A pesar de las concesiones del gobierno a los reclamos para reforzar el aparato policial (ver LVO 319 “Un plan represivo dictado por la derecha”), la campaña de los medios de comunicación y los políticos de derecha, como De Narváez, no cesa. A tal punto llega la agitación, que el Intendente de San Isidro comenzó a construir un muro que separe el barrio cheto de La Horqueta, del municipio de San Fernando. Sin embargo, estos planes represivos dirigidos hacia los sectores más pobres, no son la primera vez que se aplican. En la provincia de Buenos Aires –aunque con distintas modalidades- se aplicaron con “meta bala” Ruckauf, Rico y Piotti, entre otros, y sin embargo, según la campaña de los medios burgueses, la “sensación” de inseguridad se incrementa. Lo mismo dijeron cuando León Arslanián implementó sus planes de reforma de la Bonaerense, bajo el gobierno de Felipe Solá.

Peor el remedio que la enfermedad

Como ya se afirmó en estas páginas, una parte de los pequeños delitos se asocian con el incremento de la marginación social y la pobreza, un problema que esta “democracia para ricos” no está dispuesta a resolver. Pero el crimen en general, y en particular los grandes delitos, tienen su fundamento en la medicina que propone la derecha: la Policía, y en particular la Bonaerense.

El secuestro y la posterior desaparición de Luciano Arruga por parte de la patota de la Bonaerense del destacamento de Lomas del Mirador, saca a luz uno de los “modus operandis”, de los policías, el apriete a pibes pobres para que roben para ellos en “zonas liberadas”. El encubrimiento por parte de los oficiales superiores de la fuerza a estos delitos revela su complicidad.

Lo mismo puede decirse del resto de los delitos: en los grandes secuestros como el de Leonardo Bergara (ver LVO 311), el narcotráfico, la trata de personas, los grandes robos, los piratas del asfalto, el robo de automotores y hasta los asaltos lisos y llanos, encuentran entre sus ejecutores a algún oficial de la policía. Se llega hasta el colmo de tener abogados “saca presos”, que actúan en connivencia con la policía para “arreglar”, la liberación de delincuentes “profesionales” mediante un suculento abono para la seccional.

¿Alguien conoce a algún comisario pobre? Justamente, esta pelea por el “negocio”, hace que haya verdaderos enfrentamientos entre los mismos miembros del policía, “mejicaneadas”, emboscadas y asesinatos directos, tal es el caso de los tres policías baleados el 19/10/07, en una dependencia del Ministerio de Seguridad de La Plata, sin que hasta ahora se conozca a los responsables, no es extraño, es muy común que estas disputas en la fuerza queden en la absoluta impunidad.

Un poder dentro del Estado provincial

La policía Bonaerense no sólo administra el delito, es cómplice y partícipe necesario. Por ejemplo: cualquier persona puede averiguar donde hay un desarmadero de autos para deshacerse de un vehículo, ¿Acaso no lo sabe la policía?, en los prostíbulos donde hay trata de personas ¿No lo sabe la policía?

Es el control del negocio criminal, lo que lleva a la fuerza policial a una pelea a muerte (literalmente), por el control de la misma, adquiriendo una cierta independencia. Cuando sus intereses son tocados no dudan en resistirse. Su arma es justamente liberar las zonas e incentivar los crímenes. Esto conlleva a una ola de asaltos, secuestros, asesinatos y otras fechorías que rápidamente son reproducidos con profusión por los medios de comunicación burgueses.

Ante tamaña fuerza, los gobiernos provinciales van oscilando entre una política de presión, como fueron las purgas de León Arslanián, o de pactos con la Bonaerense, como es el caso de Scioli, que recompuso la jefatura y el escalafón en la fuerza, a la vez que la dotó de un mayor poder de fuego, la reincorporación de los exonerados y la participación de la gendarmería como fuerza de ocupación en los barrios pobres. Ninguna de estas políticas puede tener “éxito” contra el delito, porque el problema está en la misma fuerza.

Una fuerza contra los trabajadores y el pueblo

Los llamados a aplicar mano dura, son una incitación a las patotas de la Bonaerense para lanzar razzias contra los jóvenes, que terminan en detenciones ilegales, torturas y asesinatos del “gatillo fácil”.
También hay que afirmar que para engrosar la estadística, se encarcelan a los perejiles. Y contra esa mentira de que “los ladrones entran por una puerta y salen por la otra” están las estadísticas: el 76% de los presos no están condenados, y del total de los enjuiciados, el 40% sale libre porque se demuestra que son inocentes.

Pero hay un momento en la vida policial, en donde muestran vocación, espíritu de cuerpo y desinterés, actuando en orden y en base a las instrucciones de sus superiores policiales y políticos. Este es el caso de la represión a las luchas de los trabajadores, en la masacre de Puente Pueyrredón que le costó la vida a Kostequi y Santillán y numerosos heridos, no hubo vacilaciones. Lo mismo ocurrió en el caso de la textil Maffisa en donde 500 policías armados hasta los dientes, incluyendo helicópteros, desalojaron la ocupación que estaban llevando adelante un grupo de obreros.

También hay otro costado de la asociación con los malhechores. Este es el caso de las barras bravas, los cabecillas de las mismas aparecen en los diarios, lo mismo que sus andanzas, sin embargo no son detenidos. Esta complicidad revela su utilidad cuando estas patotas son utilizadas como bandas parapoliciales para atacar a los trabajadores como fue el caso del Hospital Francés y de la fábrica Dana, donde se hicieron presentes para golpear a los trabajadores. Cuando la lucha se haga más fuerte, estos sectores junto a los policías actuando “por izquierda”, serán las bandas que perseguirán a los activistas y delegados como lo hizo la Triple A en los ’70.

En contra de los planes represivos debemos levantar una gran campaña en defensa de las libertades democráticas. Los trabajadores y el pueblo no podemos tener ninguna expectativa en que esta institución del Estado patronal vaya a frenar la delincuencia ya que ella misma es una institución criminal. La seguridad en manos de la policía y la gendarmería es una amenaza permanente sobre las clases populares, por eso es necesario luchar por la disolución de todas fuerzas de seguridad, para ser sustituidas por milicias basadas en las organizaciones de los trabajadores con participación en su dirección de organismos de DD.HH. y víctimas de la represión policial e institucional.