Los coletazos de la marcha Blumberg siguen impactando sobre el espectro político argentino, y en particular sobre el bonaerense. Cada vez con menos pruritos, los involucrados dan a conocer su versión del reclamo.
El ministro de Seguridad, León Arslanián, eligió no mostrarse públicamente junto a Blumberg, cuando éste concurrió a la Casa de la Provincia para reunirse con Felipe Solá y su equipo. Pero al día siguiente, el impulsor de la reforma policial y responsable de las tres purgas en la fuerza, dijo sentirse “impotente” frente a un interlocutor que desoía cualquier explicación.
Ayer, Arslanián descuidó las formas y fue más lejos. Acusó a Blumberg de intentar desestabilizar su gestión, comparándolo con el ex gobernador Carlos Ruckauf, reconocido por impulsar la política de mano dura en la Provincia.
“Antes me truncó el programa Ruckauf y ahora está Blumberg y, mientras tanto, la Provincia no puede llevar adelante un programa de mediano plazo porque aparece alguien que ejerce autoridad política, como Ruckauf, o con autoridad social, como Blumberg, que me pone palos en la rueda”.
La polémica cobre las implicancias políticas de la última marcha cobró fuerza con la afirmación de que “los derechos humanos son para los delincuentes”. Blumberg acusó a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de no haberlo asistido cuando su hijo fue secuestrado. 
Pero mientras el gobernador Solá eligió la mesura, Arslanián encontró el espacio para dar a conocer su versión sobre la oposición “ideológica” a su gestión: “Blumberg ataca a toda la gente que considera de izquierda o con un pensamiento distinto”. Y fue más allá cuando señaló que el empresario “no perdona mi actuación en el juicio a las juntas militares y la posición política que he seguido toda mi vida. Este es su verdadero problema”.
El enojo del ministro se hizo público cuando se conocieron los términos del último petitorio que presentó Blumberg. El gobierno de Solá respondió que la gran mayoría de los reclamos habían comenzado a aplicarse, con diferentes medidas, desde que Arslanián asumió al frente de Seguridad.
Y aunque en conferencia de prensa prometió la colaboración de la Fundación Axel con la gestión del Gobierno provincial, durante el fin de semana los cruces siguieron y el espacio para el diálogo se tornó borroso. Tanto, que el ministro de Seguridad llegó a acusar a Blumberg de manejar información sobre secuestros no denunciados que nunca entregó, “no nos dio nada”.

“Gravedad extraordinaria”

Ricardo López Murphy pidió que se investiguen las declaraciones de León Arslanián, porque tienen “una gravedad extraordinaria”. El ministro bonaerense señaló que Juan Carlos Blumberg evitaba hacer críticas a la Casa Rosada porque contaría con financiamiento para su fundación y custodia especial. El líder de Recrear consideró que esas declaraciones incluyen “una acusación al presidente Kirchner, que estaría financiando acciones para desestabilizar a Solá”.

Nación diseña nuevas políticas para Seguridad

El Gobierno nacional profundiza su política de silencio frente a la cruzada de Juan Carlos Blumberg. Pero en paralelo intentará mostrar un nuevo programa de acción en la lucha contra la inseguridad. 
En la Casa Rosada aseguraron que no se trata de un plan “sino de políticas públicas”. El nuevo proyecto contemplará una aceitada comunicación entre los diferentes estratos del Gobierno, a través de la coordinación con los gobiernos provinciales y las intendencias del conurbano.
Con esa herramienta, el gobierno de Néstor Kirchner se alejará del programa de seguridad que diseñó Gustavo Beliz cuando era ministro de Justicia y Seguridad. La nueva estrategia tendrá como objetivo mostrar a corto plazo una “política nacional” que coordine la información judicial y policial de todos los distritos, y en la que cooperen las fuerzas de seguridad y de inteligencia. 
El Plan Estratégico de Seguridad que diseñó Beliz, había sido presentado dos semanas después de la primera movilización que organizó el padre de Axel Blumberg para cuestionar las acciones que hasta entonces se aplicaban en la lucha contra los secuestros. 
Primero fue el alejamiento de Beliz del ministerio de Justicia y luego el cambio de órbita en el manejo de las fuerzas de Seguridad. Aníbal Fernández, uno de los hombres de confianza del Presidente y con diálogo habitual con gobernadores y jefes comunales, recibió en la cartera del Interior la conducción del accionar de Seguridad. 
Desde allí, en los últimos días Fernández comenzó a aceitar el diálogo con los mandatarios provinciales para realizar un primer balance de las carencias en cada distrito. Con ese análisis comenzó el diseño de las herramientas para avanzar en los mecanismos de colaboración que prevé la Nación. 
Además de los gobernadores, el ministro del Interior decidió establecer vínculos directos con los distritos del conurbano bonaerense. Porque en esa zona es donde se concentra la mayor cantidad de población y los puntos más conflictivos en materia delictiva. 
El eje central de la nueva política oficial será la creación de una base de datos con información sobre delitos, para evitar la migración de delincuentes dentro del territorio como sucedió con Cristian “el Hígado” Muñoz, que era buscado por el secuestro de Nicolás Garnil, en San Isidro, pero pudo pasar sin problemas por un juzgado de Córdoba gracias a un documento falso.