El proyecto de ley impulsado por el dirigente ceramista y diputado del FIT, Raúl Godoy, se inspira en una gran tradición revolucionaria, entre ellas en la Comuna de París de 1871, el primer gobierno obrero de la historia que ha dejado en su corta duración (18 de marzo-28 de mayo) una serie de medidas y lecciones que han sido bandera de la lucha de la clase obrera y el socialismo revolucionario a lo largo del siglo XX.

La democracia para ricos basa su sistema de representación en la existencia de una casta de políticos profesionales que viven a expensas del Estado burgués cobrando suntuosos salarios y gastos de representación que los coloca por encima del pueblo pobre y los transforma en instrumentos dóciles de los intereses del gran capital.

Frente a ello el planteo de Godoy retoma las banderas de lucha democráticas e igualitaristas que plantaran los obreros parisinos en su heroica experiencia de la Comuna. El dirigente de la Revolución Rusa Vladimir Lenin valoraba de la siguiente manera el decreto sobre el salario de los funcionarios: “es singularmente notable una de las medidas decretadas por la Comuna, que Marx subraya: la abolición de todos los gastos de representación, de todos los privilegios pecuniarios de los funcionarios, la reducción de los sueldos de todos los funcionarios del Estado al nivel del “salario de un obrero”. Aquí es precisamente donde se expresa de un modo más evidente el viraje de la democracia burguesa a la democracia proletaria, de la democracia de la clase opresora a la democracia de las clases oprimidas” (El Estado y la Revolución). Junto con ello los obreros parisinos decretaron la revocabilidad de los cargos elegibles. De esta manera la función de la representación política queda colocada bajo la vigilancia atenta de los trabajadores y el pueblo pobre que deciden democráticamente la continuidad o el cese de sus funciones de acuerdo a si cumple o no con su mandato. Pero además como señalaba Lenin. “La cultura capitalista ha creado la gran producción, fábricas, ferrocarriles, el correo y el teléfono, etc., y sobre esta base, una enorme mayoría de las funciones del antiguo “Poder del Estado” se han simplificado tanto y pueden reducirse a operaciones tan sencillísimas de registro, contabilidad y control, que estas funciones son totalmente asequibles a todos los que saben leer y escribir, que pueden ejecutarse en absoluto por el ´salario corriente de un obrero´, que se las puede (y se las debe) despojar de toda sombra de algo privilegiado y ´jerárquico´”. La consigna de la bancada neuquina del FIT tiene el mérito de desgarrar el manto sagrado que encubre el ejercicio de la función publica como un asunto de especialistas y políticos profesionales inaccesibles para un trabajador común.

Ciertamente la Comuna de París había expulsado a los capitalistas del poder y el gobierno revolucionario se basaba en el armamento general de los obreros. Sin embargo, el valor de la consigna de que el salario de los diputados, planteando su extensión a todos los funcionarios públicos, se iguale al de un docente, estriba en que pone en cuestión el contenido opresivo de la democracia burguesa y su sistema, devela a los ojos de los trabajadores y el pueblo pobre el interés de clase de los políticos patronales y prepara la conciencia obrera para la superación revolucionaria del régimen político de la burguesía. En este sentido los socialistas revolucionarios planteamos un conjunto de demandas democráticas como la elección por sufragio universal y la revocabilidad de los jueces, la abolición de la figura presidencial que hoy se maneja con poderes discrecionales y la disolución del Senado que representa los intereses particulares de las oligarquías provinciales, y su reemplazo por una Cámara única que fusione las tareas legislativas y ejecutivas.

La movilización por estas demandas democráticas acerca a los trabajadores a la lucha por el gobierno obrero y del pueblo pobre. Un poder que haga honor y lleve adelante el programa de la gloriosa Comuna de París.