Durante los últimos días, los medios se mostraron escandalizados por los resultados del censo realizado por el Gobierno de la Ciudad en las villas 31 y 31 bis, que duplicó su población en los últimos 8 años. Según Clarín, las villas crecieron un 25%, sumando un total de 200.000 habitantes; es decir el 7% de la población de la Ciudad de Buenos Aires (Clarín, 12/04/09). La capital tiene aproximadamente tres millones de habitantes y un millón de viviendas; una cada tres personas. Sin embargo, se estima que alrededor de 600 mil están obligados a vivir hacinados en asentamientos, villas, casas tomadas u hoteles donde en algunos casos pueden llegar a dormir diez o más personas en una sola habitación.

“Boom de la construcción”, boom de la precarización habitacional

Con el crecimiento económico de los últimos años, una de las ramas que más se benefició fue la construcción. En los barrios donde más edificios de lujo se levantaron como Puerto Madero, Caballito o Palermo, precisamente es donde vive el sector de la población que no sufre la crisis habitacional. En el otro extremo, cada vez son más los que sufren la crisis habitacional. La otra cara de la moneda de este “plan urbano” tan absurdo como clasista son las 747 viviendas que se otorgaron en 2007 para cubrir supuestamente las necesidades de medio millón de personas. Cálculos un poco más racionales implicarían la necesidad de una proyección de 100.000 viviendas. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no sólo redujo inicialmente en un 30% el presupuesto de este año para vivienda, si no que el ente encargado de planificar y ejecutar las políticas habitacionales para los sectores de menores recursos, el Instituto de la Vivienda, verá reducido sus fondos de 519 a 120 millones de pesos. Ese monto apenas alcanza para el pago de sueldos y el mantenimiento de ese organismo, evidenciando que este año prácticamente no habrá inversiones para planes de vivienda. Asimismo, el auge del mercado inmobiliario durante los últimos años contribuyó a incrementar el valor del suelo y de los inmuebles, restringiendo su acceso.

Un problema de vida o muerte

El hacinamiento viene acompañado de la carencia de los más elementales servicios. La falta de agua, cloacas y sanitarios son unos de los principales problemas, que traen aparejados enfermedades como el dengue, sarna, asma, enfermedades de la piel, mal de chagas, parásitos, diarrea, anemia y hasta tuberculosis.

Mientras la esperanza de vida en los barrios más ricos es de 80 años, en las zonas más pobres, al sur de la Ciudad, promedia los 68. Allí reside casi el 70% de la población con necesidades básicas insatisfechas. En hoteles, inquilinatos y casas tomadas la extrema precariedad de las instalaciones pone en riesgo permanente la vida de sus habitantes, como lo demostró las muertes de seis hermanitos a causa de un incendio en La Boca. A la vez, en la Ciudad hay 6.500 departamentos construidos por el Instituto de la Vivienda declarados en emergencia, que pone en serio riesgo la vida de más de 28 mil personas. Muchos hoteles no corren mejor suerte.

Mientras tanto, los grandes grupos de la construcción e inmobiliarias socios de los gobiernos de Macri y los Kirchner acumulan fortunas a pasos agigantados, recibiendo todo tipo de beneficios. IRSA, Nicolás Caputo y las empresas Iecsa y Creaurban del grupo Socma, de la familia Macri, son algunos de los mayores beneficiados, de la mano de Corporación del Sur y Corporación Puerto Madero, “Sociedades del Estado” que ofician de entregadoras del patrimonio porteño a empresas privadas.

Desalojos S.A.

Macri profundizó la tarea que habían comenzado Telerman, Ibarra y los gobiernos anteriores: eliminaron progresivamente los planes de viviendas sociales y tuvieron una política de desalojos violentos, para beneficio de grandes grupos inmobiliarios o constructores amigos, que levantaron innumerables emprendimientos lujosos, destinados a los sectores más acomodados de la población. Los que no tenían para pagar un alquiler que aumentaba a un nivel sin precedentes, y menos pensar en comprar una vivienda, fueron empujados a vivir en villas o asentamientos, e incluso ahí reciben amenazas constantes de desalojo: sólo durante el primer semestre del año pasado fueron desalojadas más de 4700 familias.

Para esto Macri utiliza a la policía federal de Cristina Kirchner y a su propia patota: la UCEP (Unidad de Control de Espacios Porteños). Este verdadero grupo de choque (que al parecer ya existía extra-oficialmente desde el gobierno de Ibarra) actúa por las noches, aterrorizando a los cartoneros y otras personas que duermen debajo de las autopistas o en la calle. También fueron parte de desalojos como el de Paseo Colón en febrero, donde hubo detenidos y heridos. Este tipo de operativos son novedosos, ya que participan funcionarios de primera línea del gobierno, y desalojan sin mediar orden judicial ni preaviso.

Las penurias de los que están condenados a vivir en verdaderos guetos, pero también la degradación de la calidad de vida de sectores mayoritarios de la población, son las consecuencias inevitables de la apropiación capitalista del suelo y todos sus recursos. Es imposible conciliar en un “plan urbano” las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre con la apropiación privada del suelo y la organización anárquica que esto supone.

Lo que se construye son mega torres para quienes no tienen problemas de vivienda mientras que el plan de viviendas sociales para los más de medio millón de habitantes que sufren día a día no tener una vivienda digna es inexistente. Es un plan urbano u otro. Si se impone el plan urbano de Macri y los capitalistas son varios muros los que veremos en un futuro cada vez más cercano.

Por un verdadero plan de viviendas populares

• La primera tarea de los trabajadores y el pueblo pobre es movilizarnos y luchar por la inmediata prohibición de los desalojos.

• Por otro lado hay que decir que es posible atacar la crisis de la vivienda. Pero sólo si se atacan los intereses de quienes se benefician con esta situación.

• Como denunciamos más arriba se viene reduciendo el presupuesto para la construcción de viviendas para los más pobres.

• Hay que aumentar el presupuesto para construir miles de viviendas en forma inmediata. Ese plan debe ser financiado mediante el impuesto progresivo a los grandes capitalistas y a las grandes fortunas.

• Los problemas relacionados con la ausencia de los servicios más elementales como tendidos eléctricos seguros, agua potable o redes de gas no se resolverán mientras estas empresas sigan en manos de los capitalistas cuyo único objetivo es el lucro. Por lo tanto es una necesidad vital expropiar a los privatizadores y poner bajo administración obrera y de los usuarios la electricidad, el gas o el transporte que manejan los capitalistas para su beneficio.

• La necesidad de la reforma urbana que, sobre la base de la confiscación de los grandes propietarios (más de 100.000 viviendas en la capital están deshabitadas) y un plan de construcción de viviendas controlado por los trabajadores y organizaciones sociales, asegure el techo para los que no lo tienen. Este plan debería incluir la urbanización inmediata de todas las villas de emergencia para sus pobladores, de acuerdo a un plan elaborado por sus habitantes.

• Por otro lado, esto afecta no sólo a los que viven en las viviendas más precarias sino al conjunto de los trabajadores que son inquilinos, lo que hay que establecer que los alquileres no representen más del 20% del salario mínimo.