La Ley de Medios ya se discute en el Senado. Clarín anuncia que “TN puede desaparecer”, y ahora le exige a la oposición de radicales y peronistas disidentes que resistan los puntos importantes que quedan en la batalla: que la autoridad de aplicación de la ley no quede en manos del Ejecutivo, y que se extienda de uno a tres años el plazo para vender los medios que excedan el tope de licencias. Trata así de patear, como mínimo, para el año 2013 (con otro gobierno) todo cambio que haya que hacer en la composición de los multimedios.

Los senadores K ya negociaron que en lugar de dos comisiones se discuta en cuatro, y que en vez de votarse el 7 puedan estirarse hasta el 14 de octubre, quizás con Cobos presidiendo la sesión.

El Gobierno sabe bien que el Grupo de Noble y Magnetto está dispuesto a cualquier cosa para hacerle pagar sus embestidas. Por eso, permitirle a Clarín mantener durante 3 años su poderío sería dejarle intactas las armas para una campaña mediática fatal en los últimos 2 años de gobierno.
Cristina mientras tanto suma apoyos de grandes “defensores” de la libertad de prensa.

Reunida con empresarios en Nueva York, un directivo de la cadena FOX (vinculada al Partido Republicano) le manifestó estar de acuerdo con la nueva ley de medios. Por su parte José Rodríguez Zarco, director de Telefónica, hizo suya una frase que días antes había lanzado la Presidenta: “Nadie va a poder tapar el sol con las manos, la convergencia tecnológica es algo que se va a venir”. Aclaraba así que el grupo español (dueño del 50% de las líneas y del 30% de los celulares del país) no se verá tan afectado por la medida del Gobierno de excluir, por el momento, a las telefónicas del negocio de la radiodifusión.

Esos vínculos estrechos entre el Gobierno y algunas corporaciones no les impidieron a los diputados de Proyecto Sur y el SI dar sus valorados votos para permitir la media sanción del proyecto. Los que días antes denunciaban al kirchnerismo por querer reemplazar “un monopolio por otro”, se guardaron sus denuncias en el bolsillo. De poco les sirvió querer desmarcarse votando en contra de algunos artículos en particular. La ley pasó y ahora se reúnen para debatirla los barones del Senado.

La gran concentración mediática “conquistada” en décadas, donde cuatro grupos se reparten el 85% de las radios, los canales, los diarios, los teléfonos e Internet; convierte en poco menos que ingenua la creencia de que con algunas “regulaciones” y “limitaciones” se puede romper el esquema económico/estructural de medios existente.

El progresismo legislativo ni siquiera propuso incorporar al proyecto elementales medidas de defensa de los trabajadores de prensa. Una herramienta central como el Estatuto del Periodista, ni siquiera fue mencionado en las largas intervenciones de los diputados.

¿Y el tercer tercio?

Un ejemplo de las formalidades de la nueva ley es “la reserva” de las frecuencias destinadas a radio y televisión. La ley dividiría el llamado espectro radioeléctrico en tres partes, una reservada para los medios privados, otra para los estatales y la tercera para medios de organizaciones “sin fines de lucro”.

Pero si bien el espectro es limitado (no hay frecuencias infinitas), nada impide en la actualidad que puedan existir, por ejemplo, muchos más de los cinco canales de aire que hay en Buenos Aires, o que haya muchas más radios de las que existen a lo largo y ancho del país. Ninguna ley de la Dictadura obligó a los Gobiernos de turno a sostener políticas acordes a los intereses de Clarín y los otros pocos grupos a los que hoy se combate.

Tampoco les impedía que renacionalizaran las empresas privatizadas durante el menemismo, como los canales y las telefónicas. Todas las políticas de salvataje, sostenimiento y fomento de los grandes grupos mediáticos concentrados fueron llevadas adelante de acuerdo al interés común, capitalista, entre el Estado y esas corporaciones.

En su actual pelea con algunos multimedios, el Gobierno podrá repartir ese tercio de frecuencias “sin fines de lucro” entre las burocracias sindicales, la Iglesia y las “fundaciones” de los capitalistas amigos. Y por si acaso, en la misma ley se deja explícito que la autoridad de aplicación podrá destinar, si lo considera necesario, esas “reservas” a los otros sectores (el Estado o las empresas). O sea que aquella posibilidad de multiplicar voces e imágenes, en los hechos, no será más que una formalidad.

La instalación de una radio puede costar decenas de miles de pesos. Un canal de TV, varios centenares de miles. “Competir” en el aire con medios como Mitre, Continental o Cadena 3 resulta imposible, al imperar la ley capitalista del más poderoso.

El vicedecano de la Facultad de Sociales de la UBA, Damián Loretti, declara que “la Argentina tiene sólo ocho ciudades con más de una oferta de televisión abierta, eso va a cambiar en la medida en que haya una vocación de expansión de las reservas de frecuencias. Si no el pluralismo es del que tiene la plata para el cable…” (Página/12, 20/09). Si algunos de los mentores del proyecto oficial confiesan los límites contenidos en la misma ley, apelando a la “vocación” de diputados como De Narváez (dueño de América), senadores como Jenefes (propietario de Radiovisión de Jujuy) o Jefes de Gabinete como Aníbal Fernández, se adivina de qué pluralismo están hablando.