(29/01/2013) El anuncio de la presidenta Cristina Fernández aumentando un 20% el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de la 4° categoría, es decir el que se aplica sobre el salario, es una burla a los trabajadores que vienen reclamando contra ese impuesto y están en el inicio de las negociaciones paritarias. Antes de este anuncio, el impuesto se aplicaba a quienes superaban los $5782 de salario neto para los solteros y los $7998 para casados con dos hijos, el mínimo ahora será de $6939 y $9597 respectivamente.

Luego de casi dos años (la última modificación fue en abril del 2011), el gobierno decreta una suba del 20%, cuando la inflación durante todo ese período superó el 50% y se aceleró en los últimos meses; varios cálculos estiman que este año puede llegar al 30%. Hoy la mayoría de las negociaciones paritarias todavía no se abrieron; con esta suba un sector de trabajadores pasa a estar exento de pagar el impuesto por un mes o dos, pero apenas acuerden sus paritarias nuevamente volverán tributar. El promedio de aumento posible que se calcula en las paritarias de este año va del 20 al 25%, por lo tanto serán más trabajadores a los que se les aplique el impuesto al salario luego del cierre de las mismas. Se superará el 25% de los trabajadores en blanco que hoy ven afectados sus ingresos por este impuesto, y nuevos trabajadores pasarán a tributar. Pero además tendrán que pagar más, porque no se actualizaron las escalas para el cálculo de la aplicación del monto del impuesto, que no se modifican desde el 2000, es decir hace 13 años. El chantaje pasa porque el trabajador tenga que elegir entre dos opciones de ajuste a su salario, si acepta menores aumentos paritarios puede no verse afectado, pero si exige recomposición salarial de acuerdo a la inflación, el recorte viene por el impuesto.

Además la presidenta anunció un vergonzoso aumento del haber mínimo para nuestros jubilados, que pasarán a cobrar la miseria de $2165 mensuales a partir de marzo; no llega ni al tercio de lo que se calcula el costo de la canasta familiar. La situación de nuestros jubilados, donde más el 80% cobra la mínima, deja al desnudo la mentira del proyecto “nacional y popular”. Mientras tanto el mínimo vital y móvil estará a partir de febrero en $2875, menos de la mitad de la canasta básica.

Y encima no se modificaron ni actualizaron los topes a partir de los cuales se reducen los montos o directamente se dejan de percibir las asignaciones familiares. El monto de las asignaciones por hijo que reciben los trabajadores va disminuyendo con los aumentos de salarios (por ejemplo cuando se el salario supera los $4400 la asignación por hijo disminuye de $ 250 a $160) y si alguno de los miembros del “grupo familiar” supera los $7000 de salario, directamente se le quita la asignación.

De conjunto es una política de ajuste sobre el salario de los trabajadores que se hace por vía de la inflación, el impuesto al salario, la presión para que haya un techo en las paritarias, haberes de miseria para los jubilados y recorte de las asignaciones que afectan a un porcentaje cada vez mayor de trabajadores.

A esto se refiere la presidenta cuando llama a “poner el hombro” y exige moderación en las negociaciones paritarias. Los cálculos ridículos y falsos que hace por la cadena nacional, donde pone ejemplos de trabajadores que pagarían sólo $3 pretendiendo dar la idea que el impuesto es insignificante, se caen por sí mismos ya que si así fuera podría eliminar el impuesto o subir significativamente el mínimo y prácticamente no se afectaría la recaudación, y además se contradice cuando a la vez agranda los números del “sacrificio fiscal” que hace el Estado, que afirmó que era de más $8.000 millones.

No por nada el primero en calificar de positivos los anuncios fue el jefe de la UIA, Ignacio de Mendiguren. Algunos miembros de la CGT y CTA oficialista salieron a dar un tímido apoyo, lo que demuestra que no pueden “festejar” estos anuncios que no conforman a sus propias bases.

Por su parte Hugo Moyano calificó de “insuficiente” el aumento y dijo que ahora había que pedir aumentos salariales mayores al 25% en las paritarias (y Barrionuevo habló de “paros”) pero no anunció ninguna medida, ni plan de lucha que le dé continuidad al parazo del 20N, ante esta nueva estafa contra los trabajadores.

Llamamos a pelear por la anulación del impuesto a las ganancias aplicado sobre el salario que afecta a trabajadores y jubilados. A la vez se debe exigir un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar que hoy ronda los $7000, y el 82% para los jubilados. Por la universalización y actualización de los montos de las asignaciones familiares. Todos los aumentos deben actualizarse de acuerdo a la inflación real. Basta de precarización laboral y trabajo en negro.

Hay que exigir, en primer lugar a la CGT de Moyano y la CTA Micheli, la convocatoria a un plan de lucha que puedan discutir en asambleas todos los trabajadores, para defender el salario y poner un piso unificado para las negociaciones paritarias que no puede ser menor al 30 o 35% de mínima; que la plata salga de los millonarias ganancias de los empresarios que son los que ganan con la inflación y el “cepo” a los salarios.

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