La decisión está tomada: el borrador del proyecto de Presupuesto Nacional 2005, que hacia el fin de semana se le entregará a Roberto Lavagna, incluirá un artículo que mantendrá los superpoderes del jefe de Gabinete para cambiar el destino de cualquiera de las partidas de gastos contenidas en la ley. Si es cierto que esa fue una instrucción que bajó desde la Casa Rosada a Economía, el ministro la convalidará y desde luego otro tanto hará el Gobierno.
El artículo 13 del Presupuesto Nacional 2004 se hizo famoso entre los legisladores y los especialistas, justamente porque incluía los superpoderes. Entre octubre y noviembre del año pasado, la cerrada resistencia del radicalismo y de otros bloques de la oposición en Diputados estuvo a punto de dar por tierra con el artículo. Más aún, cuando el proyecto llegó al recinto había desaparecido. Un llamado personal del presidente de la Nación al jefe del bloque peronista, José María Díaz Bancalari, reprimenda incluida, obligó a reponerlo. Y así, con ese punto adentro, salió la ley. 
"Facúltase al jefe de Gabinete a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total (del gasto) aprobado por la ley, sin sujeción al artículo 37 de la ley 24.156", dice por todo concepto el artículo 13. Y precisamente dos palabritas –"sin sujeción"– fueron las que armaron todo el batifondo el año pasado. Reaparecerán ahora.
El artículo 37 de la ley 24.156, de Administración Financiera, es el que deja reservadas exclusivamente al Congreso de la Nación las facultades para alterar el destino de las partidas presupuestarias o para transformar gastos de capital (inversiones) en gastos corrientes (salarios, jubilaciones, fondos para el Plan Jefas y Jefes u otros por el estilo). Sin esta potestad, lo que apruebe el Congreso pierde buena parte de sentido, aun cuando el límite a las atribuciones del jefe de Gabinete sea el de no poder aumentar el gasto total.
Según un trabajo del economista Jorge Presman, durante el primer semestre de este año el jefe de Gabinete hizo uso de esas amplias atribuciones no menos de quince veces: entre ellas, una para financiar gastos de las líneas aéreas del Estado y dos para acercar fondos a la intervención en Santiago del Estero. Pero la más notable fue el cambio de destino de 755 millones de pesos que el Tesoro había asignado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y que fueron a solventar parte del costo de la crisis energética.
Esa decisión no resintió drásticamente los recursos que se aplicaron a jubilaciones, porque los fondos de la ANSeS se habían acrecentado por los aumentos salariales. Pero Presman advierte que sin el artículo 13, la reasignación de 755 millones debió haber sido aprobada por el Parlamento: el monto en juego y el destino de la plata, las jubilaciones, dan por sí solos una idea del zafarrancho que se habría armado en el Congreso si hubiera existido la posibilidad de debatir el tema.
Con estos precedentes, este año se repetirán las encarnizadas discusiones de 2003. Y los legisladores oficialistas volverán a verse enfrentados al trance de convalidar, nuevamente, una significativa delegación de facultades propias en el Poder Ejecutivo.
Los superpoderes son hermanos de los decretos de necesidad y urgencia que el actual Gobierno ha usado más que el de Menem y el de De la Rúa.
Ambos son instrumentos de muy dudosa legalidad que marginan al Congreso Nacional y, desde luego, vulneran la tan mentada y democrática independencia de los tres poderes del Estado: al fin y al cabo, el Ejecutivo debería ser sólo uno de ellos.