Myriam Bregman, que presentó el único dictamen de minoría en el tratamiento de los proyectos de reforma judicial y de seguridad enviados por el Poder Ejecutivo, puntualizó hoy en su informe en la Cámara de Diputados que “modificar los llamados procesos de flagrancia no tiene otro objetivo que aumentar los mecanismos de control social sobre los trabajadores y el pueblo pobre, y, más particularmente, sobre los que ejercen su derecho a la protesta y salen a las calles a reclamar por sus demandas. Buscan blindar el ajuste aumentando la represión. En lugar de atender a estos reclamos urgentes, el Ejecutivo propone procesos ’sumarísimos’, veloces, para juzgar y ’deshacerse’ de esos casos. Además, se les da una enorme facultad a las Policías para extorsionar, armar causas, plantar pruebas, y se legalizan las detenciones arbitrarias. Nadie puede pensar que los grandes criminales de este país, ni los corruptos ni los que tienen cuentas offshore, van a ir a la cárcel con estos procedimientos, porque estos proyectos vienen a reforzar la idea de la justicia por portación de cara, de capucha o de gorrita”.

Bregman también se refirió en detalle al proyecto importado de los Estados Unidos por Patricia Bullrich, denominado “herramientas para combatir el crimen organizado”, proyecto que “legaliza la infiltración y el espionaje y brinda un enorme paraguas de impunidad para los agentes de las fuerzas de seguridad que participan del delito. En realidad se trata de facultades y herramientas para fortalecer a una de las patas en que indefectiblemente se basa el crimen organizado: las fuerzas de seguridad. Ahora los gendarmes caranchos o el infiltrado en la protesta de Lear serán legales y tendrán un enorme amparo de impunidad para infiltrar a las organizaciones sociales y políticas que les parezca”.

Por último, Bregman denunció la agenda que Cambiemos está imponiendo al Congreso, donde “parece que acá solo se puede discutir una agenda que favorece a los dueños del país y a los buitres, ajuste y migajas para las clases populares y un fortalecimiento del aparato represivo, mientras que cuando sale una ley que puede ser un punto de lucha para los trabajadores contra los despidos, por ejemplo, el presidente la veta sin más”.

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