Este jueves 24 fue la última audiencia del juicio que se llevaba a cabo en Córdoba contra el genocida Menéndez y otros 7 represores que actuaron en el centro de torturas La Perla. Estos represores fueron condenados (en 5 de los 8 casos) a prisión perpetua que se cumplirá (en todas las sentencias) en cárceles comunes, si efectivamente se lleva a cabo lo resuelto.

Durante el juicio, estos represores gozaron de enormes privilegios, como estar protegidos por un blindex o no estar esposados. En el día de hoy realizaron su “descargo”. Menéndez habló cerca de 30 minutos reivindicando el accionar de las FFAA, reconociendo la complicidad civil y de los partidos políticos patronales en la dictadura, pero sin nombrar a nadie. Quiénes “osamos” interrumpir este vergonzoso descargo, fuimos expulsados de los tribunales federales por el juez Díaz Gavier.

Desde el Ce.Pro.D.H y el PTS denunciamos durante todo el proceso que esto es parte de una nueva política de Punto Final en la Argentina, en la que se pretender juzgar sólo a un puñado de represores mientras más del 95% de los genocidas sigue impunes y ocupando instituciones del Estado. Mientras, el compañero Jorge Julio López sigue desaparecido.

En Córdoba además, el gobierno provincial de Schiaretti utilizó este juicio para darle un perfil “progresista” a su gestión. El mismo gobierno que apoyó decididamente la protesta de la golpista Sociedad Rural, ahora usa los derechos humanos para mejorar su imagen. La justicia, que amparó a todos estos asesinos durante tres décadas, quiere lavar su imagen con este veredicto.

Pero la realidad es que la condena fue lograda como producto de años de lucha de los organismos de Derechos Humanos, las organizaciones sociales y los partidos políticos de izquierda.

Precisamente por esto es que es necesario continuar la movilización, ampliarla y desarrollarla para lograr encarcelar al conjunto de los genocidas y sus cómplices civiles. En Córdoba fue evidente la colaboración abierta entre los represores e integrantes de partidos patronales como el PJ y la UCR. La justicia estuvo completamente ligada al accionar de los genocidas, como es el caso del juez Otero ˜álvarez, que hoy es parte del jurado que “imparte justicia” en este caso.

Los organismos de Derechos Humanos tienen una responsabilidad en desarrollar la movilización más amplia de los trabajadores, estudiantes y todos los sectores populares, de manera independiente del Estado y las instituciones, única forma en la que podremos terminar definitivamente con la impunidad. No podemos permitir que se consume un nuevo Punto Final, donde miles de asesinos, torturadores y secuestradores queden impunes, mientras algunos viejos genocidas, ya inútiles, van a la cárcel.

Leticia Celli Abogada del Ce.Pro.D.H (Córdoba)