El juicio contra los imputados por el crimen de Mariano Ferreyra está llegando a su fin. Cuando esta edición esté en la calle se dictarán las sentencias y los acusados tendrán la oportunidad de tomar la palabra, después de haberse negado a declarar durante los ocho meses de juicio. José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández, acusados de ser los autores intelectuales del ataque a los manifestantes, hasta ahora sólo se limitaron a dar sus datos personales. Pedraza dio el domicilio del piso 18 que tiene en Puerto Madero y declaró un ingreso mensual de $25.000 como “empleado”. Entre los imputados se encuentran, además, miembros de la lista Verde de Pedraza, barras bravas y policías de la Federal. Todos usaron hasta ahora la misma estrategia: negarse a declarar para evitar el riesgo de quedar más implicados en lo sucedido. Sus defensas estuvieron en manos de estudios de abogados, todos especialistas en patrocinar genocidas, espías y delincuentes de “guante blanco”, “servicios” que cuestan millones de pesos. Trazaron una estrategia en común: sostuvieron que fue una suerte de pelea callejera entre bandas.

Un “crimen en riña”, como tipifica el Código Penal. Pero las decenas de testigos, en su mayoría los protagonistas de larga lucha contra el trabajo tercerizado, pudieron demostrar el móvil del crimen: continuar con la estafa del empleo precario al que eran sometidos por la complicidad del Estado con las patronales y la burocracia sindical. El gobierno, después de las masivas movilizaciones que comenzaron pocas horas después del crimen, trató de mostrar que a instancias suyas se iniciaba este juicio, pero sigue apañando burócratas tan nefastos como Gerardo Martínez de la UOCRA (ex agente civil del batallón 601), mientras en el ferrocarril sostiene al pedracismo sin Pedraza.

La verdad quedó expuesta

Después del fatídico 20 de octubre se allanaron las oficinas de la UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) donde se encontró un verdadero arsenal en la empresa que gestiona el Ferrocarril Roca. Además, en el juicio quedó demostrado que la UGOFE y la Unión Ferroviaria organizaron la salida de unos 120 trabajadores de los talleres de Remedios Escalada, con “permiso gremial” para integrar la patota que atacó a los manifestantes, asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre, compañeros del Partido Obrero, y Ariel Pinto. Testigos señalaron al delegado de la Verde, Pablo Díaz, como el responsable de dar las órdenes durante el ataque y que vía handy le comunicaba al “Gallego” Fernández lo que sucedía.

Durante el juicio se pudo conocer a través de los testimonios de trabajadores cómo opera UGOFE. Empresa creada por un decreto de Néstor Kirchner en el 2004 para gestionar los servicios ferroviarios de las líneas Roca y San Martín, a la que el Estado le financia los gastos operativos, abona los sueldos y las eventuales inversiones para arreglos o mejoras que se realicen en esas líneas. Mientras los trabajadores eran contratados en forma precaria por un tercio del salario de un efectivo, sin los mínimos derechos laborales, los empresarios obtenían cuantiosas ganancias en subsidios por el solo hecho de gestionar un servicio ferroviario obsoleto en el que no invirtieron un peso. Alcanza recordar la tragedia de Once para entender esta estafa. Testimonios como los de Pablo Villalba (trabajador tercerizado de la lista Bordó) dieron a conocer los vínculos de la UGOFE con la conducción de la UF, donde ambos actuaban como empleadores de los tercerizados. Es que justamente eran socios en la millonaria estafa de las tercerizadas. Pero también quedó en evidencia que la masacre de Barracas no se podría haber cometido sin el concurso de los destacamentos de la Federal y la Bonaerense que liberaron la zona, facilitaron el accionar de los grupos de choque y encubrieron a los asesinos de la patota de la UF.

Escuchas entre cómplices

Si bien la trascripción de las escuchas telefónicas entre Pedraza y Tomada, y Pedraza y Rial se conocieron durante el juicio, ahora se hizo público el audio. Escuchar el tono de complicidad que el ministro de Trabajo y la viceministra usan con el burócrata deja a las claras, por si hacía falta, las denuncias que expusieron los trabajadores: que este fue un crimen contra la clase obrera organizada, cometido bajo el auxilio de una red de cómplices. A pesar del trabajo en común entre ministros y burócratas, la lucha persistente de los tercerizados logró el triunfo. Más de 1500 compañeros pasaron a planta permanente.

Los que ya fueron absueltos 

Se demostró que la PFA fué partícipe necesaria del crimen, dejando una “zona liberada” para que la patota asesina arremetiese contra los compañeros. El colmo es que las filmaciones de los hechos se cortan “justo” cuando avanzan los delincuentes mandatados por Pedraza. Sin ésta participación de la PFA, el crimen tal vez no hubiera podido cometerse. 

Contrario al pedido de la querella del PO y la CORREPI, la fiscalía solicitó penas por “abandono de persona” para los efectivos implicados en el operativo. Intentaban salvar al poder político K.

Los que no fueron juzgados

Por eso sostenemos que no están siendo juzgados todos los responsables. Afuera quedaron Carlos Tomada y Noemí Rial, que colaboraron desde el Ministerio de Trabajo en legalizar el trabajo tercerizado. Tampoco Aníbal Fernández, quien era jefe de la Federal y responsable de dar las órdenes. Incluso, uno de los comisarios imputados sostuvo: “La policía es el brazo armado del poder político, y el que dispone del poder político es el Poder Ejecutivo”. También falta procesar a los empresarios de la UGOFE que se beneficiaban con esta modalidad de emplear tercerizados, y se demostró que colaboraron aquel día del ataque.

Probar este entramado no fue difícil. A los que les resultó difícil sostener la hipótesis de crimen en riña, fue a los abogados defensores. Por esto hasta los fiscales tuvieron que pedir perpetua para algunos de los acusados, aunque dejaron libres a dos de la patota de la UF, Uño y Pérez.

Pedimos perpetua para los asesinos. Para los que apretaron los gatillos, los que dieron las órdenes y quienes colaboraron con su plan criminal. Todos tienen que pudrirse en la cárcel.

Si la sentencia dicta las penas máximas y perpetuas para todos los acusados será un gran logro de todos los que venimos luchando por juicio y castigo de los responsables del crimen de Mariano, en particular los trabajadores ferroviarios que continúan peleando contra la Verde, la organización sindical de Pedraza que mantiene a los trabajadores ferroviarios a raya. Pero la lucha por justicia por Mariano va a continuar hasta que todos los responsables políticos y empresarios estén tras las rejas. Justicia por Mariano significa, también, que los ferroviarios se saquen de encima ese lastre que es el pedracismo sin Pedraza. Por todo esto es que llamamos a poner todas nuestras fuerzas militantes para continuar esta lucha.

Desde el PTS y su juventud, junto a la Agrupación Naranja del Roca convocamos a movilizarnos el viernes 19 para exigir perpetua a Pedraza y todos los responsables.

Mariano Ferreyra ¡Presente! 

Tomada y Rial tienen que renunciar

Tanto las escuchas en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra (ver en www.tvpts.tv) como la evidente responsabilidad de Rial en la causa armada contra los delegados del Garrahan demuestran que las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo se han dedicado todos estos años a perseguir y atacar a los trabajadores en complicidad con las patronales y la colaboración inestimable de la burocracia sindical. En el caso del crimen de Mariano hay sobradas muestras de que ambos funcionarios tenían no sólo una relación amistosa con el asesino Pedraza, fueron cómplices con el crimen de Mariano Ferreyra. Por eso los trabajadores y trabajadoras tenemos motivos para exigir que Tomada y Rial renuncien y sean indagados por su vinculación con la mafia de las empresas tercerizadas en el Roca, su vinculación con Pedraza y su patota, y su responsabilidad directa o indirecta en el crimen de Mariano Ferreyra.