Piquete y cacerola, la lucha es una sola", entonaban juntos, el 28 de enero de 2002, desocupados pobrísimos y ahorristas acorralados de clase media en un desayuno conjunto en Liniers. En aquellos días de furia, cada marcha piquetera sobre la Plaza de Mayo o el Congreso era recibida con una aclamación de cacerolas, y el entonces ministro de Seguridad nacional Juan José Alvarez, patentó una frase que daba cuenta de la tolerancia a la protesta: "La injusticia social no se resuelve con balas de goma". Desde entonces, muchas cosas cambiaron.
Según dos encuestas consultadas por Clarín, desde aquel infernal verano del 2002 el apoyo público a los piqueteros se desbarrancó del 54 al 11 por ciento, el gobierno de Kirchner atravesó su primera crisis política seria por el reclamo social de una mayor intervención policial frente a los cortes y las organizaciones piqueteras se debaten entre las peleas internas y la búsqueda de una quimera: mantener sus reclamos históricos sin aumentar el malhumor de la clase media ni ceder en su construcción política de base. Pero esta es otra novela.
Desde la caída de Fernando de la Rúa, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde y aun tras la asunción de Néstor Kirchner, los piqueteros vienen ocupando espacios impensados: fueron vislumbrados casi como la única oposición al Gobierno (desplazaron a los partidos de la discusión política), son los portavoces de las demandas sociales que tradicionalmente gritaban los sindicalistas, y concentran gran parte de la ayuda y acción social en los barrios humildes, que siempre fueron monopolizadas por los punteros, la Iglesia y las organizaciones civiles. Semejante inflación, conjugada con el cambio de humor social que produjo el repunte económico, convirtió las fricciones en choques, y las críticas a la inacción oficial en las calles, en reclamos enojados.
Sólo en las últimas semanas, el gobierno de George Bush hizo saber su inquietud por las tomas de edificios, la Iglesia rechazó la ocupación de la comisaría 24ª; el ministro de Economía, Roberto Lavagna, pidió "activar el poder de las leyes" frente a los desbordes; el mandamás de la CGT, Hugo Moyano, dijo que el reclamo piquetero "prácticamente se vuelve ilegítimo", y el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, exigió "terminar con la confusión entre el derecho a peticionar y el delito de extorsionar".
Desde la irrupción de los cortes de rutas como método de protesta, en abril de 1997, y la creación de los Planes Trabajar, que en el ocaso menemista y el delarruismo llegaron a repartir 200 pesos por mes a 50.000 familias, los desocupados fueron organizándose detrás de líderes sociales que comenzaron gestionando la entrega de bolsones de comida y con los años se convirtieron en referentes de distintas estructuras políticas, algunas de las cuales abrigan proyectos de poder.
Aunque a veces se perciba como un colectivo indiferenciado, el movimiento piquetero contiene visiones diferentes y hasta opuestas (ver infografía), que responden al variado menú de intereses políticos que ya comenzaron a emerger, por debajo de la coincidencia de representar los reclamos de los desocupados. Entre las más opositoras está la voz de Néstor Pitrola, del Polo Obrero: "Nos atacan los que coinciden con las líneas centrales del Gobierno: pago de la deuda, acuerdos con las privatizadas, derrumbe salarial. Pero nosotros no somos el problema, sino la solución". La solución en la que piensa el dirigente implica la conversión del sector piquetero que él encabeza en un movimiento político que compita en las elecciones del año que viene, con el que espera tener más adhesión de la que hasta ahora logró despertar el Partido Obrero en los últimos comicios.
Para lograrlo, Pitrola decidió alejarse de las apariciones mediáticas de Raúl Castells, un "piantavotos" de la clase media baja, que la jugada del Polo Obrero, en cambio, intenta atraer. "No nos vamos a encerrar en un gueto piquetero", aclaró. Esa movida lo puede alejar de otros sectores opositores con los que hasta ahora comulgaba. Por ejemplo habrá que ver dónde se pararán ahora los radicalizados dirigentes del Movimiento Teresa Vive y el Movimiento Territorial de Liberación, cercano al Partido Comunista: a ninguno le gustan las alianzas ni las concesiones.
El jefe del Movimiento Teresa Rodríguez, Roberto Martino, es otro de los "duros" que tomó distancia del mediático Castells y sus imprevisibles apariciones públicas, que en la misma semana pueden llevarlo de reclamar comida en un casino chaqueño a celebrar risueño su propia ridiculización en el programa de Marcelo Tinelli. "Castells bastardeó el corte de calles", se queja Martino. "Los piqueteros perdimos consenso, es cierto, pero a favor de nuestros reclamos juega el hecho de que este año la brecha entre ricos y pobres creció y el desempleo es del 20 por ciento". El paso del tiempo y el creciente descontento social con los piqueteros que cortan calles obligaron a este viejo dirigente político —con un lejano paso por el Ejército Revolucionario del Pueblo— a establecer contactos políticos con Elisa Carrió, Luis Zamora, Mario Cafiero y el Partido Socialista, mientras conserva su perfil de "opositor social" con una denuncia de fondo: "Acá hay derechos constitucionales básicos que no se cumplen —a la educación, al trabajo, a la salud— y quienes lo hacen nos dicen a los piqueteros que tenemos que respetar las leyes. Nosotros ya planteamos esto ante la Corte Suprema".
Los piqueteros asoman ante la mirada general en cada corte de calles, pero vale la pena espiar otros datos: del 1,7 millón de planes Jefas y Jefes que admite repartir la Secretaría de Trabajo, apenas unos 200.000 están administrados por los siete grupos piqueteros más grandes, que para alzarse con ellos tuvieron que organizar a sus huestes en cooperativas productivas. Lo que quizá suene novedoso es que en ellas, con más o menos entusiasmo, se trabaja: la Federación Tierra y Vivienda de Luis D"Elía, bendecida por el Presidente, está construyendo 1.200 viviendas y llevando agua potable a 800.000 vecinos de La Matanza junto a las cooperativas que conduce otro piquetero "semiblando", como Juan Carlos Alderete (CCC); Barrios de Pie transformó 280 comedores comunitarios en mil Centros Integrales de Participación en los que se puede terminar la escuela, aprender periodismo o discutir política, y hasta el chúcaro Castells —listo para abandonar los cortes si, como dicen las encuestas, comienzan a causarle más perjuicios que ganancias políticas— tiene una decena de proyectos aprobados en el Ministerio de Desarrollo Social, tan dispares como la organización de una funeraria o una fábrica de veredas.
El trámite y seguimiento de estos proyectos, a cargo del ministerio comandado por Alicia Kirchner, representa el canal más profundo de los varios en que se despliega la relación del Gobierno con los piqueteros. Con cada nueva cooperativa los sectores más combativos pierden clientes para sus protestas, mientras crece un árbol que el Presidente no quiere descuidar: el esqueleto, todavía débil, de una red de inserción social entre los sectores más pobres paralela al PJ.
El nombramiento hace dos meses de Jorge Ceballos, líder de Barrios de Pie, como director nacional de Acción Comunitaria, talló en ese sentido. "Nosotros apoyamos a este gobierno... al Presidente". ¿Al Gobierno o al Presidente? "Al Presidente. La pobreza no se soluciona con asistencialismo sino con darles a los humildes la decisión sobre las medidas que hacen a una sociedad más justa", opina el funcionario. Y aclara: "Los recursos de esta oficina tienen que servir para generar una organización."
Alderete, líder de los desocupados de la CCC, es otro que, sin tener muy claro qué decir, se alejó de los micrófonos. Sus posiciones cercanas al Gobierno son resistidas en sus propias filas por el sector más intransigente que responde a Carlos "Perro" Santillán, que a su vez son matizadas por el coordinador nacional del movimiento, Amancay Ardura. "Nosotros empezamos con los cortes de rutas en 1997, nos creíamos muy valientes por cortar un acceso con 100 personas mientras miles de trabajadores tenían que caminar montones de cuadras por culpa nuestra. Pero aprendimos", dice Alderete.
Para mantener la armonía interna en la CCC, que promete "no usar al movimiento para proyectar a nuestros dirigentes como candidatos, como hacen otros", se acordó una estrategia de coyuntu ra: apoyar al Gobierno por su política de derechos humanos y criticarlo por su manejo de la deuda externa. Por ahora les resulta.
La paciente tarea de seducción del Gobierno, el fin de la recesión y el fabuloso desgaste de las protestas callejeras entre aquellos empleados y comerciantes cuyo apoyo buscaban profundizaron las viejas divisiones entre los distintos sectores y abrieron nuevas grietas entre los que apoyan al Gobierno y quienes lo critican; los que aceptan los cortes de calles y los que abjuraron de ellos; los que comenzaron a blanquear sus intenciones electorales y los que conservan su identidad como pura expresión social. Mientras se aclara el panorama, los dirigentes piqueteros siguen siendo intermediarios entre lo que da el Estado y lo que recibe el pobre, que no siempre coincide: aunque casi todas lo niegan, las organizaciones cobran una "cuota social voluntaria" a sus adherentes, que en el caso de algunos beneficiarios de planes sociales se "descuenta" de los 150 pesos que cobra. Otro problema que se terminaría con un empleo formal y un salario digno.