Cinco trabajadores de ATE de Río Gallegos están presos, acusados del incendio de un edificio público, el 19 de octubre de 2013, durante una movilización en el marco de las paritarias. Ellos se autodefinen como presos políticos, detenidos en medio de una pelea entre Cristina y Peralta y una interna gremial entre la Verde de Micheli y la Azul de Yasky, quienes no hicieron nada por defenderlos. En este marco el juez Quelín (que encarceló a los petroleros de Las Heras) reflota una causa de 2010 en la que hay 49 procesados de ATE.

Es la provincia de los Kirchner, donde se condenó a perpetua a trabajadores por un crimen que no cometieron. Compartimos los testimonios de Patricia Benítez, quien cumple prisión domiciliaria, y de Norma Garrigue, madre de Ernesto Apendino, otro de los encarcelados.

Patricia Benítez: “Si la presidenta va a encarcelar a todo el que se manifieste, que se ocupe primero de las cárceles, porque vamos a ser muchos los que vamos a salir”

“En este momento estoy con prisión domiciliaria. Soy una víctima, un perejil, de una interna gremial intensa entre ANUSATE y la Lista Azul, que en su momento la ganó Raúl Gómez con toda su Comisión Directiva. A su vez había una interna feroz entre la presidencia y el gobierno provincial. En ese momento estábamos próximos a las PASO, el viernes anterior se produce el incendio del edificio de Función Pública. Al momento de mi detención, cuatro días después del incendio, yo era paritaria sectorial de Salud (soy enfermera universitaria). Me acusan de originar el incendio junto a Luis ‘El Pollo’ Díaz, que es el Secretario Adjunto de ATE, pertenece a la cuenca carbonífera y hoy está excarcelado. Marco esta diferencia con el compañero Díaz porque dentro del gremio existen afiliados ‘de primera’ y ‘de segunda’.
Díaz tiene la firma para retirar del banco la parte monetaria para el manejo del gremio, que era interesante sacarlo al momento en que desean intervenir desde Nación con una ‘comisión normalizadora’, supuestamente, provocando la renuncia de los compañeros que estaban de la Lista Azul, a fin de que se declare una acefalía, hubo compañeras presionadas, y hasta certifican todo esto ante escribano. Hoy eso está en la Justicia a ver si es válida la intervención.

Esa comisión normalizadora negocia su ingreso con el Gobernador. Parte de ese negociado es quedarse con el gremio a cambio de no presionar a favor de los trabajadores en el marco de las necesidades que tenemos por el alto costo de la canasta en la Patagonia. Esa comisión normalizadora está conformada, principalmente, por gente de ANUSATE, con el señor Castillo a cargo. Castillo es de la cuenca carbonífera; él es quien rescata al ‘Pollo’ Díaz, negociando en el juzgado a cargo de la doctora López Lestón su excarcelación a cambio de autoinculparse de haber colaborado en el incendio de Función Pública. Una vez excarcelado Díaz firma para retirar los fondos del banco y se ve que pagan su excarcelación. Aclaro que todos los detenidos tenemos una inhibición de nuestros inmuebles de entre $280 y $300 mil pesos cada uno, por lo del edificio y también por daños, perjuicios y lesiones leves, en concurso real, hacia dos personas del móvil policial que se había trasladado en ese momento y fue apedreado. Evidentemente si ese móvil pasó en el momento del incendio, se trató de una zona liberada. A su vez a la hora que se produce el incendio del frente del edificio, el personal directivo del Colegio Británico que está en frente llama a los bomberos y reciben la respuesta de que no tenían orden de actuar en el incendio. De hecho cuando llegan los bomberos no actúan y ni siquiera se acercan al lugar estando la calzada abierta.

El móvil policial fue agredido en represalia a la pedrada que desde adentro del edificio realizó la propia policía y a la represión de la infantería que nos pegó a todos los que estábamos afuera movilizando, hasta hubo tiros y gases lacrimógenos.

Estoy detenida desde el 22 de octubre. Algunos compañeros están detenidos desde unos días antes, incluso se han presentado voluntariamente, como Ernesto Apendino.
En mi caso allanan mi casa con todo un circo mediático en la puerta. Fue aberrante, estaba con mis hijos y a ellos también se los llevan detenidos. Todo por ser trabajadora paritaria, por pertenecer a un gremio. Uno de mis hijos, de 24 años, ocho meses después me comenta que cuando lo detuvieron recibió apremios ilegales. Nos dictaron la prisión preventiva con una celeridad impresionante, en 72 horas. Me inhibieron los bienes por $300 mil, que ningún trabajador puede pagar con sueldos de $3.800 a $4.500 de básico. En el caso de Díaz sí, porque se lo termina pagando la comisión normalizadora del gremio.

Hay otros dos detenidos que quedan afuera de prisión simplemente porque no son afiliados a ATE. Eso habla de la persecución gremial y política que padecemos.
Yo denuncio públicamente a la jueza López Lestón por su saña particular hacia mí, porque me niega las excarcelaciones constantemente. Yo tengo 47 años y hace cinco que tengo una cirugía de columna con dos plaquetas y tres clavos, una cirugía de vesícula y además tengo cuatro cesáreas. Las condiciones donde me alojan, en la seccional tercera, no cumple los requisitos básicos del Siglo XXI, ni siquiera del XIX. Hay una constante violencia hacia las mujeres y hacia los derechos humanos.
Cuando me detienen un médico policial certifica las condiciones en la que estaba, me revisa, yo expongo mi situación y presento los certificados y mi historia clínica. Yo tengo una medicación crónica de analgesia, declaro que en la comisaría hay colchones de no más de 7 cms de alto. Los calabozos estaban sin luz. Por cinco meses me negaron la medicación. Y las mujeres ni siquiera teníamos derecho a salir al patio. No vimos la luz del sol durante cinco meses. Sólo logramos salir al patio después de mandar notas a Derechos Humanos. Y en el patio me pusieron gomas, bidones aplastados y maderitas como para hacer fuego, en obvia alusión al incendio de Función Pública.

Pero nunca nos lograron callar. De hecho ahora estoy obligada a denunciar la situación de las mujeres que están presas, algunas condenadas y otras con preventiva, de hacinamiento y sin condiciones mínimas. Esas condiciones de hacinamiento me complican la salud y me niegan constantemente la excarcelación y hasta la prisión domiciliaria. Terminó saliéndome una hernia umbilical por estas condiciones de detención, y recién después de operarme de esa hernia me dan la prisión domiciliaria. Eso habla de una saña personal de la jueza para con nosotros. Ella misma en su fundamentación dice que soy peligrosa pero es tan contradictoria que termina dándome la domiciliaria sin ningún tipo de custodia.

Por eso corro con una “ventaja” en relación con mis compañeros, ya que estoy en mi domicilio.

Tuve comunicación con dos de los otros detenidos, con Vera y Arteaga. En todos los casos las condiciones son iguales, el hacinamiento se repite.

Yo le digo a la señora Presidenta que si va a ser parte de su política encarcelar a cada trabajador que se manifieste en la vía pública, que se ocupe primero de las cárceles. Porque vamos a ser muchos los trabajadores que vamos a salir, porque cada vez la situación está peor.

Para mí ha sido más digno sentarme en una mesa con gente condenada que asume su cargo que estar sentada en una mesa paritaria putrefacta.
Soy una presa política. El hecho de ser partidaria me pone de par a par con el gobierno. Yo no he aflojado en las cuatro o cinco paritarias en que me he sentado y hemos conseguido mucho. Evidentemente molestaba.”

Norma Garrigue: “Son presos políticos porque son el resultado de una interna política y gremial feroz”

“Ernesto está implicado en una causa por el incendio del edificio de Función Pública. Todo en el marco de una protesta social donde hacía varios meses se estaba participando de reuniones paritarias, con varias dilaciones y ninguneos por parte del gobierno hacia los trabajadores que reclamaban un aumento de sueldo. Hablamos de los trabajadores de la Ley 591 del empleado público provincial. En medio de una de esas reuniones hubo una feroz represión, que desencadenó una movilización muy grande por parte de las organizaciones gremiales y políticas y un rechazo social que hizo renunciar al Jefe de la Policía, que ya había estado implicado en otras represiones. Tras esa represión se llama a paritarias y ahí es cuando se da el incendio del edificio público, que terminó con la detención de siete compañeros. Hoy continúan detenidos Patricia Benítez (con arresto domiciliario por estar operada), Juan José Vera, Alberto Arteaga, Diego Reyes (que está en una comisaría y recibió apremios ilegales por parte de la infantería) y mi hijo Ernesto Apenino.

Ese día ellos estaban en la calle haciendo el aguante a los paritarios que estaban adentro del edificio de Función Pública. ¿Cómo los pudieron identificar (como autores del incendio, NdR)? Ahora tienen cargos densos, como daño agravado, concurso real, es decir todo el Código Penal encima. Sobre Patricia Benítez y otros dos compañeros, Pichiñanco y el ‘Pollo’ Díaz (que se autoinculpó y junto a Pichiñanco están en libertad) pesa a su vez un proceso con otra tipificación.

A mi hijo cuando lo detuvieron lo llevaron a una oficina de Criminalística y allí personas encapuchadas le exigían que se autoinculpara. Nunca pudo identificar a las personas que lo interrogaron.

Esa protesta social se da en el marco de las elecciones nacionales, donde el gobierno provincial estaba enfrentado al nacional. Además había una interna gremial. Como siempre pasa en estas internas el resultado es que los trabajadores pagan las culpas, como pasó en Las Heras en 2006.

La Justicia de Santa Cruz tiene la particularidad de que está desempolvando causas antiguas, como la de 2010 donde hay 49 procesados de ATE de la zona norte y hace dos semanas los citaron a declarar. Después seguramente seguirán con los docentes, por un conflicto de 2011. Hay un juez, el doctor Quelín, que es quien impulsa estas causas. Su impronta es condenar y encarcelar trabajadores.

Los hechos del incendio fueron el viernes 18 de octubre. El sábado 19 comenzaron a hacer llamadas a mi casa exigiéndome que les dé dirección y número de teléfono de mi hijo porque lo estaba citando la jueza López Lestón. Mi hijo decide presentarse voluntariamente, previo encuentro en el gremio con el señor Gómez, entonces Secretario General, quien le dice que vaya nomás a presentarse que iba a ir el abogado. Todavía estamos esperando al abogado; y que el señor Gómez se haga cargo de la responsabilidad que tiene como dirigente sindical.

Hace tres semanas la jueza López Lestón, después de que los detenidos aparecieron en los medios denunciando que son presos políticos, retrucó diciendo que son presos comunes. Todos los familiares consideramos que son presos políticos porque son el resultado de una interna política y gremial feroz.

Mi hijo era paritario, pertenecía a una comisión sectorial que es parte del convenio colectivo de trabajo que tiene esta provincia. Por eso lo considero un preso político.”

Esta es la “década ganada” en Santa Cruz, con los detenidos de ATE en Río Gallegos, los condenados y presos de Las Heras, y la impunidad que se mantiene a diez años del incendio de la mina de Río Turbio que terminó con la vida de 14 mineros, tragedia de la que son responsables el kirchneismo y su empresario amigo Taselli pero nunca fueron siquiera imputados.

Entrevistó: Ernesto Zippo