El miércoles 11 se realizó, a pedido del Poder Ejecutivo, una audiencia de conciliación en la Suprema Corte de Justicia provincial en el marco de acciones de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario de las PASO planteadas por el frente UCR-PRO y por el PTS-FIT.

Los recursos judiciales se plantearon contra un decreto que modificaba la ley provincial de las PASO, habilitando la contratación de publicidad privada en TV, radio, gráfica y vía pública y suspendiendo todo tipo de financiamiento estatal para las campañas.

El ministro hizo la propuesta, en forma de proyecto de ley, de que se vuelva a prohibir la publicidad privada en TV y radio, pero que se mantenga la libre contratación de cartelería pública y medios gráficos. Asimismo el Estado se hará cargo de la impresión de boletas y destinará a los medios audiovisuales el 6% de la publicidad oficial, repartiéndolo en partes iguales entre las PASO y las generales. Los espacios en TV y radio contratados serán distribuidos un 50% entre todas las fuerzas de forma igualitaria y un 50% según los votos obtenidos en la última elección a senadores provinciales. Sin mucha discusión, la UCR, sus aliados del PD, PRO, LDS y PS sellaron el acuerdo para votarlo en la Legislatura.

Nicolás Del Caño, referente del FIT mendocino, denunció que “este acuerdo busca ratificar vía legislativa una verdadera burla. Por un lado se destina apenas el 6% de la publicidad oficial a “garantizar” los espacios en TV y radio para las agrupaciones. En concreto significa que cada agrupación podrá emitir entre 5 y 10 spots por día entre todas las emisoras de la provincia, ni siquiera una vez por día en cada medio. Y al dar vía libre a la contratación de cartelería pública, que está monopolizada por grupos económicos, plantea una elección desigual ya que las millonarias recaudaciones de los partidos tradicionales aportadas por los empresarios estarán destinadas a dichos espacios.”