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Situación fiscal: un eslabón débil
28 Aug 2008 | Pablo Anino y Esteban Mercatante

Antes del conflicto con el “campo”, y a pesar de los fuertes síntomas de agotamiento del modelo, había un frente donde el gobierno se mostraba bastante sólido: la situación fiscal. El gobierno gozaba de cierto margen de maniobra para compensar las presiones inflacionarias o cuellos de botella concediendo subsidios u otras compensaciones. Sin embargo, la crisis con las patronales del “campo” ha asestado un duro golpe a este pilar de la política económica del gobierno.

Esto no es un proceso que se haya producido de la noche a la mañana. Ya cuando los efectos de la devaluación empezaban a mostrar sus límites, allá por 2006, y empezaban a dispararse los precios y los reclamos salariales, el gobierno empezó a destinar más y más recursos para calmar los ánimos de los empresarios. Subproducto de eso, el presupuesto pasó de $101 mil millones en 2006 a $144 mil en 2008. El 21% de este aumento, se debe a los subsidios directos. Estos han pasado de $9 mil millones en 2006 a $ 24 mil millones este año. Y en los primeros meses de este año este gasto en subsidios ha subido aún más de lo previsto en el presupuesto. Casi todos los analistas prevén que alcanzarán al menos a los $35 mil millones.

Por otro lado, detrás de los números de solidez que mostraba el gobierno hasta el año pasado, se encuentran otras realidades. Si el superávit fiscal neto (después de pagar la deuda) computado el año pasado era de 1,2% del PBI, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) señala que “aun cuando el superávit de ‘caja’ aparenta ser contundente, los propios datos oficiales delatan las debilidades. Entre los ingresos computados como corrientes en el 2007 figuran $7.800 millones que son fondos acumulados en el régimen previsional de capitalización de las personas” (IDESA, “Los superávits ‘gemelos’ no están garantizados”, 21/04/2008). Se trata de los ahorros previsionales que el Estado incorpora como ingresos propios gracias al traspaso de las AFJP al sistema de reparto. Como otras veces en la historia argentina, este ahorro acumulado cuya función es sostener el nivel de vida de los trabajadores una vez que han agotado su fuerza de trabajo para el capital, pasó mediante este traspaso de ser una fuente de especulación financiera en manos de las AFJP, a solventar los manejos fiscales del gobierno a favor del gran capital industrial. El resultado que queda si descontamos este recurso, que podría considerarse una manipulación contable más que una fuente de ingresos regulares, es que el superávit “fiscal no es de 1,2% sino de 0,2% del PBI. Un nivel imperceptible”, concluye el informe citado.

Los subsidios impactan en el superávit comercial

El gasto fiscal que el gobierno realiza para sostener el crecimiento económico, repercute , en algunos casos, en el mercado cambiario. En lo que va del año, para sortear las dificultades energéticas, el Ministerio de Planificación compró alrededor de 3.850 millones de dólares en los mercados de divisas para importar combustible. Esto no sólo representa una duplicación del gasto fiscal en este rubro. Este gasto público es también un gasto en importaciones, y por lo tanto ejerce presión sobre el balance comercial.

Si en otras ocasiones de la historia argentina, era el déficit comercial el que obligaba al estado a endeudarse en dólares para mantener la disponibilidad de reservas y evitar un colapso financiero, ahora es el incremento del gasto en subsidios el que está contribuyendo a un aumento de las importaciones. Pero esto puede cambiar en poco tiempo. Como mencionamos en otro artículo de este suplemento, el superávit comercial, una de las bases del crecimiento excepcional de estos últimos años, puede verse amenazado tanto por estancamiento o caída de las exportaciones (en volumen físico y en valor), como por la fuerte suba de las importaciones. Por eso el gobierno podría verse obligado a gastar recursos fiscales (endeudándose en dólares) o a dejar caer las reservas, para sostener la cotización del peso y contener corridas cambiarias (y bancarias). Lo ocurrido durante el conflicto con las patronales agrarias, que desembocó en una salida de U$S 8.000 millones de quienes apostaban a la devaluación e implicó un gasto de U$S 3.000 millones en reservas para contener el peso, puede ser sólo un anticipo de escenarios más ominosos.

Aumentan las dificultades de financiamiento

Es este panorama lo que está detrás de las mayores presiones financieras al gobierno. Una primera respuesta ha sido frenar la suba del gasto público. Si a comienzos de año, este crecía a un 38% anual, ahora lo hace a un 27%. Para avanzar más en ese sentido han decidido la liberalización de algunas tarifas de servicios públicos, para limitar algunas partidas de subsidios. Medidas que apologistas del gobierno como Verbistky se esfuerzan por presentar como redistributivas (ya que “el 70 por ciento de los consumidores domiciliarios de gas natural de red no tendrían aumento.”, Verbitsky, “Señales de Vida”, Página/12, 24/08/08), negando su impacto sobre la inflación en alza, y por ende sobre el bolsillo de los trabajadores.

Pero esto tiene un límite. No estamos frente a un gobierno que pueda permitirse cerrar decididamente el grifo del gasto público. No sólo el sostén de las ganancias empresarias, sino que la relación con gobernadores e intendentes también se apoya en la generosidad de la caja. Ahí mismo apuntan también los burócratas sindicales, que buscan lograr otras compensaciones a cambio de mantener cerradas las paritarias o limitar el alcance de las renegociaciones.

El programa financiero de este año parecía realizable algunos meses atrás, pero afirmar esto hoy puede ser temerario. El año próximo, el gobierno debe hacer frente a pagos de deuda de U$S 20.200 millones. Estos vencimientos se componen de U$S7.500 millones de intereses y U$S12.700 de capital. El cálculo era que para hacer frente a estos pagos, podría disponerse de U$S 8 mil millones de superávit fiscal. Esto es, se calculaba un fuerte aumento del mismo desde los U$S 5 mil millones en los que se ubicó en 2007, cosa que hoy parece difícil de lograr. Alcanzar este objetivo dejaba al gobierno en la necesidad de financiar “solamente” U$S 12 mil millones, mientras que este año tuvo dificultades para financiar la mitad de ese monto, y todavía debe endeudarse en U$S 1.000 millones para hacer frente a los pagos de la deuda. Descontando lo que el gobierno pueda financiar localmente se calcula que como mínimo, deberá colocar deuda en el exterior por U$S 4.500 millones para afrontar los vencimientos de 2009. Tarea que a la luz del panorama actual se ha transformado en titánica, además de sumamente costosa teniendo en cuenta las tasas de 15% de los bonos comprados por el gobierno de Chávez. Por eso, desde Economía están ensayando distintas maniobras, desde la recompra de deuda (cuyo monto es todavía poco relevante, sin llegar a los U$S 500 millones), hasta endeudarse en la plaza local.

Provincias en rojo

En este marco, los eslabones más débiles, las provincias, ya están entrando en situación crítica. Ya el año pasado, 8 provincias mostraban déficit fiscal. La parálisis económica de muchas regiones como consecuencia del lockout agrario, y el menor drenaje de recursos por parte del gobierno nacional, está empujando a muchas otras provincias a la situación de déficit. Ya a principios de año podía preverse una situación crítica (ver por ejemplo “En el 2008 las provincias tendrán déficit fiscal primario”, InfobaeProfesional, 07/12/07). Pero ahora esta situación se ha agudizado. Hemos visto los sucesos de Córdoba frente a la avanzada de Schiaretti para bajar los pagos de jubilaciones. Pero ya otras provincias están haciendo malabares, como Scioli, quien algunos señalaron que planea consumir los recursos previsionales para moderar el déficit (ver “La rebeldía que rompió el dique kirchnerista”, La Nación, 25/08/08).

Distintas alternativas

Los problemas en el frente fiscal, así como la inflación y la política del gobierno de revaluar la moneda, sumado a la nueva situación del gobierno con el campo, ha permitido que los economistas ligados al capital financiero profundicen la presión sobre el gobierno (apoyados en las medidas recientes que los favorecen como la ligera apreciación del peso y la suba de las tasas de interés), exigiendo una baja del gasto público, negociar con el Club de París y los organismos multilaterales, y sincerar el aumento de precios que el INDEC oculta. Sostienen que si el gobierno reabriera los canales con el FMI o el Club de París aseguraría los pagos totales con refinanciamiento de capital. El gobierno viene dando algunos pasos para intentar un camino similar, pero acordando con el BID y evitando la fiscalización del FMI.

Frente a esto, los economistas afines al gobierno responden planteando que las cuentas fiscales están sólidas y que el gobierno habría “autonomizado” tanto el ciclo de crecimiento como el superávit, del endeudamiento externo. Por eso tiene margen. Pero los números que mostramos muestran que ese optimismo es temerario. Es cierto que hay mayores recursos para manejar las cuentas fiscales. Incluso no se puede descartar la posibilidad de utilizar las reservas para hacer frente a futuros vencimientos o hacer fuertes pagos (pero sería en sí mismo un mayor reconocimiento de la falta de crédito para el país). El gobierno puede, también, pisar algunos pagos a proveedores, como de hecho viene haciendo en las inversiones públicas, por montos que ya llegan casi a los $ 5.000 millones. También puede especular con mejorar su situación con el “impuesto inflacionario” (las mejoras en la recaudación debidas a la suba de precios). Sin embargo, ninguno de los mecanismos a los que pueda apelar cambia el panorama. Y el hecho de que el gobierno deba discutir el uso creciente de estos mecanismos es un claro indicador de que el las dificultades fiscales están peligrosamente en alza. No puede descartarse un escenario de crisis fiscal abierta en un futuro próximo.

 

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