Decenas de abogados, personalidades políticas y de organismos de derechos humanos, junto a los trabajadores de la empresa Lear, denunciaremos penalmente al Secretario General del SMATA Ricardo Pignanelli y a miembros de la Lista Verde por coaccionar a los trabajadores para que firmen la revocación de los mandatos de los delegados, bajo amenaza de despedirlos. Junto a Myriam Bregman, dirigente del PTS y el CeProDH, promovemos esta denuncia para fortalecer la lucha de los trabajadores contra esta escandalosa maniobra de la burocracia. Si vamos a la justicia no es porque confiamos en ella sino porque usamos todo resquicio del régimen para debilitar a nuestros enemigos y fortalecer a los luchadores. Incluso usamos figuras del reaccionario Código Penal, como hacemos con los genocidas, contra los burócratas agentes de la patronal y el Estado.

Sobran pruebas del accionar delictivo de Pignanelli y su patota. No sólo los colectivos que llevaron a los trabajadores con un rumbo distinto al acordado (siendo el medio obligado puesto por la empresa para ingresar a la planta debido a los bloqueos de los trabajadores despedidos en los portones), también los múltiples testimonios de quienes sufren a la Verde y la empresa, y sobre todo la contundente grabación clandestina obtenida por uno de los trabajadores que, en señal de resistencia, atinó a registrar el apriete de Pignanelli en el sindicato, quien al proclamar que se trataba de una ‘asamblea sin debate’ terminó autoinculpándose, confesando que todo era un mero artilugio para obligar a los obreros a firmar (puertas adentro y rodeados por la patota) las ‘planillas’ de revocación de mandato de los delegados. El artículo 149 bis del Código Penal establece penas de hasta cuatro años para quién “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. Eso es lo que deberá investigar la Justicia a raíz de nuestra denuncia.

 Pignanelli y compañía no informaron que se realizaría la asamblea ni siquiera a los delegados, a quienes quiso ‘revocar el mandato’ violando todo derecho de defensa. El artículo 42 de la Ley de Asociaciones Sindicales establece que en las asambleas donde se pretenda revocar el mandato a los delegados, estos deben tener “la posibilidad cierta de ejercitar su defensa”.

En la impugnación a la asamblea que este martes presentó en el Ministerio de Trabajo, la Comisión Interna denuncia que los 200 despedidos no pudieron estar en la asamblea porque no hubo publicación alguna de convocatoria, violándose el artículo 13 del decreto 467/88 que establece el plazo de cinco días de antelación para realizar estas convocatorias. Siendo que de acuerdo al artículo 6 de dicho decreto establece que “Los trabajadores que quedaren desocupados podrán conservar su afiliación hasta una vez transcurrido seis meses desde Ia ruptura de la relación laboral”. Sólo el 50% de los trabajadores de la planta participaron de la asamblea, por lo que tampoco se alcanzó la mayoría de los dos tercios necesarios (según el art. 42 de la Ley 23.551 y articulo 18 inciso f- del Estatuto del Sindicato) para revocar el mandato de los delegados.

Pignanelli no ha respetado uno sólo de los pasos legales para convocar a una asamblea de este tipo, ni siquiera ha imputado a los delegados en alguna ‘causa’ de las establecidas en el Estatuto para revocar el mandato, sólo alegó que la empresa amenaza con irse del país si continúan los delegados.

Al finalizar la exitosa jornada nacional de lucha, la Comisión Interna se dirigió al Ministerio de Trabajo y como tal fue recibida por funcionarios de la cartera laboral, una vez más reclamó por la reincorporación de todos los despedidos y su reconocimiento como los legítimos representantes de todos los trabajadores de Lear.