El decreto de Evo Morales (ver recuadro) no define una nacionalización integral ni expropia a las transnacionales, sino que impone su asociación con el Estado buscando constituir empresas mixtas (49% privados, 51% estatales, de manera similar a un modelo ya adoptado en Venezuela por Chávez) y bajo control de YPFB. Esta medida no es revolucionaria, ni siquiera antiimperialista, sino limitadamente nacionalista. Se mantiene por completo dentro de la legalidad burguesa para permitir que las transnacionales sigan operando, a pesar de la ilegalidad de los contratos con que se apoderaron de los hidrocarburos (nunca ratificados en el Parlamento) e innumerables delitos como contrabando, fraudes fiscales, daños al medioambiente, etc., que por sí solos justifican su expulsión del país.

Una prueba de fuerzas con las petroleras…para seguir negociando

El MAS intenta modificar las reglas del juego para recuperar para el Estado parte de la renta hidrocarburífera que hoy monopolizan las transnacionales, que actúan casi como un “superestado petrolero”. Bolivia posee las segundas mayores reservas de gas a nivel latinoamericano, que fueron enajenadas a Petrobras, REPSOL; TOTAL, British Gas y otras en condiciones leoninas en los años ‘90. Esto se ha tornado insostenible en tiempos en que además de los cambios en la relación de fuerzas a nivel nacional y regional, el petróleo supera los 70 dólares por barril.
Pero a pesar del intento de negociar desde una “posición de fuerza” puede irse a una confrontación con los pulpos y el imperialismo, que consideran vulnerada la “seguridad jurídica” y no quieren un “precedente contagioso” en el corazón de América del Sur. El gobierno del “progresista” Lula ya declaró que consideraba la medida un “acto no amistoso” y el gobierno español expresó su “preocupación”, mientras el precio del petróleo subió casi dos dólares en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, Evo se apresta a reunirse con Chávez, Lula y Krichner en Foz de Igua˜çu, para “explicar su decreto” y abrir una negociación que indirectamente, involucra también al gobierno español.
Es posible que algunas empresas, como las que operan campos chicos, se avengan a negociar en las nuevas condiciones, pero otras no aceptarán fácilmente un recorte considerable de sus ganancias y su control del negocio gasífero, y pueden impulsar fuertes presiones políticas, comerciales y financieras. También ejercerán dura oposición importantes sectores de la burguesía local que están estrechamente ligados a las petroleras y son parte de la “nueva rosca” empresarial, financiera y terrateniente enriquecida por las migajas de la entrega en los últimos años.

Un giro ”semi-nacionalista”

El MAS siempre afirmó que no quería una “nacionalización confiscatoria” , sino “consensuada” pues Bolivia “necesita socios, no dueños”, es decir una renegociación de los contratos con las petroleras y una “asociación estratégica” con ellas. Pero las negociaciones se empantanaron ante la intransigencia de éstas. Al fracasar su política inicial se decidió por una política más dura, aunque bajo el mismo programa estratégico: un neodesarrollismo que apuesta a la colaboración con el capital nacional y extranjero para impulsar un utópico “capitalismo andino”. A diferencia de las nacionalizaciones de la Standard Oil (1938) y la Gulf (1969) que, aún siendo medidas burguesas y con indemnización, significaron la constitución de empresas estatales, hoy se busca una explotación mixta del gas, desnudando los límites de la medida de Evo.
Durante sus primeros tres meses el gobierno del MAS mantuvo un rumbo de concesiones a la derecha, pactando la restrictiva convocatoria a una Asamblea Constituyente maniatada y un referéndum autonomista a la medida de las oligarquías regionales. Pero esta política envalentonó a la derecha a “ir por más” con “paros cívicos” en Santa Cruz y Tarija, y comenzó a impacientar a sectores del movimiento de masas, que realizaron una serie de movilizaciones y paros en abril. Ante esta situación, Morales optó por imprimir este viraje, endureciendo las formas pero para seguir negociando, en respuesta al acoso de la derecha y buscando consolidar el apoyo de masas.
Mientras, convoca a un apoyo popular pasivo, asigna un nuevo rol a las FF.AA. con la intervención a los campos y refinerías buscando ampliar las bases de sustentación gubernamental al mismo tiempo que lavarles la cara ante el pueblo a las instituciones armadas, masacradoras de Febrero y Octubre. Además, se anuncian nuevas medidas para limitar el latifundio, un reducido aumento salarial y la derogación del Art. 55 del nefasto DS 21060, de “libre contratación” de la mano de obra.

Los límites del proyecto del MAS

A pesar de sus gestos y su discurso nacionalista e indigenista, el gobierno frentepopulista del MAS subordina el apoyo del movimiento de masas a la colaboración de clases con la burguesía y el capital extranjero. Con su programa reformista, el MAS es incapaz de enfrentar consecuentemente al gran capital y el imperialismo, aun cuando ensaye giros como el actual. Estos se explican en el marco de las enormes contradicciones de la crisis nacional, con un proceso revolucionario abierto en el levantamiento insurreccional de octubre de 2003, hoy amortiguado pero no clausurado, y un movimiento de masas expectante pero que viene de cinco años de formidables luchas en que la demanda de nacionalización del gas se transformó en una gran causa nacional.
Las medidas del gobierno abren una nueva situación, de confrontación con las petroleras y los gobiernos que las defienden, aviva la polarización política con la derecha y los “cívicos”, y puede generar una mayor movilización de masas que aun confiando en el MAS, tiendan a ir más allá de lo que éste quisiera. No puede descartarse una crisis mayor de cara a la futura Constituyente, como tampoco pueden excluirse nuevos retrocesos del gobierno. La única garantía para avanzar en una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, así como para derrotar a la reacción, es la decidida intervención de la clase obrera y las masas campesinas, originarias y populares, junto con la activa solidaridad regional e internacional.

La Paz, 3 de mayo de 2006

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Las claves del decreto 28701

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