Si bien el juez kirchnerista, Ariel Lijo, pretendió archivar la causa contra Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, por su accionar cuando era agente del Batallón de Inteligencia 601 en la dictadura, la sala II de la Cámara Federal dio lugar al pedido de la querella y revocó ese fallo, reabriendo la causa para continuar la investigación.

En septiembre del 2012, el juez Lijo cerró la causa que se había iniciado por la denuncia realizada por el sindicato SITRAIC y organismos de DD HH, como la Asociación ex detenidos desaparecidos, la Correpi, Apel y el CeProDH, entre otros. Pero la persistente lucha de estos organismos, que se constituyeron como querellantes, logró reabrir la causa. La querella sostiene que hay pruebas para investigar y procesar por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad al jefe del gremio de la construcción, cuando cumplía funciones como personal civil del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino en el período 1982/1984.

Los organismos querellantes alegaron, para revocar el fallo que dejaba sin efecto esta investigación, que están en condiciones de impulsar el proceso y aportar líneas de pesquisa para demostrar la responsabilidad Martínez. El sindicalista amigo del gobierno kirchnerista, quien hasta que se conoció este antecedente nefasto en 2011 era el candidato oficial a suceder a Moyano al frente del la CGT, goza de la impunidad de la que lo han beneficiado los distintos gobiernos democráticos, al mantener los archivos secretos sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, clausurados al acceso de los organismos de DD HH que durante años han sido los genuinos impulsores de los juicios por la Verdad y la Justicia. Este 24 de marzo, volveremos a movilizarnos para que todos los responsables del genocidio sean condenados, incluidos todos sus cómplices empresariales, civiles y de la burocracia sindical.