El Gobierno parece estar sufriendo en estos días un cautiverio impuesto por el discurso que le permitió engordar con expectativas sociales su magra cosecha inaugural de votos: aquel que machacó con la idea de reponer el sentido de justicia, de perseguir la corrupción y de abolir la impunidad.
De ninguno de esos postulados podrá arrepentirse ni amagar un retroceso sin sufrir daño, aunque, con objetividad, lo coloquen ante una demanda ilimitada de una Nación y una comunidad que arrastran demasiados años de frustraciones.
Fue el titular de la AMIA, Abraham Kaul, quien le corrió el velo al dilema cuando aseguró que el Gobierno "tiene ahora la responsabilidad mayor" en el esclarecimiento de aquella tragedia ocurrida hace ya una década.
La afirmación puede tener un carácter desproporcionado –Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, se lo señaló ayer al dirigente de la comunidad judía– pero refleja el escenario político sobre el cual ha quedado parado el poder después del fallo del Tribunal Oral que absolvió a los únicos inculpados y que desparramó desazón.
Ciertos paralelismos ensayados, que no guardan relación, ayudan poco. Se insiste, por caso, en que la voluntad de Néstor Kirchner ha sido el motor para la chance de rever la represión ilegal durante la dictadura, que había sido juzgada, condenada y perdonada en distintas instancias de la democracia. Pero existe en ese punto una historia reconstruida con fidelidad, actores que estuvieron y aún están y un volumen de pruebas irrefutables que allanaría el camino a cualquier nueva intervención de la Justicia.
La antítesis, con precisión, de lo que concluyó la semana anterior el Tribunal Oral. Allí se denunció una investigación preparada con la única intención de culpar a un racimo de acusados para encontrarle un escape político al Gobierno de turno.
El Gobierno puede enfrentarse, por este tema, a obstáculos que podrían multiplicarse. Uno de ellos es la ansiedad social que hoy tendrá su legítima expresión callejera, pero que podría causar apuros y desatar respuestas no debidamente tamizadas por el poder.
Está además la situación en que se encuentra la comunidad judía en la Argentina frente a la tragedia y la impunidad: abundan las colisiones sobre las culpas del pasado y las responsabilidades que se podrían cargar ahora en la gestión de Kirchner.
Menos sencillas serían todavía las fuentes a las cuales se podría acudir para intentar desentrañar la historia. Dirigentes judíos hacen hincapié, en ese aspecto, en el papel que podría desempeñar la SIDE. No debe haber un organismo en el país más oscuro y enigmático que ése: subsiste una estructura enferma de anacronismo que, en variedad de ocasiones, dio pruebas de su ineficacia para ayudar en cuestiones internas e, incluso, de política exterior. Sólo cambió la cabeza del cuerpo, que responde políticamente al Presidente.
Tampoco el Gobierno permaneció en estos quince meses cruzado de brazos frente al problema. El testimonio de los testigos encubiertos de la SIDE, a los que se le eliminó dicha condición, sirvió en parte para abonar el fallo del Tribunal Oral. Se franquearon también casi 1.500 carpetas vinculadas con la tragedia que se ocultaban en el organismo.
Pero luego de la absolución y del clima espeso que este generó, la necesidad de respuestas públicas aumentaron. A su arribo a la Casa Rosada, Kirchner imaginó la creación de una comisión de notables que vuelva a revisar, de punta a punta, los hilos de este episodio. La cuestión había empezado a ser conversada por Alberto Fernández y el secretario general, Oscar Parrilli, con miembros de las entidades judías.
La cuestión es espinosa porque apuntaría a identificar responsabilidades políticas por el atentado que, remotamente, podrían hallar algún cauce judicial. Se enfrentaría el riesgo de politizar aún más una causa que parece saturada de politización doméstica e internacional.
La propuesta ha sido reflotada en las últimas horas, aunque sin excesiva convicción. El Gobierno sabe que debe dar una señal. Pero no sabe, todavía, cuál.