La patronal de Noble-Magnetto ha aprovechado su pelea con el gobierno para instalar una vez más el “terror” entre los trabajadores de sus medios y tratar de alinearlos detrás de sus intereses. Los gerentes del Grupo Clarín se han encargado de desparramar incertidumbre sobre el futuro laboral de todos sus empleados tras el ‘7D’. “No sabemos lo que va a pasar”, fue una de las frases que más sonó en los pasillos de Cablevisión, TN y Radio Mitre. La semana pasada la patronal Clarín impulsó una movilización de empleados de Cablevisión a los Tribunales de calle Lavalle para pedirle a la Corte Suprema que sea “independiente”. En momentos en que La Verdad Obrera sale a la calle, circula otra convocatoria para los empleados de TN en la puerta del canal en la calle Lima 1261, para “defender los puestos de trabajo”.

Para hoy también estaba llamada la movilización del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) al Ministerio de Trabajo para firmar el convenio marco para “preservar las fuentes de trabajo” en los medios de comunicación que acordó la semana pasada Carlos Tomada con el titular del AFSCA, Martín “Sanatella”.

Pura demagogia y mentiras. Tanto un bando como otro buscan utilizar a sus trabajadores como base de maniobra para su puja política interburguesa y de negocios capitalistas. A estos ex socios[1] –ahora devenidos en fervientes contrincantes – poco les importa realmente el futuro laboral de los trabajadores ni la verdadera democratización de los medios que a lo sumo terminarán, como todo indica, siendo objeto de una mera redistribución empresarial.

El gobierno K, que en 2004 le “prestó” a Clarín la Policía Federal para reprimir a los trabajadores de AGR y echar a su interna; que miró para otro lado mientras Clarín imponía su dictadura en el diario de la calle Tacuarí prohibiendo la elección de una Comisión Interna durante 12 años (ahora recuperada por sus trabajadores[2]); sale a agitar ahora sus “cantos de sirena” y les dice a los trabajadores de los medios que se queden “tranquilos” que sólo puede haber cambio de propietarios. Como si cada reorganización capitalista de una empresa no implique un riesgo real de perdidas de conquistas para los trabajadores.

Es este mismo gobierno, cuyo Ministerio de Trabajo no mueve un dedo para terminar con la precarización laboral extendida en los medios de comunicación (oficialistas y opositores) con trabajadores tercerizados, que facturan o trabajan como colaboradores, con el pisoteo y el ninguneo por parte de las patronales del Estatuto del Periodista. [3] Esto también es posible gracias a la complicidad de las burocracias sindicales que como la UTPBA (prensa) y el SATSAID[4] (televisión) han permitido esta situación y se alinean detrás de algunos de los bandos en pugna.

Una política independiente de los bandos capitalistas

Esta nueva Ley de Medios ni siquiera toma en cuenta a los trabajadores y sus conquistas (como el Estatuto). Por lo tanto no puede ser garantía de “+ trabajo” como dice la campaña de AFSCA. No puede ser garantía tampoco de “+ democracia”, “+ libertad”, “+ diversidad”; mientras es cada vez más evidente que se trata de una pelea por la redistribución del mercado de medios.

Los trabajadores de los medios deben tomar una postura independiente de esta disputa de intereses entre sectores capitalistas. Tanto para defender las fuentes de trabajo y las conquistas como para luchar por la verdadera democratización de los medios es necesaria la más amplia movilización y autoorganización de los trabajadores de los medios, asociados al resto de la clase trabajadora, junto a los sectores populares. Es indispensable la plena libertad de organización y elección de delegados al interior de las empresas de comunicación, imponiéndole a las direcciones de los sindicatos que se pongan a la cabeza de esa pelea o barriendo con ellas y eligiendo nuevas conducciones. La lucha por la libertad de expresión es también la lucha para que quienes hacen funcionar los medios puedan expresarse. Hay que conquistar espacios gratuitos en los medios para que los trabajadores de prensa y las organizaciones obreras y populares puedan expresar sus posiciones, sin censura ni restricciones como ocurrió en Canal 7 durante el paro del 20N.

Esta lucha es en la perspectiva de que todos los medios de comunicación masiva sean gestionados directamente por sus propios trabajadores, sin injerencia del Estado ni de las empresas, con la participación de amplios comités de lectores, audiencias y públicos.

Sólo así podemos comenzar a hablar de verdadera democratización de la palabra y libertad de expresión.