Uno de los lemas de la Reforma Política de los Kirchner puede sintetizarse en la frase dictatorial del ministro Randazzo: “los partidos chicos no merecen existir”. Pero detrás de él, pretenden ocultar el estado deplorable de la existencia de “los partidos grandes”. Con distintos matices y proponiendo que la ley debe salir “por consenso”, desde Duhalde y la UCR hasta Carrió y el Pro, coinciden en la “necesidad” de un nuevo régimen electoral que obstaculice la participación de las fuerzas que los desafíen. La explicación es que ninguno de los líderes del régimen burgués supera el 30% de los votos; es decir que tanto los Kirchner (que ganaron la presidencia en el 2003 con el 22% y sólo ampliaron su base electoral desde el control del aparato de Estado), como Carrió o Macri tienen el 70% o más de la población en contra. Esta crisis de fragmentación de los partidos patronales es lo que tratan de cerrar con una ingeniería electoral que rearme al régimen que arrastra una profunda crisis desde el 2001, cuando el viejo bipartidismo fue rechazado en masa por el “voto clemente” y los partidos de izquierda obtuvimos más de un millón de votos. Ahora temen que la situación que va generando la crisis capitalista internacional y el inicio de la aparición de la clase obrera en la escena nacional con la lucha de Kraft-Terrabusi, derive en un giro a la izquierda de sectores de los trabajadores y la juventud estudiantil.

Los Kirchner quieren proscribir a la izquierda en momentos que la lucha en Kraft demuestra una crisis del aparato en que se apoya el peronismo ante el nuevo estado de ánimo de la clase trabajadora. Los obreros y obreras de Terrabusi enfrentaron la voluntad de la burocracia sindical de Daer, del Ministerio de Tomada y del PJ bonaerense que se jugaron con la multinacional, proveyéndole la Policía en la planta y al gobernador Scioli confabulando con la Embajada yanqui. Vencieron las maniobras del sindicato, el gobierno y la empresa que buscaban descabezar su organización de base. Se sobrepusieron a la represión y el desalojo de los despedidos de la planta. Sentaron una nueva tradición en el movimiento estudiantil que, despues de años de inmovilismo de la FUBA, mostró el ejemplo de la unidad obrero-estudiantil que se expresó en los cortes de calle impulsado por los militantes de En Clave Roja. Le abrieron la puerta al regreso de los movimientos de desocupados que cortan la avenida 9 de Julio, un nuevo centro de protesta en la Capital inaugurado el día de la represión en Terrabusi. Y a pesar de la trampa del Acta de “paz social” que pretendía aislar a los sectores combativos, “los rebeldes” terminaron ganando la elección de la comisión interna en la que la base participó masivamente y ahora se proponen retomar la lucha por la reincoporación de los 53 que aún siguen despedidos. Es la demostración que la emergencia de la clase obrera puede contra todos ellos.

La principal manifestación de la crisis política del peronismo es que está haciendo agua su control sobre la clase trabajadora mediante un “modelo sindical” impuesto desde el Estado con la Ley 23.551 que establece mecanismos para la permanencia vitalicia de los dirigentes que manejan los millones de las obras sociales, las cuotas sindicales y tratan de impedir toda organización que los cuestione. El surgimiento del “sindicalismo de base” con la elección de nuevos delegados y comisiones internas combativas en los lugares de trabajo, desafía este monopolio de la representación sindical en manos de la cúpula de la CGT. Esta tendencia al surgimiento de un nuevo movimiento obrero va a ir avanzando al calor de la crisis económica internacional y sus efectos en nuestro país. Se va a ir desenmascarando la trampa de la “conciliación entre capital y trabajo” que pretende el peronismo, porque lo que tienen para ofrecer es, en el mejor de los casos de una “recuperación”, más inflación que baja el salario real, y poco empleo. El Cuerpo de Delegados de base del subte profundiza las medidas de fuerza por el reconocimiento de su sindicato independiente del matonaje sindical que dirige la UTA contra el Gobierno de los Kirchner que se niega a concederle ese derecho a pesar de la voluntad de la abrumadora mayoría de los trabajadores de Metrovías. En la industria las patronales, el Ministerio de Trabajo y los burócratas sindicales tratan de expulsar a los delegados combativos, como lo intentaron con Kraft, lo hacen en el SMATA y la UOM de Córdoba contra los delegados de IVECO y de las metalúrgicas que desbordaron a la conducción en el último paro nacional del gremio, en Campana contra los delegados de Siderca-Techint o en el gremio de la carne en Entre Ríos, entre muchos otros casos de discriminación y persecusión política.

La corriente politico sindical clasista lanzada por los dirigentes de Zanon, junto a delegados de Kraft y el Subte, que el PTS impulsa, ya está conquistando una posición de vanguardia en estos cuerpos de delegados y comisiones internas, en la perspectiva de un nuevo movimiento obrero que deberá sacarse de encima a la burocracia sindical y acabar con toda tutela del Estado sobre las organizaciones de lucha de la clase trabajadora.

Si luego del golpe que derrocó a Perón en 1955, la resistencia de la clase obrera contra la dictadura en las fábricas se identificaba con el peronismo proscripto en el régimen político, ahora es el peronismo en su decadencia el que trata de proscribir a la izquierda y las nuevas fuerzas que surgen desde abajo.

La injerencia del Estado en la vida interna de los partidos que proyectan con la Reforma Política de los Kirchner –imponiendo quienes tienen el derecho de votar en sus elecciones internas y seleccionar sus candidatos-, es incompatible con quienes nos organizamos en partidos militantes para combatir este Estado que reproduce y resguarda la explotación de una minoría capitalista sobre la clase trabajadora. No lo es, sin embargo, para los que hacen “carrera política” preparándose para la “gestión” de este mismo Estado, ya sea que se trate de la colaboración de los jefes del PJ o la UCR con cientos de intendentes a las órdenes de la dictadura de Videla, o como los mismos Kirchner que aplicaron las privatizaciones de Menem. Sólo un partido de la clase trabajadora que luche por su propio gobierno puede conquistar nuevos derechos para millones de desposeídos. El PTS lucha por un “nuevo orden”, una sociedad sin explotadores ni explotados, omo señala el Manifiesto Comunista donde “la vieja sociedad burguesa con sus clases y antagonismos de clase, sea sustituída por una asociación donde el libre desarrollo de cada uno sea la condición del libre desarrollo de todos”.

Llamamos a iniciar una gran campaña de pronunciamientos y actos en todo el país para que se exprese la voluntad de decenas de miles de trabajadores y estudiantes, militantes y simpatizantes de la izquierda contra la proscripción y discriminación del viejo régimen capitalista.

Abajo la Reforma Política de los K

por Guillo Pistonesi

El proyecto que envía el Ejecutivo al Congreso “toma fundamentos de las legislaciones como las de la República de Chile y de los Estados Unidos Mexicanos...” (sic). Asimismo que “desde los Estados Unidos de América hasta la República Oriental del Uruguay consagran a las primarias como primera contienda electoral”. En EE.UU. hay sólo dos partidos con representación parlamentaria. En Uruguay tres. En Chile seis, que en realidad son parte de dos coaliciones. En México siete, regidos por la ley que impuso el PRI (que gobernó con fraude durante 70 años) en 1990. Salvo alguna excepción, la regla en estos países es que ningún partido de trabajadores (ni reformista ni revolucionario) tiene diputados o senadores. El monopolio de la “representación política” es atributo exclusivo de los partidos de los explotadores.

El Gobierno difunde una lista que puede dar escozor: 685 partidos “de distrito” (que tienen ámbito de actuación provincial), pero en su propaganda omite decir que más de 400 de ellos son integrantes de algún partido nacional (existen 33 de estos últimos con personería -entre los que se encuentra el PTS- y en las últimas presidenciales se presentaron 14). Con estas cifras pretenden convencer que hay que “barrer a muchos partidos” (Randazzo) y que sólo deben quedar 4 ó 5 en pie. Eso sí, ninguno de estos sería de la izquierda obrera, ya que no se podrá existir en la política electoral sino es mediante frondosos fondos financieros o prebendas del poder estatal.

A modo sumario veamos sólo algunos de los puntos del antidemocrático, proscriptivo y macartista proyecto oficial:

– Todos los partidos o alianzas tienen que ir obligatoriamente a una primaria para elegir sus candidatos. Cualquiera puede votar en cualquier partido o frente para elegir sus candidatos, más allá que sea enemigo de sus objetivos y programa. Los partidos o alianzas que no lleguen al 3% de los votos válidos en la primaria (más de 600 mil votos en las presidenciales, 240 mil en la provincia de Buenos Aires para diputados), no pueden presentarse a la general. La primaria se constituye como una primera vuelta cuyo fin es dejar la menor cantidad de partidos en carrera para la general.

– Para postular pre-candidatos en las primarias hay que presentarlos en cada elección con avales -adherentes-. En el caso de las presidenciales hay que conseguir cada cuatro años como mínimo 28.500 personas que firmen el aval, domiciliados en al menos cinco provincias. En el caso de diputados y senadores, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, se necesitan 20.000 personas que firmen el aval a la lista cada dos años.

– Para tener existencia legal un partido nacional tiene que conseguir y mantener en el tiempo al menos 28.500 afiliados en por lo menos cinco provincias. Se eliminan las adhesiones democráticas. Un regalo a medida para los punteros, intendentes y gobernadores que usufructúan del aparato y los fondos estatales.

– Si se pasa el escollo de las primarias, para mantener la personería política un partido debe sacar en alguna de dos elecciones consecutivas 850 mil votos en las presidenciales. En la provincia de Buenos Aires quedan fuera los que no sacan en dos elecciones como mínimo 310 mil votos. Esto llevaría a que sólo tengan legalidad los partidos con representación parlamentaria (hay un piso del 3% del padrón para ser diputado).

– Un candidato a presidente no podrá ser asimismo candidato a diputado o senador, lo que atenta contra los partidos chicos que quieren promover nuevos candidatos.

– Las y los compañeros procesados por luchar están proscriptos: no podrán ser candidatas/os.

– El único punto supuestamente progresivo del proyecto, el reparto “igualitario” de la propaganda audiovisual, es un verdadero dislate. Sólo 6 minutos por hora se distribuirán entre todos los partidos que vayan a las primarias y a la general: 50% entre todos por igual y el otro 50% según cuántos votos se sacó en la elección anterior, lo que favorece claramente a los grandes partidos patronales. Los “contenidos” de los programas y sus invitados siguen estando al arbitrio del que tiene más fondos o sponsors, por lo que lo igualitario es un mal chiste. En las elecciones de 1983 realizadas bajo una ley impuesta por la dictadura genocida, los partidos tenían varios minutos por día en los canales abiertos. Hoy se reduce a meros segundos, cuando hay candidatos o partidos que hasta tienen canales o radiodifusoras propias, como De Narváez o los Kirchner con los del Estado o sus empresarios amigos.