Los saqueos a comercios y supermercados que se produjeron en más de cuarenta ciudades antes de los festejos de Navidad, terminaron de desenmascarar las mentiras del discurso K. A los trabajadores que fueron al paro general del 20 de noviembre, reclamando esencialmente contra el impuesto al salario y por las asignaciones familiares, el gobierno los enfrentó con el argumento que toda su política económica y ese impuesto era para beneficiar a los sectores más vulnerables. Se jactaba de haberlos sacado de la pobreza y de haber logrado, gracias al “modelo de desarrollo con inclusión social”, una mejora sustancial de sus condiciones de vida.

Las imágenes de la semana pasada desarmaron este último mito del deshilachado relato oficial.

Ahora la respuesta política de los funcionarios gubernamentales es denunciar una presunta “mega conspiración” organizada por las “corporaciones” contra el gobierno “nacional y popular” y consecuentemente acusó de “vándalos” y “delincuentes” a quienes participaron de los saqueos, con un lenguaje policial y gorila, al mejor estilo de la derecha más dura. La respuesta material fue la represión lisa y llana con cerca de 700 detenidos. En esto último coincidieron tanto los gobiernos oficialistas o “semi-oficialistas”, como Scioli en la provincia de Buenos Aires (que no deja de recibir elogios de los Moyano) y los opositores como Bonfatti en Santa Fe (del FAP de Binner y Libres del Sur).
La “gran conspiración” se desvanece ante la realidad de los hechos. Hubo saqueos en provincias y localidades de gobiernos de distinto signo político, tanto kirchneristas como de la oposición patronal. En el Bariloche del kirchnerista Omar Goye, en la Santa Fe de Binner y hasta en comunas del conurbano como Malvinas Argentinas donde Jesús Cariglino es duhaldista o en San Fernando donde el intendente comulga con Sergio Massa.

Si la política de los partidos patronales y sus internas “metieron la cola” para empujar los saqueos, como muchas veces sucede en este tipo de acontecimientos y especialmente en el contexto de las “pequeñas guerras” de la interna peronista, eso no es lo más relevante. Porque además, como reconocieron algunos analistas oficialistas, para que esas “operaciones” se realicen con cierto éxito tiene que existir un marco económico, social y político que le posibilite cierta relevancia. Lo significativo es que estas acciones fueron protagonizadas por miles de personas desesperadas debido a las condiciones miserables de existencia a las que son condenadas en la Argentina kirchnerista (o en la Santa Fe “socialista” o en la Provincia de Buenos Aires “sciolista”). La cantidad de detenidos evidencia la participación masiva de sectores populares que sobreviven en la pobreza o en la indigencia.

Fábrica de pobres

Lejos de una Argentina de trabajadores “privilegiados” por un lado y pobres que están en un franco ascenso social por el otro, los datos oficiales muestran que “el 52,3 % de los sueldos no superan los 3.000 pesos mensuales y el 75,8 %, está debajo de los 4.509, frente a una canasta básica que calculada de forma optimista no baja de los 6.000 pesos”. Luego de casi diez años de crecimiento económico “los niveles de pobreza se encuentran estancados en un 30 %, donde la informalidad laboral se encuentra en un 34,5 %, y a la par de todo esto, las tasas de ganancia se mantienen en records históricos, superando en casi un 60 % a las de la convertibilidad” (Página 12, Cash 23/12/12).

Como denunciamos en el comunicado del PTS “existen en la Argentina más un millón y medio de desocupados y casi cinco millones tienen empleos precarios ’en negro’, mientras que un millón de jóvenes no estudia ni trabaja”. Además existe el agravante de un estancamiento e incluso pérdida de empleos (algunos calculan cerca de 40 mil en el último año) y una inflación que no baja del 25% anual (y puede llegar al 30% en los productos alimenticios). A los problemas sociales estructurales que el gobierno mantuvo (trabajo precario y "en negro") se le suman los efectos del agotamiento del mismo “modelo”. Los apagones en Navidad, que volvieron a dejar a oscuras a millones de personas, demostraron nuevamente el verdadero saqueo de las privatizadas.

Luego de casi una década, el kirchnerismo ya no puede hablar de la “herencia” del menemismo (del que ellos fueron aliados), la grave situación social de gran parte de nuestro pueblo es “hija legítima” del proyecto K.

Por más que para la tribuna progresista los K hagan “como si” enfrentaran a la oligarquía con la expropiación del predio de la Rural, los empresarios, los banqueros, los “buitres” a los que se le paga la deuda, la gran patronal sojera dueña de la tierra que va por un nuevo año de cosecha y ganancias récord, las mineras amigas del gobierno, los monopolios de las automotrices; son los verdaderos saqueadores de la riquezas nacionales y la siguen “juntando con pala”.

Moyano, Micheli y los saqueos

Ante las acusaciones que les hizo el gobierno de organizar en las sombras los saqueos Hugo Moyano y Pablo Micheli de la CGT y CTA opositoras se defendieron planteando que no tenían ninguna responsabilidad y contraatacaron acusando al gobierno de ser el verdadero instigador de los hechos. Como “efecto colateral” la acusación del gobierno unió a la burocracia sindical y Caló de la CGT oficialista llamó a Moyano para solidarizarse.

Pero, al igual que los funcionarios oficiales, Moyano y Micheli poco y nada dijeron de la pobreza que empuja a amplios sectores populares a estas acciones desesperadas. Ya es una tradición (y una traición) de la burocracia sindical argentina dejar librado a su suerte a los trabajadores desocupados y precarios, sin derechos sindicales. Ni siquiera en las convocatorias al paro o a la marcha del 19 incluyeron sus reclamos. Por este abandono, hacia fines de los noventa, los desocupados tuvieron que organizar el movimiento piquetero que irrumpió hacia el fin del ciclo menemista.

Pese a sus discursos duros contra el gobierno, la política de Moyano y Micheli de separar a estos sectores de los trabajadores organizados en los sindicatos, es funcional a la estrategia gubernamental de dividir al movimiento obrero y de conjunto separarlo del pueblo pobre, dejándolo librado a la “suerte” del discrecional reparto de planes de los “intendentes” o los movimientos sociales afines al gobierno.

Esta orientación es acorde a su estrategia que no responde a organizar una verdadera lucha nacional contra la pobreza, por el salario y por las demandas de toda la clase trabajadora que le dé continuidad al paro del 20N, sino a subordinar al movimiento obrero y el pueblo pobre detrás de políticos patronales.

Por la unidad obrera y popular contra los verdaderos saqueadores

Los socialistas revolucionarios rechazamos en primer lugar la represión contra los pobres y exigimos la libertad de todos los detenidos.
Desde el PTS no impulsamos, ni reivindicamos el método del saqueo y defendemos los históricos métodos de lucha del movimiento obrero, como la huelga y los piquetes donde puede forjarse la unidad de todos los trabajadores. Pero con mayor contundencia rechazamos y repudiamos las indignantes declaraciones condenatorias de todos los políticos patronales que defienden este orden político y social. Especialmente repudiamos a los cínicos “progresistas” K que hablan “en nombre de los pobres” y cuando éstos irrumpen en la escena social su respuesta es la criminalización y la represión de la mano de coroneles “carapintadas” como Sergio Berni.
Sostenemos que la lucha contra la pobreza, el hambre y por la vivienda hay que dirigirla hacia el poder político, contra los verdaderos “saqueadores” patronales y sus representantes, para exigir: libertad a todos los presos; entrega inmediata de bolsones de alimentos en todos los barrios carenciados del país bajo el control de delegados barriales elegidos democráticamente y aumento de emergencia de la asignación universal y todos los planes sociales.

Anulación del tarifazo al transporte; basta de trabajo "en negro" y precario, plan nacional de obras públicas bajo el control de las organizaciones obreras para realizar las obras de infraestructura que necesita el pueblo, poniendo a trabajar a cientos de miles de trabajadores con un salario mínimo que sea equivalente al costo de una canasta familiar.

Los recursos para tomar estas medidas están al alcance de la mano: cobrando impuestos progresivos a los grandes capitalistas, nacionalizando el petróleo, el gas y todos nuestros recursos estratégicos. Dejando de pagar la “saqueadora” deuda externa millonaria. Expropiando a los terratenientes y a la gran patronal agraria. Echando a las privatizadas que viven de los subsidios del Estado y mantienen los servicios en pésimas condiciones. Nacionalizando la banca para otorgar créditos baratos a todos los sectores populares, en primer lugar para una vivienda digna.

Hay que exigirles a la CGT de Moyano y la CTA Micheli un verdadero plan de lucha, no sólo para la defensa del salario y por el 82% móvil, sino también por estas demandas que son las de toda la clase trabajadora y los sectores populares.