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Partido de los Trabajadores Socialistas
    Buenos Aires   |  1ro de julio de 2022
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Bajar la edad de imputabilidad es criminalizar a la juventud desocupada
Por: Ivana Dal Bianco

23 Apr 2009 |

En el día de ayer comenzó a debatirse en el Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores. En la actualidad rige la Ley 22.278, sancionada por la dictadura militar, que establece que son “no punibles” los menores de 16 años de edad, aunque a la vez permite la imposición de una “medida tutelar”, es decir, internaciones, lo que en los hechos constituye una sanción penal.

Desde hace varios años existen estos proyectos, pero la discusión en ciernes es el resultado de la campaña de “mano dura” que impulsa “mayor seguridad” desde diversos sectores de la burguesía, y que en definitiva busca la criminalización de la juventud. La baja de edad de imputabilidad ha sido un reclamo histórico de la derecha y hoy, desde diversos ámbitos, incluido el gobierno nacional, se acuerda en poner en la agenda del debate con diversos argumentos, tanto desde los sectores más reaccionarios, como desde los sectores “progresistas” como el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni (que representaría al sector “garantista”).

De las voces que reclaman la baja de la edad de imputabilidad, un sector que representa a la derecha más reaccionaria exige que los menores vayan presos sin importar la edad y, si es posible, que no salgan nunca más. Este sector, encabezado por la clase social de los ricos y poderosos, es el mismo que pide mano dura y pena de muerte, para que en el marco de crisis económica sigan primando sus privilegios, en defensa de su derecho de propiedad por sobre todas las cosas. En otro sector, incluído el proyecto oficial del gobierno, se inscriben los que tienen el mismo objetivo de bajar la edad de imputabilidad, pero con argumentos más progresistas, como es el de reconocerle a los menores las garantías mínimas de un proceso penal. Ellos se refieren a los “infractores de la ley penal”, entendiendo que debe reconocerse al niño infractor como “sujeto de derechos y garantías”, por lo tanto una persona con capacidad de “responder” penalmente y bregan por que se adopte un sistema penal juvenil de “derecho penal mínimo” en el cual “le sean respetadas las garantías procesales en igualdad con los adultos”. En este sector enrolamos a Zaffaroni, quien proclama la baja de la edad de imputabilidad para que los “adolescentes en conflicto con la ley penal” (como les gusta llamarlos), puedan tener las garantías que todo proceso penal les garantiza a los adultos. Para el juez de la Corte, el objetivo sería bajar la edad de imputabilidad a cambio de una cierta “igualdad” con los adultos en materia de garantías penales. Este argumento que aparece como progresista y defensor de los derechos del niño, resulta absolutamente funcional a la derecha que reclama mano dura, y miope de la realidad que viven los niños y jóvenes en el capitalismo.

Lo cierto es que desde ambos sectores buscan el mismo fin: que la juventud de los sectores explotados y oprimidos, ingresen legalizados al sistema penal a una edad más temprana, lo que significa que aún reconociéndoles las máximas garantías procesales, la respuesta a la situación de desamparo y de falta de futuro de la juventud, sea la represión estatal por la vía del sistema penal y el encarcelamiento.
Lo primero que es necesario develar es que en nuestro país existen miles de niños criminalizados, institucionalizados. Miles son encerrados y torturados en comisarías, perseguidos por la policía en los barrios y asesinados por el gatillo fácil. Miles de ellos son víctimas de este sistema brutal, que les ofrece paco en vez de futuro, que los excluye y deja fuera de la educación y los condena al hambre y la desocupación.

Esta campaña de mano dura que busca bajar la edad de imputabilidad, significa en concreto un ataque a la juventud y busca ocultar los verdaderos problemas sociales. Así como el origen de las primeras cárceles de Europa y Estados Unidos se vinculan al disciplinamiento de los proletarios a través de la inculcación de valores del orden, la sumisión y la obediencia, el verdadero objetivo de la baja de edad de imputabilidad es el disciplinamiento de la juventud de los explotados.

Por eso aún bajo el vestido de las “garantías” y la “democracia de la igualdad” lo que se quiere proteger sin distinción es el derecho de propiedad de la clase dominante, cuestionada por aquellos que no respetan las normas de este sistema de explotación y opresión que los excluye y condena a la miseria, silenciando con el ordenamiento jurídico las reales desigualdades que separan al rico del pobre.

Los garantistas cumplen la función ideológica de legitimar y legalizar con un ropaje “democrático” el derecho y el sistema penal de la burguesía. Naturalizan mediante el “derecho bueno” la dominación de clase, con los principios de igualdad ante la ley, y la idea de “sujetos libres e iguales”, ocultan la mayor de las desigualdades e injusticias que es la explotación de una clase sobre otra. En este caso, el propiciar la baja de la edad de imputabilidad contra los jóvenes de los sectores explotados -que es contra quienes se utiliza el sistema penal como medio de represión y disciplinamiento-, aún bajo un discurso de “mayores derechos y garantías” tiende a reproducir el sistema social imperante.

Lo cierto es que ante la situación de exclusión, desocupación, falta de educación y oportunidades para los jóvenes, la clase dominante cierra filas en el mismo objetivo: encerrarlos, disciplinarlos y seguir excluyéndolos. Históricamente la juventud ha sido un sector de oposición, de rebelión contra la explotación. No es casual el ataque a este sector en momentos de crisis capitalista. Por ello no se discute en el Congreso como se prohíben los despidos para que los padres de estos jóvenes no queden sin trabajo, sino que se discute cómo encerrar a la juventud en las cárceles del sistema, para ocultarlos y cerrar con rejas también ese espíritu de lucha, rebeldía, y oposición. Ese es su verdadero objetivo.

 

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