Bajo fuego cruzado, que incluye acusaciones mutuas por enriquecimiento ilícito, la disputa entre la ministra de Seguridad Nilda Garré y su “segundo” Sergio Berni manifiesta la voluntad del gobierno para reorientar las políticas represivas del Estado.

Tras el eclipse de Garré por las denuncias de espionaje del Proyecto X, Berni fue la carta de Cristina para asumir la agenda de la derecha. Así, este teniente coronel, ex carapintada y de fluidos vínculos con los servicios de inteligencia del Ejército apareció como el hombre de acción, conduciendo en persona a las fuerzas represivas.

Considerado “pingüino puro”, Berni protagoniza “la recomposición de relaciones con la DEA” (La Nación, 24/9) a la par del ministro de Defensa Arturo Puricelli, quien actúa como enlace con el Ejército norteamericano. Ambos fueron seleccionados para subsanar el papelón provocado por el canciller Timerman, cuando haciendo gala de “soberanía” incautó material no declarado de un avión militar norteamericano, destinado al entrenamiento del Grupo de Operaciones Especial de la Policía Federal. Esta orientación representa una nueva aproximación de las relaciones con EE.UU.

Acorde al enfoque de la DEA y sus experiencias en Colombia y México, Berni sostuvo que el narcotráfico (una de las llamadas “nuevas amenazas” por el Pentágono), está relacionado con la inmigración, pues “la gran mayoría de los detenidos por ese delito son de nacionalidad extranjera” y “la ley de migraciones no nos permite deportar” (Clarín, 13/9). ¿Un dejo de nostalgia de la oligárquica Ley de Residencia de 1902? Bajo la rúbrica del decreto 1.742, Berni tomó a su cargo la Subsecretaría de Investigación del Delito Organizado y Complejo, una estructura operativa que concentra nuevos poderes.

Garré recogió el guante y respondió que “no hay acá todavía desarrollo de cárteles” porque “los delitos no son de una criminalidad compleja sino más individual” (Clarín, 19/9). En esa sintonía, el periodista Horacio Verbitsky y el diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, ambos asesores de Garré, pidieron la renuncia de Puricelli, responsable de un curso dictado por militares norteamericanos sobre las “nuevas amenazas”, propiciando la participación de las FF.AA. en tareas de seguridad interior, violando las leyes de Defensa de la Democracia, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional: “el veterano de Vietnam que dictó el curso fue agregado militar aquí en el apogeo del terrorismo de Estado, dato que Puricelli borró de su biografía” . Si bien este tipo de cursos ya habían sido realizados en 2007 y 2010, admite Verbitsky, “los instructores no tocaban temas doctrinarios sino sólo técnicos”, en cambio ahora cuestionan “la arquitectura institucional” y se realizan “sin mantener contacto con el Ministerio de Seguridad” (Página12, 16/9). Estos comentarios parecen olvidar sus relaciones con el Departamento de Estado norteamericano y su denuncia sobre el jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, como un “hombre de la DEA”, a pesar de que sigue en su puesto con el silencio del periodista. Asimismo, desde el Ministerio de Defensa Garré mantuvo las tropas de ocupación de la MINUSTAH en Haití, subordinándose a la ONU y EE.UU., y ya al frente del Ministerio de Seguridad impulsó los operativos Centinela y Cinturón Sur, militarizando los barrios más pobres del GBA y la CABA.

Entretanto, Cristina dirime las diferencias entre las dos alas a la vez que se apoya sobre ambas para golpear las aspiraciones presidenciales de Scioli. La presentación del informe sobre el asesinato de Candela Rodríguez puso en evidencia los vínculos entre la Bonaerense y el narcotráfico, la desidia del comisario Hugo Matzkin y de toda la cúpula, así como la responsabilidad de los fiscales Federico Nieva Woodgate y Marcelo Tabolaro y el juez Meade. Un texto que sepulta a Scioli y su ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.

Más allá de sus diferencias, todos aceptan la intromisión del imperialismo yanqui y la recuperación de un “Estado fuerte”, afín a las necesidades de los grandes capitalistas.