Tras meses de pirotecnia verbal del gobierno contra Repsol hubo una medida concreta: la anulación de concesiones de pozos de petróleo y gas.

Redoblando la presión, el gobierno exigió al directorio de la empresa la constitución de una reserva para inversiones. Los argumentos son la falta de inversiones y exploración y el abandono de varias concesiones, decisiones de Repsol para concentrarse en la extracción de reservas accesibles a bajo costo. Un negocio dirigido a maximizar ganancias de corto plazo, jerarquizando la exportación y liquidando reservas.

Cómplices

Aunque los cargos contra Repsol son innegables, el gobierno nacional y los provinciales comparten la responsabilidad. El “modelo” de explotación de Repsol (junto a otras petroleras), responsable de la caída de la producción y de las reservas comprobadas, fue ratificado todos estos años. El único cambio que se juzgó necesario, en el caso de Repsol, fue su “argentinización”, es decir, el ingreso del Grupo Petersen en el directorio. “Argentinización” que fue contraria a la inversión, ya que los Eskenazi -con venia del gobierno- pactaron pagar la compra del 25% de acciones con el reparto de utilidades de la propia empresa. Ganancia que se reparte no se reinvierte.

En 2008 se lanzaron los programas “Petróleo Plus” y “Refinación Plus” que buscaban “incentivar la exploración y explotación de petróleo, para incorporar reservas, lo mismo que incrementar la producción de combustibles”. El Estado gastó anualmente entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, beneficiando en primer lugar a la exportación (con Pan American de Bulgheroni a la cabeza). Pero la producción cayó, y aumentó la importación de combustible. En el último año la situación se hizo crítica, y en los dos primeros meses de 2012 los gastos en importación de combustibles aumentaron 115% en comparación con igual período del 2011. La “constatación” de esta realidad (como si fuera algo que recién pudiera verse ahora y no un flagrante drenaje de recursos evidente desde que se anunciaron estos planes) y de las defraudaciones en el precio del combustible a granel (algo que el gobierno también validó durante años), llevó a la suspensión de estos programas en febrero. Pero es sugerente que aún en esta circunstancia, los cañones apunten a Repsol, y el principal exportador de estos escasos recursos, Bulgheroni, casi estuviera ausente de las denuncias. Sigue recibiendo elogios como el de Martin Buzzi, gobernador de Chubut, que destaca “la conducta responsable” de empresas “como Pan American Energy”.

Por parte de los gobernadores, es muy sugerente también que este reciente fervor por la soberanía petrolera ocurra cuando se multiplican los acuerdos provinciales para entregar en concesión distintos recursos del suelo a cambio de regalías. Las credenciales “nacionales” de Nación y provincias andan flojas de papeles.

¿Soberanía o renegociación de la entrega?

Hay versiones de que las concesiones quitadas a Repsol podrían ser explotadas por Enarsa y empresas provinciales. Pero es notorio el escaso peso productivo de las concesiones que por el momento se rescindieron. En Mendoza, donde la firma registró en 2011 casi la mitad de su producción, está en discusión la situación de áreas marginales. Las de Neuquén poco impactarían en la producción de la firma.

Además, ni Enarsa ni las compañías provinciales se muestran en condiciones operativas como para tomar rápidamente la explotación y exploración. Esta “solución” para el problema energético, de intentarse, podría agravar los problemas en el corto plazo, que concentran las preocupaciones del gobierno nacional.

Más convincente resulta pensar, entonces, que el interés de los gobernadores se reduce a mejorar su tajada de la renta. Las concesiones que hoy se sacan a Repsol, podrían entregarse nuevamente a cambio de pagos mayores de regalías y compromisos de inversiones, o a firmas que mejoren la oferta.

Las medidas provinciales y la presión sobre el directorio de Repsol a través de Roberto Baratta, director por el Estado, hicieron caer el valor de sus acciones. En sólo dos meses, desde mediados de enero, el valor de la compañía pasó de u$s 16.000 millones a u$s 10.750, una caída de 33%. Esto podría hacer más fácil la recompra de la empresa o –más probablemente- mejorar la capacidad del gobierno para negociar algunos puntos. Por el momento, la amenaza de nacionalización es sólo pirotecnia verbal, aunque el Jefe de Gabinete haya afirmado que no se descarta.

Todo esto se parece muy poco a una reversión del esquema impuesto con las privatizaciones. Sólo se apunta a Repsol, cuando no es menor el rol de otras grandes firmas. Aunque hagan cambios en los marcos regulatorios, la transformación más considerable que podría esperarse es la poco probable recompra. Por último, si se procediera a la recompra, aunque se busque una caída de la cotización bursátil, el pago seguiría siendo de todos modos un exceso, considerando las ganancias de estos años, y que YPF fue privatizada a precio de remate, luego de subvaluar sus reservas de petróleo y gas.

Una respuesta realmente nacional ante el saqueo petrolero no puede reducirse a maniobras contra Repsol. No sólo es necesario reestatizar sin pago lo que fuera YPF. Es necesaria la nacionalización del conjunto del sector para armar un plan integral que corte con el lucro con recursos estratégicos, recuperando el autoabastecimiento y retomando las explotaciones abandonadas por las petroleras. Estas medidas, que obligan a cuestionar privilegios a la inversión extranjera, no pueden esperarse de la burguesía ni de sus representantes políticos. Sólo un gobierno de los trabajadores puede llevar adelante esta tarea, como parte de una transformación global de las bases de la sociedad, poniendo la producción bajo comando de los trabajadores y organizándola en función de las necesidades sociales y no de la ganancia.