“Nada nuevo bajo el sol” apuntaban los diarios, poniendo de relieve la desclasificación pública del informe Rattenbach de acuerdo a la solicitud del gobierno de Cristina mediante el decreto 200/2012. La falta de sorpresas era previsible. Hace años ese texto figura en la página web del Centro de Ex Combatientes de Corrientes. Ya en 1983 la revista 7 Días publicó los primeros extractos que circulaban clandestinamente en los círculos militares y las cámaras patronales.

Confeccionado a pedido de la última Junta Militar, el informe Rattenbach consideró que la iniciativa de la guerra de Malvinas fue “una aventura militar” porque “las capacidades del enemigo fueron consideradas en forma poco profunda, al igual que el análisis de la probable reacción británica”, agravado por “fallas de coordinación entre comandos”, contando con “tropas sin adiestramiento ni equipamiento adecuado”, eludiendo cualquier “plan de defensa de las islas en caso de que Gran Bretaña decidiera recuperarlas por las fuerza”. Correctamente, el informe señala que la estrategia no consistía en la recuperación de las islas, sino en el establecimiento de una cabecera de playa, como punto de apoyo, para forzar una negociación con Gran Bretaña y así fortalecer a la dictadura. Muy debilitada por la crisis económica y la movilización obrera y popular, cuyo punto más alto fue el paro general del 30 de marzo convocado por la CGT Brasil, brutalmente reprimido por los militares. La improvisación de esta aventura respondía a la ilusión de contar con el apoyo de EE.UU., o en su defecto de su neutralidad.

Desplazados Galtieri, Anaya y Lami Dozo, los tres jefes del Estado Mayor, la última Junta Militar presidida por el general Bignone impulsó la formación de una comisión investigadora bajo la dirección de Rattenbach, con la finalidad de descomprimir el odio de las grandes masas hacia las FF.AA. como consecuencia de la derrota de la guerra. Pero la dictadura era un régimen en crisis terminal sostenido sobre el aire. Por ese motivo Bignone terminó congelando el informe de 17 tomos ante las seguras consecuencias negativas que generaría sobre ese régimen en retirada.

Después de 30 años, el gobierno de Cristina resolvió dar a la luz la letra del informe, cuando ya resulta inofensivo pues gran parte de los responsables de esa aventura murieron. Cabe recordar que el informe concluye sugiriendo la pena de muerte o reclusión perpetua de Galtieri, Anaya, Mabragata y Reposi y sanciones disciplinarias a oficiales como Astiz que cobardemente rindieron sus tropas sin disparar un solo tiro. En ese sentido, el ministro de Defensa Arturo Puricelli defendió la política desmalvinizadora de Alfonsín y de los sucesivos gobiernos constitucionales que enterraron esa justa demanda nacional, naturalizando la derrota a partir de la “recuperación de la democracia” subordinada al imperialismo con dobles cadenas. “Había muchos resabios de autoritarismo y las FF.AA. todavía tenían en su seno personajes que no dudaban en alzarse contra la Constitución”, declaró Puricelli exculpando a Alfonsín por no tomar medidas contra los responsables de la aventura en Malvinas. ¿No es el mismo argumento que utilizan los radicales para justificar el acuerdo de Semana Santa con los carapintadas, de donde salieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para garantizar la impunidad de los genocidas?

El silencio sobre el informe Rattenbach que mantuvo Alfonsín y toda la Multipartidaria (UCR, PJ, MID, PI, PC) fue parte del pacto establecido con Bignone para negociar una salida electoral a cambio de la preservación de las FF.AA. genocidas, iniciativa concretada 16 meses después de la derrota.
Sorprendentemente el gobierno de Cristina termina convergiendo con intelectuales liberales como Beatriz Sarlo en la reivindicación de Alfonsín y el informe Rattenbach. Unos con un discurso demagógico de “soberanía” y otros con un discurso entreguista de “autodeterminación nacional de los isleños” se montan sobre las justas críticas del informe para deslegitimar todo enfrentamiento con el imperialismo y restaurar la “honorabilidad” del viejo “ejército sanmantiniano” en pos de recomponer el poder de fuego del Estado ante las consecuencias de la crisis económica internacional. Progresistas y derechistas convergen contra toda lucha que afecte los intereses del imperialismo.

El reclamo gubernamental de soberanía sobre las islas no es más que una formalidad para la tribuna: Cristina mantiene el Tratado de Madrid, acuerdo infame firmado por Menem en 1990, primer eslabón en la cadena de entrega, que incorpora la fórmula del “paraguas de la soberanía”, manteniéndola en “suspenso”, mientras impone la “bilateralidad económica” de la explotación pesquera entre los paralelos 45 y 60 (la zona marítima que se extiende desde la provincia de Chubut hasta las islas Orcadas en la Antártida), cediendo abiertamente al colonialismo británico.

Los socialistas revolucionarios somos anticolonialistas y antiimperialistas, por eso no nos guía ningún esencialismo metafísico sobre la “argentinidad” de las islas. En todo caso, la recuperación de Malvinas es un objetivo subordinado a la lucha por la expulsión del imperialismo de América Latina, una tarea democrático estructural que ninguna de las burguesías nacionales está dispuesta a llevar adelante, enfeudadas como socias menores de las burguesías imperialistas en la explotación de las semicolonias. Asimismo, como militantes internacionalistas alentamos a los trabajadores británicos a enfrentar a su propia burguesía colonialista, en la perspectiva de aunar los lazos entre los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo para acabar con el imperialismo.