frente a miles de personas, destacó como una clave de su gobierno “no reprimir a un solo argentino porque corta una calle”. A sus espaldas, compartiendo con ella el escenario, aplaudían satisfechos Gildo Insfrán, Jorge Capitanich, Gerardo Zamora y otros gobernadores represores. Por esas horas en Castelli era sepultado Florentín Díaz, otro qom víctima del “modelo”.