El salario obrero pierde poder de compra día a día por efecto de la inflación. A esto se suma otro saqueo. Son cada vez más los trabajadores en blanco que pagan impuesto al salario (mal llamado a las ganancias, en tanto el salario no es ganancia). Las alícuotas (es decir, el porcentaje que se descuenta) se incrementa con los aumentos salariales, que por efecto de la inflación y del mismo impuesto terminan no siendo tales, sino rebajas del poder de compra.
La carga de impuestos sobre el salario no termina ahí. El salario obrero se destina casi en su integridad al consumo de alimentos y vestimenta, que está cargado con el IVA (impuesto al valor agregado) que es del 21%. Cada vez que un trabajador efectúa una compra en un supermercado, en un almacén o una tienda de ropa paga ese 21%.
A todo esto hay que agregar que en cada recibo de sueldo el trabajador ya tiene de por sí un descuento de mínima del 17% para obra social y jubilación, que naturalmente deberían pagar las patronales.
El impuesto a las ganancias y el IVA los recauda el Estado Nacional. Pero los estados provinciales agregan nuevas cargas que afectan al salario. La gran mayoría de su recaudación proviene del impuesto a los ingresos brutos. Las alícuotas pueden llegar a ser de hasta un 5% y se aplican sobre todo monto facturado por las empresas y que éstas, como resulta evidente, descargan sobre el precio que pagan los consumidores, en su mayoría trabajadores. Los municipios suman otras tasas como las que se pagan por alumbrado, barrido y limpieza que pagan todos los hogares.
Sumando el impuesto a las ganancias, el IVA, los descuentos por recibos, el gravamen a los ingresos brutos y las tasas municipales un trabajador en blanco termina afectando más del 50% de su salario al pago de impuestos.
Los trabajadores en negro cobran en promedio $3.400 que no llega a cubrir ni la mitad de la canasta familiar ($7.000) que necesita una familia obrera para apenas llegar a fin de mes. Que los trabajadores en negro no paguen impuesto a las ganancias ni tengan descuento por recibo no significa que estén mejor. Deben destinar la mayor parte, sino todo, de sus bajos salarios a consumos básicos como alimentos y vestimenta. No tienen jubilación y si se enferman no cuentan con ningún respaldo médico. Su condición no significa un ahorro de impuestos que se embolsa el trabajador, sino un beneficio para el patrón que tiene menos costos laborales.
Es tarea de la lucha de los trabajadores acabar con el impuesto al salario y el IVA a los consumos populares, a la vez que pelear por aumentar el peso de las contribuciones patronales que tienen generosos descuentos que vienen del menemismo y continuaron con los K.

Los especuladores no pagan
El supuesto progresismo oficialista no deja de declamar lo aberrante que resulta que la renta financiera no pague un centavo de impuestos. Su cinismo no tiene límites después de diez años de gobierno. Ahora le dieron una ley a los evasores y a los dueños de otros dineros mal habidos para que blanqueen sus capitales con enormes beneficios y sin tener que pagar nada por lo evadido. La oposición centroizquierdista y hasta la de derecha (que en muchos casos es prácticamente la misma como se ve en la alianza de Victoria Donda con el representante de los bancos Prat Gay) también denuncia este beneficio para los especuladores. Con tanto apoyo que pareciera que tiene la idea de gravar la renta financiera es sospechoso que todavía no se haya implementado. El régimen social capitalista demuestra que los propietarios del dinero son sus principales privilegiados. Hay que poner fuertes impuestos a la renta que se obtiene en las grandes operaciones financieras con bonos y títulos, que a la vez son ampliamente utilizadas para fugar capitales y presionar por una devaluación.

La minería paga mínimos impuestos
La mega-minería contaminante es otra de las privilegiadas del “modelo”. El marco regulatorio de los ’90 que privilegia el ingreso de inversiones extranjeras ofrece enormes incentivos fiscales que les permite pagar muy poco de impuestos, además de otros beneficios como la libre disponibilidad de la propiedad de los recursos minerales y liberalización en el movimiento de capitales. Este saqueo tiene estabilidad fiscal y seguridad jurídica a muy largo plazo. El “Estado presente” que dicen construir los K no alcanza al control, inspección y regulación de estas empresas multinacionales. Sus balances son un maquillaje que esconde las verdaderas ganancias para pagar incluso menos de lo poco establecido legalmente. Hay que establecer el control obrero y de las asambleas ambientalistas de la integridad del proceso de producción para determinar cuánto extraen realmente, como así también para evitar la contaminación. Hay que exigir la apertura de los libros de contabilidad para exponer el monto del saqueo.

Empresarios felices
A los beneficios que gozan la especulación financiera y la minería habría que agregarle que la estructura impositiva funciona en gran medida volcada sobre las espaldas de los trabajadores. La parte más importante de la recaudación proviene del IVA (29% del total), luego siguen los aportes a la seguridad social (28%). Los exportadores agrarios aportan por retenciones una parte menor a la recaudación total (7%). Y las ganancias empresarias también aportan cantidades relativamente menores. El impuesto a los bienes personales que grava la riqueza personal tiene tasas ridículas (su recaudación aporta el 1%) y la herencia no paga impuestos. En la justicia patronal los jueces y fiscales no pagan impuesto a las ganancias mientras cobran suculentas mensualidades. A su vez, los empresarios disfrutan de otros beneficios como la promoción industrial que existe en varias provincias que permiten no pagar varios impuestos y postergar el pago de otros. Sin contar que, aún gozando de todas esas ventajas, los empresarios se arman de toda una apoyatura de profesionales que basados en la propia legalidad burguesa los ayuda a evadir impuestos dibujando balances. Hay que establecer impuestos progresivos a las grandes fortunas. Si la recaudación recae sobre las espaldas de los trabajadores, lo contrario sucede con los gastos del Estado que en buena parte se dilapidan en subsidios a las ganancias de los empresarios y en la deuda. El relato de la “década ganada” es puro verso.